Dávila Rivera no adelantó ningún detalle respecto a cuál sería su determinación. (GFR Media)

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, tendrá que determinar si la Ley Electoral y el Reglamento vigente otorgan a los partidos políticos la discreción de requerir o no a sus aspirantes la prueba de sustancias controladas como parte de los documentos necesarios para someter una candidatura.

Yo resolveré mediante resolución”, afirmó Dávila Rivera en declaraciones a El Nuevo Día, aunque no adelantó ningún detalle respecto a cuál sería su determinación.

La controversia surgió luego de que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) cuestionara el asunto durante una reunión de la Comisión la pasada semana y sostuviera que no requerirá la prueba a sus candidatos.

Según supo este diario, los comisionados del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) estuvieron en desacuerdo con los planteamientos, mientras el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) apoyó la determinación. Dado que no hubo un acuerdo entre las partes, la última palabra queda en manos del presidente de la CEE.

“El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) tomó la decisión institucional de no requerirle la prueba de sustancias controladas, al amparo del Artículo 8.001 (de la Ley Electoral), a sus aspirantes a candidaturas en la elección general de 2020”, informó el Movimiento por escrito al presidente de la CEE, en una carta firmada por su presidenta Ana Irma Rivera Lassén.

“En su lugar, si la persona resulta electa, deberá someterse a una prueba de detección de sustancias controladas según sea requerido en los trámites antes de juramentar el puesto por el que haya sido electa o electo”, explica el documento en manos de este diario.

Dicha colectividad sostiene que el Artículo 8.001 de la Ley y la Sección 3.14 del Reglamento para los Procesos de Radicación de Candidaturas de los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y para los Procesos con Antelación a Primarias y Elecciones Generales, fundamentan que el MVC tiene la discreción de requerir o no, y a quien, la prueba de detección de sustancias controladas a sus aspirantes.

El MVC argumenta que, históricamente, está evidenciado que la CEE –por ejemplo– aceptó la decisión del Partido del Pueblo Trabajador de no requerirle las pruebas de sustancias controladas a sus aspirantes para las elecciones generales de 2012 y 2016.

Como institución, el MVC también reconoció respecto a sus requisitos que un resultado positivo en sustancias controladas derivadas del cannabis “no deberá afectar a las personas que tengan una certificación de uso de cannabis medicinal y así lo evidencien”.

Para el comisionado electoral del PNP, Juan Guzmán, la Ley Electoral faculta a los partidos para que determinen a qué tipo de pruebas de dopaje deberán someterse sus aspirantes, “pero sí es un requisito que se someta a alguna prueba de detección de sustancias controladas”.

“La posición del Partido Nuevo Progresista es que conforme a la Ley Electoral es un requisito que los aspirantes presenten las pruebas de dopaje, o sea, las pruebas de detección de sustancias controladas”, manifestó.

“En el caso del PNP es el panel 5 (el tipo de examen), la prueba de cabello, que detecta sustancias controladas que hayan sido utilizadas desde diez años atrás”, sostuvo al asegurar que todos los aspirantes por el PNP se sometieron a dicho examen.

Ni la Ley Electoral ni el Reglamento establecen tampoco cuál sería el proceso o la determinación respecto a una candidatura si el resultado de una prueba de dopaje requerida es positivo.

En el caso del PIP, explicó su comisionado electoral Roberto Iván Aponte, tanto en las elecciones generales de 2012 y 2016, como de cara a las elecciones de 2020, la determinación de la colectividad ha sido requerir una prueba de dopaje con resultado negativo a sus candidatos para los cargos electivos nacionales, como la gobernación y la comisaría residente en Washington, así como los puestos por Acumulación en el Senado y la Cámara de Representantes.

La determinación del PIP también está basada en lo que dice el Artículo 8.001 y la Sección 3.14 del Reglamento, y así ha sido avalado por el PNP, el PPD y la CEE durante los pasados comicios, sostuvo Aponte. La Comisión, de hecho, aprobó de manera unánime el Reglamento vigente el 27 de noviembre de 2019.

“No solo que la Ley dice eso, sino que en el Reglamento que se aprobó por los tres partidos inscritos, que es el reglamento que atiende esa situación en la sección 3.14, explica el proceso y el derecho del partido (a establecer sus requerimientos respecto a la prueba)”, manifestó el comisionado electoral, al tiempo que mostró su apoyo a la determinación del MVC.

En la carta oficial del PIP en respuesta a la controversia, la colectividad plantea que “la pretensión que presentan hoy los comisionados del PPD y el PNP es tratar de imponer a los demás partidos la forma en la que cumplirán con el requisito de ley y lo que deben peticionar a la Comisión en cuanto a la prueba de detección de sustancias controladas”.


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