A casi un año de las elecciones generales, el Departamento de Justicia aún tiene bajo su lupa 18 denuncias por supuestos delitos electorales o relacionadas con la operación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), incluida la distribución de bonificaciones por parte de la ex presidenta alterna Jessika Padilla Rivera y otras querellas vinculadas con la divulgación de información confidencial del registro electoral.