Seúl— Una madre de 72 años ha presentado una demanda contra el gobierno de Corea del Sur y su mayor agencia de adopción, alegando fallas sistemáticas en su separación forzada de su hijo pequeño, quien fue enviado a Noruega sin su consentimiento.

Choi Young-ja buscó desesperadamente a su hijo durante casi cinco décadas antes de su emotivo reencuentro en 2023.

La demanda por daños y perjuicios de Choi, cuya historia fue parte de una investigación de The Associated Press también documentada por Frontline (PBS), llega en un momento en que Corea del Sur enfrenta una creciente presión para abordar el extenso fraude y abuso que empañó lo que se considera el programa de adopción extranjera más grande de la historia.

En un informe histórico en marzo, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Corea del Sur concluyó que el gobierno tiene la responsabilidad de facilitar un programa de adopción extranjera agresivo y poco regulado que separó descuidadamente o innecesariamente a miles de niños de sus familias durante varias generaciones.

Descubrió que los gobiernos militares del pasado del país estaban impulsados por esfuerzos para reducir los costos de bienestar y empoderaron a las agencias privadas para acelerar las adopciones, mientras hacían la vista gorda a las prácticas generalizadas que a menudo manipulaban los antecedentes y orígenes de los niños, lo que llevó a una explosión en las adopciones que alcanzó su punto máximo en las décadas de 1970 y 1980.

Los niños que tenían padres vivos, incluidos aquellos que simplemente estaban desaparecidos o secuestrados, a menudo se documentaban falsamente como huérfanos abandonados para aumentar sus posibilidades de ser adoptados en países occidentales, que han acogido a alrededor de 200,000 niños coreanos en las últimas siete décadas.

La demanda de Choi sigue a un caso similar presentado en octubre por otra mujer de 70 años, Han Tae-soon, quien también demandó al gobierno y a Holt Children’s Services por la adopción de su hija, quien fue enviada a Estados Unidos en 1976, meses después de ser secuestrada a los 4 años.

Choi dice que su hijo, quien tenía tres años en ese momento, salió corriendo de su casa en Seúl en julio de 1975 para perseguir una nube de insecticida rociada por un camión de fumigación mientras jugaba con amigos, y nunca regresó. Ella y su difunto esposo pasaron años buscándolo, recorriendo estaciones de policía en Seúl y sus alrededores, y llevando regularmente carteles con su nombre y foto a Holt, la agencia de adopción más grande de Corea del Sur. Se les dijo repetidamente que no había información.

Después de décadas de búsqueda en vano, Choi hizo un último esfuerzo al enviar su ADN a una unidad policial que ayuda a reunir a los adoptados con sus familias biológicas. En 2023, se enteró de que su hijo había sido adoptado en Noruega en diciembre de 1975, solo cinco meses después de que desapareciera, y que la adopción había sido procesada por Holt, la agencia que había visitado innumerables veces, bajo un nuevo nombre y foto.

Furiosa, Choi se enfrentó a Holt, que no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press. Desde entonces, ha trabajado con abogados para preparar una demanda contra la agencia, el gobierno de Corea del Sur y un orfanato en la ciudad de Suwon donde su hijo se quedó antes de ser trasladado a Holt. Su hijo, ahora de 52 años, quien viajó a Corea del Sur en 2023 para reunirse con ella, se ha negado a comentar sobre la historia.

La demanda civil de 550 millones de wones ($403,000) presentada recientemente ante el Tribunal de Distrito Central de Seúl alega que el gobierno no cumplió con su deber legal de identificar al hijo de Choi después de que llegara a un orfanato, a pesar de su denuncia inmediata a la policía, y de verificar su tutela mientras era procesado a través de un sistema de adopción extranjera controlado por el estado.

El orfanato y Holt no verificaron el estado del niño ni notificaron a sus padres, a pesar de que el hijo de Choi tenía la edad suficiente para hablar y mostraba signos evidentes de tener una familia. En particular, Holt falsificó registros para describirlo como un huérfano abandonado, a pesar de que Choi había visitado la agencia en busca de él mientras estaba bajo su custodia, antes del vuelo a Noruega, según Jeon Min Kyeong, uno de los abogados de Choi.

El gobierno de Corea del Sur y Holt no respondieron de inmediato a la solicitud de AP para comentar sobre el caso de Choi.

Choi y Han son los primeros padres biológicos conocidos en demandar al gobierno de Corea del Sur y a una agencia de adopción por las adopciones supuestamente ilegales de sus hijos.

En 2019, Adam Crapser se convirtió en el primer adoptado coreano en demandar al gobierno coreano y a una agencia de adopción, Holt, acusándolos de manejar mal su adopción a Estados Unidos, donde sufrió una infancia abusiva, enfrentó problemas legales y finalmente fue deportado en 2016. Pero el Tribunal Superior de Seúl en enero absolvió al gobierno y a Holt de toda responsabilidad, revocando una sentencia de un tribunal inferior que había ordenado a la agencia que pagara daños por no informar a sus padres adoptivos de la necesidad de tomar medidas adicionales para asegurar su ciudadanía estadounidense.

Los hallazgos de la comisión de la verdad, publicados en marzo, podrían posiblemente inspirar a más adoptados o padres biológicos a buscar daños y perjuicios contra el gobierno y las agencias de adopción. Sin embargo, algunos adoptados criticaron el informe cuidadosamente redactado, argumentando que debería haber reconocido con más fuerza la complicidad del gobierno y haber ofrecido recomendaciones más concretas para las reparaciones a las víctimas de la adopción ilegal.

Durante la conferencia de prensa de marzo, la presidenta de la comisión, Park Sun Young, respondió a una súplica de Yooree Kim, quien fue enviada a una pareja en Francia a los 11 años por Holt sin el consentimiento de sus padres biológicos, prometiendo fortalecer las recomendaciones. Sin embargo, la comisión no hizo un seguimiento antes de que la versión final del informe se entregara a los adoptados la semana pasada.

El plazo de investigación de la comisión expiró el lunes, después de que confirmara violaciones de los derechos humanos en solo 56 de las 367 denuncias presentadas por adoptados desde 2022. Había suspendido su investigación de adopción en abril tras disputas internas entre comisionados de tendencia progresista y conservadora sobre qué casos justificaban el reconocimiento como problemáticos.

El destino de los 311 casos restantes, ya sea diferidos o revisados incompletamente, ahora depende de si los legisladores establecerán una nueva comisión de la verdad a través de la legislación durante el próximo gobierno de Seúl, que asumirá el cargo después de la elección presidencial del 3 de junio.

El gobierno, que nunca ha reconocido la responsabilidad directa por los problemas de adopción del pasado, ha ignorado hasta ahora la recomendación de la comisión de emitir una disculpa oficial a los adoptados.