Prometieron llevarlos a una vida mejor, cruzando el mar en una yola improvisada a cambio de $2,000 por persona, pero la travesía terminó antes de comenzar: la Armada los interceptó a siete millas náuticas de Samaná, en República Dominicana.

Hoy, los dos hombres acusados de liderar la operación -que tenía como destino final la Isla de Mona, en Puerto Rico- enfrentan una sentencia de 10 años de prisión, anunciaron las autoridades dominicanas.

José Armando Domínguez y Heriberto Paredes fueron hallados culpables de movilizar a 49 personas —46 de ellas de nacionalidad haitiana— en una embarcación clandestina con destino a Puerto Rico.

Según la Procuraduría General de la República Dominicana, los acusados acordaron cobrar $1,000 por persona en la vecina isla y otros $1,000 al llegar a suelo puertorriqueño, lo que sumaría un pago total de $98,000 por la operación ilegal.

La yola, construida de manera artesanal en madera y pintada de azul, medía unos 35 pies de eslora y estaba equipada con dos motores fuera de borda marca Yamaha de 60 caballos de fuerza, revela un parte de prensa.

En su interior, las autoridades encontraron 11 galones de combustible, de los cuales nueve contenían una mezcla de gasolina con aceite, lista para el largo trayecto marítimo.

Sin embargo, la operación fue interrumpida por la Armada Dominicana en 2023, cuando los traficantes fueron sorprendidos con los migrantes ya a bordo.

El caso fue llevado ante el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Samaná, integrado por los jueces Edward José Soto Soto, Eriberto Luis Jhonson y Martha Mireya Indira Javier Cedano, quienes dictaron la sentencia y ordenaron que los acusados cumplieran la pena en la cárcel pública de Samaná.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Porfiria Calcaño, Anni Concepción y Natanael Frías, demostró en juicio que los imputados violaron los artículos 1 (literales f y h) y 2 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por promesas falsas de viajes ilegales, que no solo representan un riesgo para la vida, sino también alimentan redes delictivas que lucran con la desesperación de los más vulnerables.