La Iglesia católica española asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos en su seno, según un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal.

El acuerdo, firmado este jueves, contempla una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas cuando ya no sea posible judicialmente.

El nuevo mecanismo prevé que la víctima inicie el proceso en una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso al Defensor del Pueblo.

Esta institución presentará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) según lo que solicite la víctima.

La misma se trasladará a una comisión asesora de la Iglesia, prevista en el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.

En caso contrario, si no hubiera conformidad, se convocará una comisión mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la discrepancia, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo decidir la resolución definitiva, que deberá cumplir la Iglesia en un plazo determinado.

En síntesis, el acuerdo consiste en un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia.

Según fuentes de la CEE, el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, tal y como solicitaba la Iglesia.

Añaden que el Ejecutivo ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la renta.

Inciden los obispos en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes, y apuntan que es una vía “temporal” con una duración de un año (prorrogable uno más) para aquellas causas sin recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario. Según Justicia, se trata de un acuerdo “histórico”.

Firmaron el acuerdo el ministro Justicia, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, después de que la Iglesia aceptara la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales.