A la hora de considerar la transacción de compra del Ramallo International Center, el Municipio de San Juan (MSJ) debió regirse por la Ley 458, que prohíbe a las entidades gubernamentales contratar con personas o corporaciones convictas por ciertos delitos. Así lo expresó el Departamento de Justicia en una opinión que emitió como respuesta a una consulta que le presentó la Legislatura Municipal de la capital.