El Tribunal Supremo español (TS) decidió este lunes dictar una nueva orden europea de detención y entrega del expresidente catalán independentista Carles Puigdemont, huido a Bélgica y declarado en rebeldía en España.

El juez Pablo Llarena decidió cursar la petición después de que el TS condenara este lunes por sedición a nueve líderes soberanistas catalanes, que tendrán que cumplir penas de entre 9 y 13 años de prisión por el proceso independentista ilegal de 2017.

Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que el magistrado, que instruyó la causa del proceso independentista ilegal, ha activado el mecanismo para solicitar de nuevo la entrega a España del exgobernante catalán huido, a quien un tribunal regional de Alemania ya rechazó extraditar por el delito de rebelión, que no ha sido contemplado por el Supremo

Llarena retiró una euroorden anterior cuando un tribunal territorial de Alemania accedió a entregarlo en julio de 2018 para ser juzgado en España, pero solo por malversación de caudales públicos, y no por rebelión, como pedía el juez.

Puigdemont, que vive en la ciudad belga de Waterloo, y otros seis independentistas catalanes permanecen en el extranjero para evitar la acción judicial española, y sobre todos ellos pesa una orden de detención en España.

El primer intento de lograr una extradición europea exprés lo inició la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en noviembre de 2017, pero quedó anulado un mes después, según informa el diario El País.

Al hacerse cargo el Supremo de todo el procés, Llarena decidió anular la orden emitida por la anterior instructora del caso. Ya entonces existía el temor de que Bélgica rechazase la entrega por este tipo penal, lo que habría obligado a España a juzgar solo por malversación. El ordenamiento penal belga incluye la rebelión, pero dentro de los delitos contra el orden público y con una horquilla de penas que van de un mes a dos años, si lo comete una sola persona, a entre cinco y 10 años si concurren varias personas y lo hacen armadas.

Tras ese primer intento de 2017, unos meses después (a finales de marzo de 2018) el Supremo emitió una segunda euroorden contra el expresident. El procedimiento se reactivó apenas unos días antes de que Puigdemont recalara en Alemania cuando viajaba desde Finlandia y transitaba en coche desde Dinamarca. La justicia española consideró apropiado tratar de frenar al exmandatario catalán en Alemania, un país que cuenta con un tipo similar al de rebelión —el de alta traición— en su ordenamiento penal, con la esperanza de que sirviera para extraditar al exmandatario por todos los delitos de los que se le acusaba. El mazazo propinado por los jueces del Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein, que solo reconocieron la malversación, cegó esa vía, según informa El País.