Ciudad de México - La Fiscalía General de México solicitó el miércoles al Departamento de Justicia estadounidense información sobre la posible participación del FBI en la planeación y traslado a Texas en 2024 del capo Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que se desatara una nueva controversia ante las recientes informaciones de que presuntamente la agencia intervino en la operación que llevó a su captura.

La petición se formalizó tras las duras críticas que realizó esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el manejo que le dio Estados Unidos al caso, y en particular su exembajador Ken Salazar, dejando entrever que el diplomático les habría mentido a las autoridades mexicanas sobre cómo se realizó la operación.

Ante las afirmaciones de la mandataria, Salazar ratificó el miércoles la declaración que ofreció en 2024 sobre la operación. En un mensaje de su cuenta en la red social X, declaró que el exsecretario de Justicia Merrick Garland y él le informaron al gobierno mexicano que “no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”.

“La verdad es la verdad”, añadió.

En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy anunció que la dependencia a su cargo realizó una solicitud de “asistencia jurídica internacional” a las autoridades estadounidenses para que se aclare si el FBI intervino en la captura del narcotraficante.

Godoy señaló que, de confirmarse la participación del FBI para capturar a Zambada en México y trasladarlo y encarcelarlo en otro país, se estaría ante “una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense”.

El cofundador del Cártel de Sinaloa fue arrestado en Texas el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos. En diciembre pasado, Guzmán López admitió ante una corte federal que organizó el secuestro de Zambada en México con la esperanza de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.

Zambada, de 76 años y con serios problemas de salud, se declaró culpable en una corte de Nueva York y está a la espera de sentencia. Esta semana, en una carta enviada al juez a la que tuvo acceso The Associated Press, su abogado Frank Pérez anunció que el capo detenido aceptará la cadena perpetua consecuente con sus delitos para no exponer a testigos en un juicio, y pidió ser encarcelado en instalaciones que tengan atención médica especializada.

La polémica por la detención de Zambada se reavivó la semana pasada, luego de que se dio a conocer que el FBI llevó a un museo en Nuevo México la aeronave que se empleó para trasladar al capo y a Guzmán López desde el estado mexicano de Sinaloa a Texas.

El caso ha generado nuevas fricciones entre Washington y México ante una posible violación de la soberanía por acciones de funcionarios estadounidenses en territorio mexicano. En abril pasado las relaciones se tensaron, luego de que se supo de la participación de dos agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio de droga en el estado fronterizo de Chihuahua. Los funcionarios estadounidenses murieron en un accidente de tránsito junto con dos agentes de la Fiscalía de Chihuahua.

Al sumarse a los cuestionamientos sobre el manejo que dio Washington al caso, Godoy indicó que las autoridades estadounidenses han dado “datos falsos o imprecisos”, y añadió que incluso a los funcionarios mexicanos que viajaron a Estados Unidos para inspeccionar la aeronave se les limitó el acceso a las evidencias y se les impidió tomar fotografías.

Al respecto, el fiscal de Control Competencial de la Fiscalía General, Raúl Jiménez Vázquez, detalló que, de las 11 solicitudes de datos que hizo México, solo ha recibido seis respuestas, y cinco están pendientes.

En medio de la controversia que ha rodeado el caso, David Boone de la Garza, quien dirige la fiscalía especializada de Control Regional del Ministerio Público, admitió que el piloto que tripuló la aeronave en la que fueron trasladados Zambada y Guzmán López fue deportado a México, y posteriormente fue entregado a las autoridades estadounidenses tras ser detenido por portación de armas.

Sobre la actuación de Salazar en el caso, Jiménez Vázquez afirmó que hizo una declaración “falsa de toda falsedad” al negar la participación de las autoridades estadounidenses en la captura de Zambada, y sostuvo que el exembajador vulneró el principio de la “buena fe” e incurrió en “un incumplimiento grave, delicado, del marco regulatorio al cual debió ceñirse en el desempeño de su papel como diplomático”.

Pese a los señalamientos, Godoy descartó que el Ministerio Público vaya a investigar a Salazar, aunque reconoció su posible responsabilidad, pero no abundó sobre el tema.

Por la operación que llevó a la detención de Zambada, la Fiscalía General de la República abrió siete carpetas de investigación y ha realizado 153 entrevistas, detalló Godoy, al asegurar que las averiguaciones continuarán y que el Ministerio Público insistirá para que el capo detenido en Estados Unidos sea procesado por las 32 investigaciones que tiene pendientes en México.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.