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Según el documento, los jueces del Tribunal Supremo tendrán a cargo la elección del presidente de la CEE por un periodo de 4 años.

Permitir el voto por Internet a partir del 2024, cambiar la hora de votación, ampliar el voto adelantado y el voto ausente, así como la eliminación del balance electoral y de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) son algunas de las propuestas que contiene el anteproyecto de reforma electoral del Senado, copia del cual El Nuevo Día obtuvo una copia.

Según supo este medio por múltiples fuentes con conocimiento del proceso, el documento está bajo discusión en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y entre los dos partidos principales a la espera de comentarios.

El anteproyecto propone cambios en tres áreas de la CEE: estructurales y administrativos, electorales y de innovación tecnológica en los sistemas electorales. Los cambios comienzan desde este año y se extienden, de manera paulatina hasta el ciclo electoral del 2028.

En cuanto a los cambios administrativos, el anteproyecto elimina las vicepresidencias y subsecretarias de la CEE. Establece que cuando un partido no quede inscrito, de reinscribirse nuevamente tendrá derecho a lo que la media llama comisionados electorales adicionales. Esos comisionados participarán de las reuniones de la CEE solo “cuando los asuntos a discutir se relacionen específicamente con los que correspondan a las categorías de sus partidos políticos”. Recibirán una dieta mientras que los comisionados electorales tienen un alza en salario.

También tendría un alza de salario el secretario de la CEE, que sería el llamado a comenzar el proceso para que se escoja el presidente de la CEE en caso de renuncia o vacante. El secretario ejercerá por 4.5 años. Los jueces del Tribunal Supremo tendrán a cargo la elección del presidente y presidente alterno de la CEE por un periodo de 4 años. Deben hacerse cargo de la elección y notificarlo a la secretaría de la CEE.

Cero papeles

El anteproyecto crea una CEE libre de papeles. De hecho, establece que todo documento digital será considerado original. Asimismo, se protege el presupuesto de la CEE para que no se pueda alterar. Debe ser un presupuesto de base cero.

Igualmente, aumenta la discreción del presidente de la CEE para otorgar contratos y compras. Actualmente esa potestad es para contratos de $30,000. De aprobarse la medida la discreción del presidente de la CEE sube a $75,000.

La Ley del Empleador único le aplicaría a algunos empleados de la CEE. Precisa el anteproyecto que aplica a “empleados cuyas funciones no sean necesarias de manera continua”. También el proyecto prohíbe el nepotismo en la CEE.  

Respecto a los cambios estructurales y electorales en la CEE, el anteproyecto, sustituye el concepto de balance electoral por balance institucional en muchas áreas del ente electoral, que deja en manos del presidente la selección de directores en oficinas administrativas.

A votar desde las 9:00 a.m.

El horario de votación cambiaría para ser de 9:00 a.m. a 5:00 pm. Actualmente los electores ejercen su derecho al voto de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las Juntas de Inscripción Permanente se reducen por fases. El anteproyecto establece que no más tarde del 30 de junio de 2022 deben haberse consolidados estas oficinas que dan servicios a los electores. La CEE podrá establecer Juntas de Inscripción Temporeras, de ser necesario, que equivalen a las Juntas de Inscripción Permanente. Pero eventualmente las elimina.

El Voto Ausente y el Voto Adelantado ya no será solo para militares o personas que estén fuera del país por razones laborales. Ese derecho se amplía para que otros electores que sencillamente no puedan llegar a los colegios de votación o estén fuera del país por vacaciones o razones fortuitas puedan votar.

El anteproyecto crea el Voto por Internet. Es decir, el elector podrá votar usando una computadora, su celular o una tableta desde su casa. Esto se hará por fases empezando con un proyecto piloto. Debe estar listo para la elección del 2020 como proyecto piloto con el Voto Ausente y el Voto Adelantado, establece el proyecto. Igualmente, cambia la hora de operación de establecimientos de bebidas alcohólicas durante la elección general y propone que no se pueda vender alcohol de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. del día de las elecciones. La ley vigente establece la veda de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

También el anteproyecto elimina la tarjeta electoral y solo se deja para aquellos no tienen ningún tipo de identificación válida como lo es un pasaporte, real ID o la licencia de conducir. En las elecciones del 2024 se implantará el Voto por Internet para primarias nacionales y presidenciales. Para las elecciones del 2028 la CEE “determinará si el Voto por Internet será el único mecanismo disponible para votar o hasta cuando deberán combinarse los mecanismos”, indica el anteproyecto.

El anteproyecto cambia el proceso de recusación de un elector y prohíbe el acecho para recusación. Rediseña el proceso de recogido de endosos. De hecho, este es el primer proceso que debe digitalizar la CEE para este año, específicamente para el 15 de septiembre de 2019.

Con los cambios también se saca la Junta de Anuncios de la CEE y pasa a la Oficina del Contralor Electoral, algo que había avalado previamente el contralor electoral, Walter Vélez.

Se crearía un registro electrónico de electores no más tarde del 1 de julio de 2022. Los electores deben tener acceso a ese registro que debe funcionar a distancia y en tiempo real. Lo pueden manejar los electores, según indica el proyecto de ley.  

También se crea el Electronic Poll Book para la identificación y el registro de asistencia de los electores. Ambos procesos se establecerán por fases. La CEE tendrá un portal 24/7 desde donde el elector podrá manejar toda su información y transacciones electorales. El portal -indica el anteproyecto- debe estar disponible no más tarde del 31 de mayo de 2020.

La CEE, de aprobarse el anteproyecto, tendrá capacidad de poner multas administrativas. El anteproyecto también segrega partidos estatal, legislativo, municipales.

Respecto al status, el anteproyecto añade un artículo que reconoce el derecho de los ciudadanos americanos a la autodeterminación respecto al status político. También establece que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene jurisdicción sobre fondos asignados a la CEE para que Puerto Rico ejerza “su derecho para determinar su status político futuro”.


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