Al salir de su hogar a las 12:45 p.m. del miércoles, Anamarys Jiménez Rivera vio a cuatro personas uniformadas, que aparentaban ser de agencias federales, frente a la casa de sus vecinos, en Río Piedras, zona en la que residen muchos inmigrantes. Al escuchar que querían romper la ventana para irrumpir en la residencia, comenzó a gritarles desde un megáfono para denunciar que “algo estaba mal”.

“Cuando me estoy despidiendo de una visita, veo que oficiales se bajan de su vehículo sin mediar palabra, empiezan a rodear la casa y no dicen absolutamente nada. Solamente se paran al lado de una de las puertas de cristal y metal con una linterna. Empezaron a dar cantazos en la puerta y comenzaron a decir: ‘podemos romper aquí y entrar’. Ahí, fue que agarré el megáfono”, narró este jueves Jiménez Rivera, en entrevista telefónica.

La mujer gritó con el megáfono: “No salgan de su casa; es un procedimiento ilegal”. A los uniformados, les requirió una orden del tribunal, firmada por un juez, con el nombre correcto de la persona que presuntamente sería intervenida.

“Es lo que procede”, defendió la también observadora legal, en la entrevista.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) negó a El Nuevo Día que se tratara de agentes suyos. Desde el inicio de su segunda administración en enero, el presidente Donald Trump autorizó a oficiales de todas las agencias federales de ley y orden a colaborar en los operativos de inmigración, como parte de su política pública.

A poco más de un año residiendo en Río Piedras, esta es la primera vez que Jiménez Rivera presencia una intervención de este tipo, que fue documentada por su hijo mientras ella denunciaba el acto desde la calle.

Según el vídeo que la mujer publicó en sus redes sociales, los oficiales vestían pantalones claros (“beige”), camisas negras y chalecos antibalas. Además, se montaron en un vehículo blanco al salir del lugar.

“Ellos llegaron allí, pero, evidentemente, había algo mal y ellos simplemente se retiraron sin mediar palabra. Me parece sospechoso, a raíz de casos que ha habido aquí (en Río Piedras) de patrullas fantasmas”, señaló.

Jiménez Rivera estimó que la intervención duró menos de cuatro minutos porque, cuando interrumpió con su megáfono, los uniformados se fueron. “Si había alguien adentro, ellos no hablaron. Ellos no mediaron. Ellos simplemente iban con la intención clara de romper la puerta”, añadió.

“Desconozco si había alguien adentro (de la casa) y las razones por las que ellos llegaron a la casa. Sin embargo, mi manera de accionar e impulso fue a raíz de lo que está pasando y que el gobierno está facilitando, a modo de carpeteo, la información de los hermanos y hermanas con estado migratorio no definido”, denunció.

En medio del aumento de las redadas de ICE en las comunidades sanjuaneras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) confirmó el miércoles a El Nuevo Día que suministró la lista de conductores sin estatus migratorio definido en Puerto Rico. Aunque el DTOP alegó que no tiene un acuerdo de colaboración, ICE respondió que lleva recibiendo los datos, al menos, desde febrero.

“Me parece importante que las comunidades y las personas tomen acción ante tal injusticia. Si el gobierno emplea todas las herramientas para perjudicar a los hermanos y hermanas de otros países que vienen a este país a echar pa’lante, pues, tenemos, como comunidad y como individuos que amamos a nuestros compañeros de otra patria, que organizarnos y salir a defenderlos”, dijo Jiménez Rivera, quien es integrante de Brigada Legal Solidaria.