Quito — Los principales gremios de sindicalistas que se oponen a reformas laborales impulsadas por el gobierno se sumaron con marchas a la paralización de actividades en Ecuador, hasta ahora encabezadas por indígenas y transportistas en rechazo a un incremento de los precios de los combustibles, mientras el vicepresidente anunció la captura y eventual deportación de extranjeros en las protestas.
Los trabajadores cumplen el miércoles una marcha en Quito en medio de la cual grupos de encapuchados atacaban a efectivos policiales de quienes están separados por varios cercos de mallas metálicas, mientras que los indígenas cumplían una marcha pacífica por el centro histórico capitalino.
La situación se desarrolla cuando el gobierno del presidente Lenín Moreno enfrenta importantes presiones con manifestaciones diarias en contra de varias medidas con las que ha dicho que busca enfrentar las dificultades económicas del país.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner informó en rueda de prensa que en las manifestaciones se han apresado “a un número importante de ciudadanos extranjeros, que en sus testimonios declaran cómo están recibiendo dinero entre $40 y $50 por asistir a esa manifestación... vamos a llegar a los responsables, a muchos los tenemos identificados y otros (están) apresados”.
No dio el número total de extranjeros detenidos, ni sus nacionalidades, aunque aclaró que quien “no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos, no podrán seguir en Ecuador, los sancionaremos con todo el peso de la ley y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones”, añadió.
En tanto, la presidenta de la Cruz Roja, Victoria Albán, anunció suspendían la atención que prestaban en las protestas debido a “la falta de garantías que existe y la continua agresión de la que hemos sido objeto. Además de ello, debemos tomar en cuenta el irregular abastecimiento de sangre”, por lo cual los socorristas, ni las ambulancias del organismo saldrán a las calles, agregó.
Entre las nuevas disposiciones laborales decretadas por Moreno están la racionalización de los costos de despidos, permitir la contratación por horas o tiempo parcial y establecer salarios mínimos para jóvenes y jornaleros agrícolas, entre otros, las que han sido rechazados por los sindicalistas que aducen que es una forma de precarizar el trabajo.
El mandatario también eliminó un subsidio a los combustibles por $1,300 millones para equilibrar las finanzas públicas, con lo cual el precio de la gasolina pasó de $1.85 el galón a $2.39, y el diésel de $1.03 a $2.30.
Pese a las protestas, Moreno dijo la víspera que no ha pensado en renunciar a su cargo, que inició un diálogo con el sector indígena y que no dará marcha atrás.
“Se van a trabajar otros acuerdos, como discutir juntos cuál es el destino que se van a dar a los recursos del país”, agregó en referencia a los subsidios. También confirmó que el presidente Moreno -que laboraba en la ciudad portuaria de Guayaquil tras haber trasladado su gobierno a esa ciudad debido a las tensiones- se movería a Quito para supervisar el orden y restablecer la normalidad.
Un alto dirigente del movimiento indígena Ecuarunari, Carlos Susuzagñay, advirtió que “podemos llegar un diálogo, siempre y cuando derogue el decreto (de reformas) porque es una medida que afecta a los más pobres, no solo a los indígenas”.
En Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades se cumplen marchas de trabajadores e indígenas que con gritos y pancartas rechazan las medidas económicas del gobierno.
Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, que convoca a la huelga del miércoles, calificó las medidas del presidente como “reformas regresivas” e “ilegales”.
En declaraciones a The Associated Press, dijo que “el gobierno premia a los empresarios, a la banca, un paquete donde alza los pasajes y el pueblo está indignado y por ello las huelgas y los paros. Recién ahora buscan dialogar. Todo lo hizo sin participación de los trabajadores”.
Ecuador registra una cifra de desempleo de 4.5% y de empleo informal --como el de los vendedores callejeros-- de más del 49.6%, entre otras razones por la crisis económica fiscal que ha ralentizado las finanzas del Estado y del aparato productivo privado.
Los problemas comenzaron hace una semana luego del anuncio de las reformas por parte del gobierno. Inicialmente los transportistas dejaron sin servicio a las ciudades y sin recorridos interprovinciales, luego tomaron la posta estudiantes con protestas callejeras y finalmente se sumaron los indígenas, que bloquearon carreteras y por miles llegaron a la capital, en medio de episodios de saqueos, de violencia y de enfrentamientos con la policía.
La empresa estatal Petroecuador ha anunciado una reducción de casi un tercio de su producción de petróleo, de 560,000 barriles diarios, debido a la toma de instalaciones petrolíferas por parte de manifestantes, mientras la demanda de combustibles en el sector automotriz ha bajado un 30%, generando pérdidas diarias por $3.4 millones.
El mayor opositor de Moreno, su examigo y aliado, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), ha pedido adelantar elecciones e incluso se ha mostrado dispuesto a participar en ellas, aunque no está claro si podrá hacerlo ante la serie de juicios, principalmente por acusaciones de corrupción, que enfrenta por parte de la fiscalía.
Ante ello, Moreno decretó la semana pasada un estado de excepción nacional, que restringe derechos ciudadanos. Ese mecanismo se usa con cierta frecuencia en el país incluso como a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles.
Debido a estos problemas, el país pierde más de $220 millones diarios, están suspendidas las actividades en escuelas, colegios y universidades mientras que varios pozos petroleros petrolíferos dejaron de producir por la toma de manifestantes, lo que bajó cerca de un tercio de la producción nacional de crudo, 560,000 barriles diarios.
Las autoridades confirmaron 19 heridos de diversa magnitud y 676 detenidos durante las protestas que causaron desabastecimiento de alimentos en mercados de algunas ciudades.
