Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Pedro Irene Maymí, fue uno de los líderes sindicales que se opusieron al proyecto de la administración de Ricardo Rosselló.
El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Pedro Irene Maymí, fue uno de los líderes sindicales que se opusieron al proyecto de la administración de Ricardo Rosselló. (Vanessa Serra Díaz)

Crear escalas de salario distintas para empleados unionados, de confianza y no unionados, bajar la jornada regular diaria para evitar cesantías, reducir la licencia de vacaciones y la de enfermedad del servidor público de nuevo ingreso, convertir un empleado del gobierno en uno de la empresa privada, descensos y traslados de empleados entre la misma agencia, entre agencias y  en municipios son algunas de las cosas que permitiría el concepto de “empleador único”.

Igualmente, el proyecto crearía nuevos entes gubernamentales (Oficina Central de Asesoramiento Laboral de Administración de Recursos Humanos) que asumen el rol de la  Oficina de Asesoramiento Laboral de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), que sería transformada bajo la denominada “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno”.

Ayer, el proyecto radicado por el Ejecutivo  fue discutido por primera vez en la Cámara baja. La medida no les aplica a empleados de las ramas Legislativa y Judicial, a la Universidad de Puerto Rico, a la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina del Gobernador y la Oficina de Ética Gubernamental. 

Al menos dos sindicatos manifestaron su objeción a la medida y solicitaron que, de aprobarse, se le hagan enmiendas sustantivas. Otros dos sindicatos, la Federación de Trabajadores de Puerto Rico y la Federación Central de Trabajadores –mediante sus portavoces José Rodríguez Báez y Andrés Lloret, respectivamente– llegaron  hasta las vistas para rechazar que fueron citados, como se informó, y dejaron clara su oposición. 

“El proyecto pone en riesgo la estabilidad propia del trabajo con esos conceptos de movilidad”, dijo Báez. 

De inmediato, el presidente de la Comisión cameral de Asuntos Laborales, Ángel Peña Ramírez, adelantó que el proyecto sufrirá enmiendas. “Este proyecto es un gran reto”, dijo al tiempo que admitió que la Legislatura debe velar para que el proyecto no se preste para los despidos constructivos. Estas son las renuncias que se producen porque al empleado se le imponen  condiciones que hacen prácticamente imposible o insostenible que continúe en el empleo.

“Aunque urge (aprobar la medida,) no lo vamos a trabajar con prisa. Vamos a escuchar todos los sectores. Hay varias recomendaciones que se nos han hecho que son muy válidas”, dijo.

La primera ponencia estuvo a cargo del presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Pedro Irene Maymí, quien objetó el proyecto y propuso enmiendas.  Aseguró que entienden la crisis fiscal por la que atraviesa Puerto Rico, pero “los trabajadores no somos los responsables. Ya hemos aportado bastante, principalmente con la implantación de la Ley 66”.

El proyecto que da paso al “empleador único” es piedra angular de la reestructuración gubernamental que sepropone encaminar la administración del gobernador Ricardo Rosselló. Va de la mano con la reforma laboral para empleados de la empresa privada, que discute  la Legislatura.

 Maymí destacó que el proyecto del “empleador único”  no define claramente el concepto de movilidad y reduce las licencias por vacaciones y enfermedad de los empleados públicos “de nuevo ingreso”.

“No se incluye la antigüedad al momento de considerar la movilidad de empleados. ¿Quién será el primer empleado al que se le aplicará la movilidad, el último que llegó o el más antiguo? No se establece garantía alguna sobre el salario y otros beneficios que pueda tener un empleado objeto de la movilidad”, señaló.

Por su parte, Luis Pedraza Leduc, portavoz de la Coordinara Sindical, cuestionó qué sucederá con el servidor público cuya agencia sea eliminada o  privatizada por virtud de una alianza público privada (APP). “¿Le aplicamos el proyecto de la flexibilidad laboral y los 20 años que llevaba como empleado público, cuando paso a la APP desaparecen y entro como empleado nuevo? Esta ley va  en el menoscabo de los derechos adquiridos”, señaló.

Argumentó además que la medida es contraria a la Ley 45, que permite la sindicalización de los empleados públicos. “Esto por la intención de hacer un solo proceso de negociación”, dijo.

Hoy continúan las vistas, indicó Peña.