El periodismo en América Latina y el Caribe atraviesa una de las etapas más críticas e inciertas de su historia contemporánea. Lejos de ser una crisis unidimensional, la prensa se encuentra atrapada en una convergencia de amenazas.

Como sintetiza Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), “la industria periodística a nivel global atraviesa una tormenta perfecta. Desde hace 25 años corre una carrera de vallas para desarrollar nuevos ingresos, ingresos que provienen del ámbito digital, que compensen o intenten reducir la brecha con la caída de ingresos tradicionales”.

“Pero los primeros suben lentamente por una escalera y los segundos bajan rápidamente en un ascensor. Con la irrupción de la inteligencia artificial, los ingresos digitales también caen. Y a esto se suma la expansión de un discurso extraordinariamente agresivo que intenta deslegitimar al periodismo”, añadió Dessein.

Esta cruda radiografía es respaldada y cuantificada por cuatro de los estudios más prestigiosos a nivel global sobre la industria: el Digital News Report 2026 del Instituto Reuters; el informe sobre el Estado del Desarrollo de los Medios 2025 de la DW Akademie; el reciente y alarmante Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025, elaborado por la Red Voces del Sur (Red VDS); y la información recientemente actualizada a través del Índice de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El Instituto Reuters advierte que la industria atraviesa una nueva fase de “plataformización” del consumo informativo: por primera vez las redes sociales y plataformas de video (54%) superan a los sitios y aplicaciones de noticias (51%) como principal puerta de acceso a la información.

El diagnóstico de RSF para 2026 es el más sombrío desde su creación. El informe afirma textualmente que “por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación ‘difícil’ o ‘muy grave’. En los 25 años de historia del ranking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja”.

Esta realidad global se complementa con las cifras lapidarias del Informe Sombra, que confirman que el deterioro regional no se detiene, sino que se transforma: en 2025 se documentaron 2,484 alertas que afectaron a 3,230 víctimas en 17 países de la región.

En todo el continente, la libertad de prensa enfrenta un retroceso estructural donde los gobiernos de turno han dejado de ser garantes para convertirse en victimarios. El Informe Sombra lo confirma con un dato inapelable: uno de cada dos agresores identificados en la región (50.5%) fue estatal.

El deterioro no se limita a los ataques verbales. También se expresa mediante obstáculos crecientes para acceder a información pública, litigios intimidatorios, intentos de endurecer leyes de difamación y normativas ambiguas vinculadas con desinformación, ciberseguridad o contenidos digitales. La organización documentó 279 alertas relacionadas con restricciones al acceso a la información y 190 vinculadas con hostigamiento judicial.

En sintonía con esto, RSF 2026 subraya que “a nivel regional, las Américas experimentan un cambio significativo a peor, con el descenso de siete puestos de Estados Unidos, y el desplome de varios países latinoamericanos, sumidos en una espiral de violencia y represión”.

Dessein alerta sobre la magnitud de este clima. “La intolerancia y los ataques de prensa se repiten en regímenes y países muy diversos, desde dictaduras como Cuba y Nicaragua, a presidencias con características ideológicas muy distintas, surgidas de elecciones libres, como El Salvador o Colombia. En muchos casos aparece una conexión entre la hostilidad de los gobiernos y el uso de un aparato comunicacional digital que promueve la difamación y ataques coordinados contra todo aquel que se atreva a formular alguna discrepancia o a analizar críticamente la gestión de los diversos gobiernos”.

En Colombia, el ambiente de polarización impulsado desde el poder se ha vuelto insostenible. Red VDS documentó el desplazamiento forzado de 22 periodistas debido a la asfixia del entorno y la estigmatización.

Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), expone la gravedad de esta crisis.

“El deterioro en todos los indicadores de libertad de prensa en Colombia es verdaderamente lamentable y uno de los más significativos en la región en los últimos años. La situación se desprende, principalmente, de la muy articulada implementación de una narrativa oficial liderada por el actual presidente, para denigrar el oficio periodístico de los medios privados que supervisan y denuncian, señalándolos de servir a intereses particulares de los ricos y no al cambio social propuesto por su modelo político”, resaltó Zitzmann.

El periodista también advierte sobre una realidad que llega hasta la violencia extrema.

“La estigmatización y los ataques permanentes han sido muy efectivos, han generado no solamente un ideario de rechazo al periodismo y a los medios, sino violencia hacia ellos, lo cual usufructúan muy especialmente los grupos criminales en las zonas rurales del país, y que ahora, en una coyuntura política electoral, resulta de inmensa utilidad para servir al discurso del candidato en la línea de sucesión”, subrayó.

“Tristemente, hoy es la izquierda, pero por el lado de la extrema derecha, las prácticas son muy similares. Desde la Asociación Colombiana de Medios de Información hemos venido documentando y visibilizando esta situación, para llamar sobre todo la atención de la comunidad internacional, sobre la importancia de atajar oportunamente este fenómeno, cuyos alcances y consecuencias son bien ya conocidas en otros países. La CIDH y la SIP han recogido estos llamados y se han pronunciado. Sin embargo, la realidad sigue inalterada y resulta inmensamente preocupante”, añadió Zitzmann.

En Perú, la situación es igualmente dramática. El país se desplomó 53 puestos en el ranking de RSF desde 2022, y el Informe Sombra señala que las coberturas sobre minería ilegal y corrupción elevaron en un 83% el número de periodistas víctimas.

Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, ofrece un testimonio literal contundente.

“Aquí hay constantes intentos legislativos para aumentar la pena en cárcel por difamación, un promedio de dos al año. El año pasado hubo 458 ataques a periodistas contabilizados. Fueron cuatro asesinatos. Una gran parte de los ataques proviene del Estado o sus funcionarios. Es más, todo el aparato del Estado ojeriza y está contra el ejercicio libre del periodismo, desde la presidencia hasta gobiernos locales, pasando por el Congreso, la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y demás”, denunció Salazar Zimmermann.

En Uruguay, el panorama de los medios de comunicación es un poco especial en el contexto regional. “Padece los mismos problemas económicos que está afectando al resto de los medios del mundo, agravados por la escala de un país de apenas tres millones y medio de habitantes. Y donde hay un monopolio estatal de las principales empresas de servicios públicos, que afecta la competencia y por ello la necesidad de invertir en publicidad de muchas de ellas”, dice Martín Aguirre, director del diario El País y vicepresidente regional para Uruguay de la SIP.

El ejecutivo sostiene que “existe un clima general de tolerancia y buen diálogo en el plano político, que es el mismo que se ha tenido siempre con distintos gobiernos, por más que el ranking de Reporteros Sin Fronteras haya registrado un derrumbe en el gobierno anterior, que nunca tuvo ningún vínculo con la realidad en el terreno. Algo que cuestiona seriamente la credibilidad de esta institución y sus mediciones”.

Por otro lado, Aguirre dice que “el mayor acoso a los medios hoy viene de parte de las redes y plataformas que apelan a estrategias y herramientas muy sofisticadas, para mantener a la atención de las audiencias lejos de los temas relevantes de la vida en común, y polarizando sus puntos de vista a niveles de extremismo sin precedentes en muchas décadas”.

Por su parte, Argentina y El Salvador han institucionalizado el hostigamiento estatal y el “discurso estigmatizante”. El informe RSF 2026 es lapidario en su evaluación sobre ambos países.

“Los fervientes defensores de Donald Trump en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele, reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación y, como era de esperar, siguen la misma línea en el ranking. Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo, debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, confirmando el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa”, señaló el informe.

A nivel legal y judicial, el diagnóstico de RSF 2026 marca una regresión planetaria.

“De los cinco indicadores analizados en la clasificación, el legal es el que más ha bajado este año... La criminalización del periodismo mediante la vulneración del derecho de prensa y el uso indebido de leyes de excepción o de derecho común se afianza como un fenómeno mundial”. En la región, el Informe Sombra sumó 190 alertas orientadas a intimidar a reporteros mediante demandas civiles o penales abusivas, con México, Argentina, Colombia y Brasil liderando esta práctica represiva.

La violencia letal en 2025 se cobró la vida de 23 periodistas en América Latina, nueve más que en 2024, lo que equivale a un periodista asesinado cada 16 días. En el Índice 2026, México (122) se consolida de manera trágica como el país más peligroso para la prensa del orbe, “por encima de Ucrania y Siria”.

RSF describe textualmente cómo este derramamiento de sangre hunde a otras naciones. “Allí donde el crimen organizado mata, la clasificación de los países cae en picado. Es el caso de Ecuador (125), que pierde 31 puestos tras los asesinatos de Darwin Baque y Patricio Aguilar”. A nivel regional se registraron 296 agresiones físicas, a menudo con uso desproporcionado de la fuerza estatal.

En países bajo regímenes cerrados o dictaduras consolidadas, la asfixia mutó a un control total y devastador. RSF 2026 sentencia la situación de estos territorios. “Venezuela (159) sigue sumida en una gran incertidumbre en cuanto a las garantías de la libertad de información [...] Mientras que Cuba (160) atraviesa una profunda crisis que obliga a los escasos periodistas independientes a operar cada vez más en la clandestinidad, en Nicaragua (168) el panorama mediático está sencillamente en ruinas, víctima de una represión sistemática y un deterioro permanente de las condiciones de ejercicio de la profesión”.

Según otro indicador, el Índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), México continúa siendo uno de los países más peligrosos de América para ejercer el periodismo, con nueve periodistas asesinados por el crimen organizado durante el último año y mecanismos de protección que siguen mostrando serias falencias.

Sin embargo, el problema no se limita a la violencia física, ampliamente documentada desde hace años. El informe advierte también sobre la persistente impunidad frente a los ataques contra la prensa, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los comunicadores y un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años: el uso de demandas judiciales por parte de funcionarios y dirigentes políticos para intimidar o silenciar a periodistas críticos.

Entre las estrategias más recientes aparece la invocación de presuntos casos de violencia de género contra comunicadores que publican investigaciones sobre mujeres con cargos políticos. México obtuvo apenas 34.9 puntos sobre 100, su peor desempeño desde la creación del índice en 2020, y cayó cinco posiciones en el ranking regional.

La SIP también alertó sobre mayores restricciones al acceso a la información pública, decisiones judiciales que afectan a medios de comunicación y un clima de creciente estigmatización de la prensa, factores que ubican al país entre los países de “alta restricción” para la libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo.

Aunque República Dominicana encabezó el Índice en 2023 y 2026, Miguel Franjul, director de Listín Diario y vicepresidente regional para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advierte que el ejercicio del periodismo independiente no está exento de amenazas. Como ejemplos menciona la Ley 1-24, que creó el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y fue posteriormente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, así como un proyecto oficialista de ciberseguridad retirado en 2022 tras el rechazo de amplios sectores sociales por contener disposiciones consideradas lesivas para la libertad de expresión.

Franjul también señala que persisten problemas estructurales vinculados al acceso a la información pública. Según afirma, numerosos organismos estatales incumplen o dilatan la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, en un contexto de creciente hermetismo gubernamental. A ello suma la preocupación expresada por la Sociedad Dominicana de Diarios por el uso de medios y plataformas digitales para prácticas de extorsión, chantaje e intimidación contra periodistas profesionales.

Esta radiografía continental encuentra en Centroamérica uno de sus focos más críticos. Giselle Boza S., coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica -que publica anualmente un informe regional en alianza con la Fundación Böll de Alemania-, describe este deterioro como un fenómeno de fronteras porosas.

“En los últimos años, hemos visto cómo Centroamérica muestra un deterioro constante en las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa. Los periodistas señalan diversas formas de presión y restricción, entre ellas la persecución estatal, la criminalización, la estigmatización pública, la violencia digital y otros mecanismos indirectos de censura. Por ejemplo, en el caso costarricense, el uso de la pauta de publicidad estatal para premiar o castigar a medios de comunicación”, detalla.

Al analizar el modus operandi de las agresiones, Boza S. advierte el rol de los nuevos actores digitales. “Si bien hay matices distintos en cada uno de los países que analizamos, cada vez se acercan más a dinámicas comunes, en donde los actores político-institucionales siguen siendo la principal fuente de esos ataques (...). El espacio público digital se caracteriza además por las campañas de desprestigio contra periodistas en toda la región. Esos ataques son producidos deliberadamente en un ecosistema mediático caracterizado por una variedad de seudomedios, espacios oficiales, influencers o cuentas anónimas que deslegitiman el papel de la prensa en una democracia”.

Frente a este asedio multiforme, la salida suele ser trágica. “El exilio de periodistas se ha convertido también en un fenómeno regional en aumento. Nicaragua sigue siendo el país con la situación más extrema, pero El Salvador y Guatemala se muestran también como naciones con desplazamiento forzado. Hoy la violencia se caracteriza por formas más complejas: las restricciones legales y el hostigamiento directo en El Salvador, una mayor persecución judicial en Guatemala, o el uso del aparato del Estado para presionar a medios en Costa Rica son algunas de las características de este deterioro”, concluye la experta.

A la par de la hostilidad política, la prensa de la región padece una crisis financiera estructural. En mediciones previas y actuales, una inmensa mayoría de los países americanos sufren caídas de su indicador económico, empujando a redacciones raquíticas a doblegar su independencia editorial. La presión económica coincide con una transformación profunda de los hábitos de consumo. Según el Digital News Report 2026, las plataformas sociales y de video ya son la vía dominante de acceso a las noticias a nivel global, mientras que los sitios y aplicaciones propios de los medios continúan perdiendo centralidad. Esta migración complica aún más los esfuerzos de monetización directa y aumenta la dependencia de intermediarios tecnológicos para alcanzar audiencias.

El fenómeno también afecta el vínculo entre los ciudadanos y la información. Reuters detectó que el interés intenso por las noticias cayó 13 puntos porcentuales desde 2021 y que uno de cada cuatro usuarios ya consume información de manera ocasional o pasiva, un cambio que reduce el tamaño potencial de las audiencias más comprometidas.

José Tomás Santa María -presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP)- advirtió que, aunque Chile mantiene una posición relativamente favorable en materia de libertad de expresión dentro de la región, las democracias enfrentan presiones crecientes derivadas de la violencia contra periodistas, el control de medios y el deterioro en el acceso a información de calidad. Señaló además que persisten desafíos vinculados a la protección efectiva de los periodistas, al secreto profesional y a la necesidad de resguardar la independencia editorial frente a presiones políticas y judiciales.

El presidente de la ANP sostuvo que el principal reto para el periodismo en la región es la sustentabilidad económica de los medios, ya que “sin medios viables no hay periodismo independiente, y sin periodismo independiente no hay democracia que funcione”.

En ese marco, identificó como una amenaza estructural el uso de contenidos periodísticos por parte de plataformas y empresas de inteligencia artificial sin autorización ni compensación, así como la reproducción ilegal de contenidos por servicios de clipping. También rechazó que el Estado asuma el rol de definir qué constituye desinformación, al considerar que ello representa un riesgo para la libertad de expresión, y defendió una respuesta basada en la autorregulación, la verificación de hechos y el fortalecimiento del periodismo profesional.

En esta fragilidad, los medios de interés público pasaron a depender fuertemente de los fondos de la cooperación internacional. Sin embargo, la DW Akademie advirtió severas deficiencias: ninguno de los principios de la OCDE para un apoyo eficaz se cumple plenamente en la región. Los fondos internacionales son a corto plazo, rígidos, y excluyen los altísimos costos operativos centrales (salarios e infraestructura tecnológica) imprescindibles para sobrevivir. Los medios denuncian un “paracaidismo” burocrático que ignora realidades locales e indígenas, situación agravada en 2025 por crisis sorpresivas como la cancelación de programas de Meta y fondos de USAID.