Los cardenales católicos reconocieron el miércoles que aún está por decirse la última palabra sobre el juicio del Vaticano donde se condenó al cardenal Giovanni Angelo Becciu por delitos financieros, en el último giro de un drama que ha dominado las conversaciones previas al cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco.

Becciu, de 76 años, es el otrora poderoso cardenal italiano que, el martes, retiró formalmente su participación en el cónclave, tras días de incertidumbre sobre su estatus.

El tribunal penal del Vaticano condenó a Becciu en 2023 por malversación y otros cargos relacionados con finanzas al final del llamado “juicio del siglo”.

Pero las condenas están siendo apeladas y persisten preguntas sobre la integridad del juicio, a lo que el Colegio de Cardenales pareció referirse el miércoles en un comunicado. Al igual que en Italia, las condenas en el tribunal penal del Vaticano no se consideran definitivas hasta que se agoten todas las apelaciones.

En su comunicado del miércoles, el colegio agradeció a Becciu por retirarse y por “contribuir a la comunión y serenidad del cónclave”.

“La Congregación de Cardenales expresa su agradecimiento por el gesto que ha hecho y espera que los órganos competentes de justicia puedan determinar definitivamente los hechos”, indicaron en un comunicado los cardenales que se reúnen en discusiones previas al cónclave.

En 2020, Francisco obligó a Becciu a renunciar como jefe de la oficina de canonización del Vaticano, así como a los derechos del cardenalato, tras enterarse de las acusaciones de mala conducta financiera en contra del prelado.

Becciu negó haber cometido alguna falta, pero dijo en ese momento que no podría votar en un futuro cónclave. Después de la muerte de Francisco, ocurrida el 21 de abril, Becciu reclamó su derecho a participar. Pero se retractó el martes después de que se le presentaran cartas que el pontífice escribió antes de su muerte donde se le indica que no podía participar.

Durante el juicio, los abogados defensores descubrieron que Francisco había emitido en secreto cuatro decretos durante la investigación para beneficiar a los fiscales, permitiéndoles realizar intercepciones y detener a sospechosos sin una orden judicial. Los abogados defensores argumentaron que tal interferencia por parte de un monarca absoluto en un sistema legal donde el papa ejerce el supremo poder legislativo, ejecutivo y judicial violaba los derechos fundamentales de sus clientes y les privaba de un juicio justo.

También durante el juicio, se reveló que el principal testigo de la fiscalía contra Becciu fue instruido, amenazado y manipulado por personas externas para persuadirlo de que se volviera contra el cardenal.

El tribunal rechazó las objeciones de la defensa en ese momento y el juicio continuó. Pero en las últimas semanas han surgido aún más pruebas de la manipulación externa del testigo y la aparente colusión con los fiscales y gendarmes del Vaticano para señalar a Becciu. El periódico Domani ha publicado chats de WhatsApp previamente censurados y un audio que sugiere que los gendarmes y fiscales del Vaticano participaron indirectamente en instruir al testigo, monseñor Alberto Perlasca, para que se volviera contra Becciu.

El prelado respondió a los informes con indignación, diciendo que prueban que su enjuiciamiento fue manipulado desde el principio.

“Desde el primer momento hablé de una maquinación en mi contra: una investigación construida sobre falsedades, que hace cinco años devastó injustamente mi vida y me expuso a un escarnio de proporciones mundiales”, dijo en un comunicado el 14 de abril, cuando se publicaron los primeros chats.

Se prevé que apelación inicie en septiembre.