Con la firme convicción de que es imperativo crear una confrontación política, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) convocó a una manifestación el próximo 16 de enero frente al Tribunal Federal, el mismo día en que se realizará una vista judicial sobre la certificación de acuerdos sobre Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
Los legisladores Juan Dalmau y Denis Márquez, y el comisionado electoral alterno del PIP, Adrián González recalcaron que el acuerdo alcanzado es nefasto para los puertorriqueños.
Puntualizaron también que tiene consecuencias negativas en términos económicos y sociales porque compromete, por los próximos 40 años, al pueblo con una serie de pagos, que según avanzan los años, aumenta la cantidad.
“Además en lugar de realizar una auditoría de la deuda y reducir el valor de los bonos en 50% o más, el gobierno ha pactado un acuerdo privilegiado para los bonistas que le reduce el valor de los bonos a un mero 10%. En resumen, es un acuerdo malo y abusivo para el país. Dinero que se le paga a los bonistas es dinero que no se invierte en el bienestar social ni el desarrollo económico”, dijo Dalmau en conferencia de prensa en la sede del PIP en Puerto Nuevo.
El gobierno ha defendido el acuerdo con los bonistas de Cofina al plantear que representa un recorte de $17,000 millones sobre la deuda contraída y que significa un ahorro anual de $425 millones para el Estado. Mientras que críticos del acuerdo -refrendado por la Legislatura- sostienen que se premia a los especuladores con hasta 300% de ganancia, coloca en desventaja a los bonistas junior y compromete por los próximos 40 años al país a pagar el Impuesto de Venta y Uso (IVU).
El trío independentista no descartó que el acuerdo derive en un alza en el IVU.
“Este acuerdo no es viable para el bienestar del pueblo de Puerto Rico, hay que detenerlo. Para el bienestar de futuras generaciones, no es posible que esto sea aceptable”, señaló el senador Dalmau.
“Si coincidimos, por lo menos desde la perspectiva nuestra que el problema es político, hay que crear una confrontación política. Si las agencias de gobierno que están obligadas a cumplir los planes fiscales de la Junta, penalizando el país, incumplen eso genera una crisis política, gubernamental. Si el Departamento de Hacienda no le paga eldinero del presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), eso genera una crisis un disloque. Eso obliga a los cuerpos políticos en Estados Unidos a actuar. Son los que aprobaron Promesa y pusieron la Junta”, agregó.
Al momento, el presupuesto de la JSF es de $66 millones para este año fiscal. El dinero emana del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Los líderes independentistas dijeron que la JSF es “el síntoma” de los problemas, pero la raíz principal es el sistema colonial.
Dijeron que la protesta, pautada para las 7:00 a.m., forma parte de los esfuerzos para continuar la lucha contra la JSF y la descolonización de Puerto Rico.
“Para nosotros es determinante que en este tipo de protesta se siga insistiendo en los pasos de cómo confrontar a la Junta de Control Fiscal y los abusos del gobierno federal”, sostuvo Márquez.
Rechazaron el planteamiento de que no hay salidas para combatir la JSF que no sean las vías de los tribunales. González recordó que el PIP propuso al gobierno, sin éxito, cortar o no enviar a la JSF el presupuesto asignado y una consulta en la que el pueblo reclame “de manera contundente” la eliminación inmediata del entre a cargo de las finanzas de la isla, creada mediante la Ley Promesa.
Dalmau puntualizó que continuar presentando mociones ante el Tribunal Federal es dejar el asunto ante la jueza federal Laura Taylor Swain, “de la que nosotros no tenemos nada que decir”.
“Parte del planteamiento que se hace hoy y lo que fundamenta la protesta que se va a hacer es que esto es un tema político, por definición, atado a nuestro status político de subordinación y que tiene consecuencias no solo en términos económico sino de la vida social que sufre el país”, apuntó Dalmau.
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