Las tres entidades a cargo del sistema energético expusieron visiones divergentes del potencial impacto presupuestario derivado del dictamen del Tribunal Supremo que retiró la inmunidad que cobijaba a LUMA Energy ante reclamaciones de “negligencia ordinaria”, una determinación judicial que pudiera exponer al consorcio a pagos de indemnizaciones asociados a daños de equipos eléctricos.