El análisis de la ACLU-PR arrojó, también, “un patrón de falta de acceso a vistas públicas“ en el Capitolio. (Dennis M. Rivera-Pichardo)

Un análisis de los patrones de votación en la Asamblea Legislativa durante este cuatrienio reveló que, en promedio, la mayoría de los senadores y representantes asumió posturas contrarias a la protección o ampliación de derechos constitucionales, fundamentales y humanos.

La evaluación fue realizada por la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR, en inglés), que presentó hoy, martes, su informe y “scorecard” legislativo para que los electores ejerzan un voto educado en los comicios generales de la próxima semana.

“Sacamos un porcentaje de las posturas de los legisladores y legisladoras a base de 12 medidas de impacto constitucional. Hay un número preocupante con porcentajes bajos en sus posturas con relación a los derechos constitucionales. La mayoría tiene un 17%”, dijo Mayte Bayolo Alonso, abogada de Asuntos Legislativos de la ACLU-PR, quien compartió los resultados con El Nuevo Día.

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Ese 17% se traduce en que los senadores y representantes asumieron posturas proderechos constitucionales, fundamentales y humanos solo en dos de las 12 medidas estudiadas. Dichas medidas atendían asuntos como el aborto, transparencia y datos abiertos, cannabis, ley de armas, código civil, código electoral, libertad religiosa y discrimen contra convictos, entre otros.

Los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, obtuvieron 17%, al igual que casi toda la delegación mayoritaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ambos cuerpos. Por lo regular, las delegaciones partidistas votan en bloque.

En el Senado, los números más altos fueron para Cirilo Tirado y Aníbal José Torres, del Partido Popular Democrático (PPD); Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); y el independiente José Vargas Vidot. Los cuatro obtuvieron 92%, según el informe y “scorecard” de la ACLU-PR.

Al otro extremo, con 0% en posturas proderechos, se ubicó la senadora Nayda Venegas Brown, del PNP, quien votó en contra de nueve de las 12 medidas analizadas y en las otras tres se ausentó.

Mientras, en la Cámara de Representantes, los números más altos fueron para Jesús Santa, del PPD, y Denis Márquez, del PIP, con 92% cada uno. Le siguieron Ramón Cruz, Carlos Bianchi y Lydia Méndez, del PDD, y el independiente Manuel Natal, con 83%.

En cambio, las cifras más bajas en posturas proderechos fueron para los representantes Luis Pérez y Ángel Bulerín, con 8%, y Ángel Peña, con 9%. Los tres son de la mayoría del PNP.

“Un porcentaje alto significa que los legisladores y legisladores votaron a favor de los derechos constitucionales, que es la postura de la ACLU. Un porcentaje bajo significa que votaron en contra de los derechos constitucionales y, por lo tanto, en contra de la postura de la ACLU”, dijo Bayolo Alonso.

Para la abogada, el promedio de 17% refleja que “tenemos una crisis constitucional en la Legislatura”.

“Notamos, en términos generales, que hay un patrón de nombrar medidas para que parezcan que son favorecedoras de los derechos constitucionales, pero cuando uno se mete al texto no lo son. Ejemplo de ello es la ley de transparencia, que lo que hace es poner trabas terribles para conseguir la información”, expuso.

También, el análisis de la ACLU-PR arrojó “un patrón de falta de acceso a vistas públicas y otros mecanismos de participación ciudadana” en medidas de alto interés público.

“Vimos, igualmente, que se radicaron más de 350 medidas sobre seguridad pública y la reforma de la Policía, pero solo 20 se convirtieron en ley y, de esas, la mayoría fue sobre beneficios laborales. Ninguna fue para incentivar adiestramientos ni avalar derechos constitucionales. Lo mismo pasó con las medidas sobre libertad de expresión y de prensa. Se presentaron 36, pero solo se aprobó una y no expande dichos derechos”, indicó.

Aunque el análisis de la ACLU-PR incluye a legisladores que no irán tras la reelección este próximo martes, Bayolo Alonso pidió a la ciudadanía “estudiar los hallazgos” para que voten de forma informada sobre los que sí aparecerán en las papeletas y las posturas de las colectividades, en general.

“Sigamos educándonos para votar y estar pendientes de temas como los derechos civiles, que nos afectan a todos y todas. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos el proceso de fiscalización una vez empiece la nueva sesión legislativa en enero”, puntualizó.

La ACLU-PR publicó su informe y “scorecard” legislativo como parte de la campaña “Tu voto no se deja”, que busca proveer información para que los votantes ejerzan su derecho con conocimiento.