El secretario de Estado, Luis Rivera Marín. (GFR Media)

Washington - Los secretarios del Departamento de Estado y del Departamento de Salud, Luis Rivera Marín y Rafael Rodríguez, han buscado hoy en Washington mitigar la peor crisis que ha vivido la administración de Ricardo Rosselló Nevares, que ha minado más la credibilidad de su gobierno y hasta generó llamados para que deje el cargo.

La primera tarea ha sido tratar de evitar que se frene la legislación cameral que asignaría $12,000 millones en fondos de Medicaid para los próximos cuatro años.

“Tenemos muchos retos”, dijo Rivera Marín, quien estuvo en la sesión de votación de la subcomisión de Salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja en que se aprobaron los fondos de Medicaid para la Isla.

En la audiencia, el liderato del Comité de Energía y Comercio advirtió que impondrán nuevos controles en el acceso a fondos de Medicaid, tras los cargos de corrupción que vinculan a contratos otorgados por la Administración de Seguros de Salud (ASES), que tiene a su cargo el plan de salud del gobierno, financiado principalmente con fondos de Medicaid.

Rivera Marín indicó que sus reuniones incluyeron a la Casa Blanca y congresistas miembros del caucus de Salud Pública, como los republicanos Robert Marshall (Kansas) y Paul Gosar (Arizona). No quiso precisar con quienes habló en la Casa Blanca.

El secretario de Salud, mientras, reconoció que tuvo esta semana conversaciones telefónicas con la dirección de los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS), que fiscaliza el uso de los fondos de Medicaid, antes y después de los arrestos del miércoles por corrupción, que han incluido a la ex directora ejecutiva de ASES Ángela Ávila.

Tras asistir a la sesión de votación en el subcomité de Salud, Rodríguez sostuvo que tendría reuniones en el Congreso.

Rodríguez sostuvo que insistirán en que los casos de corrupción no son un problema institucional en ASES y que han estado limitados a un “grupo” y ciertos contratos, como los otorgados a la empresa BDO.

Dijo que le sorprendieron los cargos en contra de Ávila, pero se desvinculó de los procesos administrativos en ASES. “Teníamos confianza en que los procesos administrativos se llevan a cabo como debería ser”, dijo.

Con respecto al subcontratista Alberto Velázquez Piñol, quien iba a reuniones relacionadas al plan Vital con el manto de tener la confianza de La Fortaleza. “Esas son las alegaciones”, dijo Rodríguez.

Para el secretario de Salud ha quedado claro que se opuso a los alegados esfuerzos de Velázquez Piñol por tratar de aplazar el establecimiento de la Unidad Anti Fraude para el manejo de los fondos de Medicaid.

Rivera Marín, por su parte, indicó que conoce a Velázquez Piñol, pero sostuvo que nunca participó de las reuniones de ASES.

La fiscalía federal presentó el miércoles en San Juan cargos por fraude, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude, lavado de dinero, y hurto de dinero, en contra de Ávila, la ex secretaria de Educación Julia Keleher, los contratistas Fernando Scherrer, Alberto Velázquez Piñol y  Mayra Ponce Mendoza, y la ex ayudante de Keleher Glenda Ponce Mendoza.

Los cargos describen al menos tres esquemas de corrupción por los cuales se desviaron sobre $15 millones en fondos estatales y federales a empresas e individuos que aprovecharon sus contactos con el gobierno para incrementar sus ganancias.

Líderes demócratas y republicanos del Congreso han expresado preocupación e indignación con los más recientes casos de corrupción en la Isla, que han coincidido con escándalos relacionados a chats en que participan el gobernador Rosselló Nevares y sus más cercanos colaboradores. 

El miércoles, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva, fue más lejos y mantuvo que el gobernador Rosselló Nevares debería renunciar, pues no podrá recuperar la credibilidad de su gobierno.


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