El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, arremetió contra la CEE y su presidente. (Suministrada)

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) demandó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) exigiendo su espacio y representatividad en el ente electoral, contrario a lo que determinó el presidente de ese organismo, Francisco Rosado Colomer mediante una resolución amparada en el nuevo Código Electoral.

Además, el PIP solicita que se detenga la puesta en vigor de la resolución de Rosado Colomer por considerarla “inconstitucional y antidemocrática”.

Esa resolución dejaría fuera de la CEE a los comisionados electorales del PIP, del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, pese a que todos quedaron inscritos en las pasadas elecciones. El PIP argumenta que la resolución, si se mantiene, debe ser aplicada de manera prospectiva, es decir, para el ciclo electoral del 2024.

La resolución, anclada en lo que dispone el nuevo Código Electoral aprobado en el 2020, dejaría a los comisionados electorales del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista (PNP) como “propietarios” y los restantes serían “adicionales”. Solo participarían de las reuniones del pleno de la CEE cuando se atiendan asuntos que le competen a sus respectivas colectividades.

El Código Electoral establece, en su Artículo 6.1, que no solo se le exigirá a un partido político retener la franquicia electoral sino también haber postulado candidatos a la gobernación, a comisionado residente en Washington, a senador y representante por acumulación y a alcalde en al menos a 50% de los municipios de Puerto Rico para poder ser reconocido como un “partido estatal” y así tener participación y representación plena en la CEE.

A juicio del exsenador y excandidato a la gobernación del PIP, Juan Dalmau, el presidente de la CEE está fungiendo, con su decisión, como “guardaespaldas del bipartidismo debilitado”.

“La determinación del presidente de la CEE, de excluir al PIP que obtuvo 175,000 votos en las pasadas elecciones, es un acto jurídicamente disparatado, motivado por el ansia de perpetuar el bipartidismo y por el revanchismo contra quienes hemos sido una voz de fiscalización, ignorando la petición que hiciera nuestro Comisionado Electoral desde el 9 de noviembre y la que contó con el voto a favor de todos los partidos, excepto el del PNP”, dijo Dalmau.

El abogado del PIP, Carlos Gorrín Peralta, precisó que cuestionan la validez de la resolución de Rosado Colomer. Agregó que lo dispuesto en el Código Electoral, que deja fuera a comisionados cuyos partidos retuvieron sus franquicias, violenta el Artículo 9 Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico.

“Dispone que los partidos políticos mantenían sus derechos si retenían las características para ser un partido inscrito”, dijo Gorrín Peralta no sin antes explicar que cualquier ley que aumente los requisitos de inscripción de un partido “tiene que ajustarse” a lo que dice la Constitución.

“No podrá tener efectividad hasta pasada la elección ulterior, después de la elección inmediatamente después de la enmienda de la ley. En este caso, no se hizo la salvedad en la ley electoral del 2020 que los nuevos requisitos de inscripción no serían de aplicación a la elección del 2020. Por mandato constitucional no pueden ser de aplicación a los resultados del 2020″, explicó. “Entendemos que la interpretación que hizo el presidente (de la CEE) de la nueva ley electoral es incorrecta. No porque la ley sea necesariamente inconstitucional, aunque tiene una serie de defectos constitucionales. Pero para impugnar la resolución, lo único que tiene que hacer el poder judicial es interpretar que esa ley que tiene esos requisitos de inscripción, los tendrá, pero no pueden ser de aplicación al 2020”, abundó el abogado.

“Tenemos plena fe de que el recurso va a prosperar y que la resolución del presidente será revocada por el poder judicial. El presidente trata de divorciar los requisitos de inscripción con la participación en la CEE y esas dos cosas no son separables porque para qué es que un partido obtiene su inscripción. Para disfrutar de unos derechos que le concede la legislación electoral”, agregó Gorrín Peralta.

El abogado y catedrático recalcó que en su resolución Rosado Colomer también argumenta que los recortes que exige la Junta de Supervisión Fiscal a la CEE justifican también la reducción de los comisionados electorales y sus respectivos equipos de trabajo.

“El presidente trata de justificar su decisión a base de que a la luz de la situación fiscal del país y por mandato de la Junta de Control Fiscal, él tiene que reducir los gastos de la CEE. Es decir, que para el presidente de la CEE, la democracia electoral puertorriqueña tiene que ser barata y eso, por supuesto, no es aceptable en ningún país que aspire a ser plenamente democrático”, sostuvo Gorrín Peralta.

Destacó que a base de la resolución, en los próximos días los comisionados electorales del PIP, de Proyecto Dignidad y del Movimiento Victoria Ciudadana deben dejar sus cargos, oficinas y se producirá la cesantía de sus empleados.

“Por eso es que conjuntamente con la petición de revisión de la resolución, se ha presentado una moción que solicita un remedio provisional en lo que se dilucidan los méritos de la revisión, que el tribunal paralice la efectividad de esa resolución del presidente de la CEE”, apuntó.

Preguntado sobre las consecuencias de que solo dos partidos queden a cargo de la CEE, Gorrín Peralta dijo que “significa que más de una tercera parte del electorado puertorriqueño, que dio un mensaje muy claro en las elecciones pasadas, queda fuera de los procesos decisorios de la CEE”.

Entretanto, Dalmau dijo que el PIP mantiene, de manera paralela, sus esfuerzos para que se apruebe un proyecto de ley que derogue el Código Electoral.

“Siempre y cuando se pueda incluir, como parte de esa derogación, una legislación que garantice estos derechos porque aquí no hay ingenuos. Y, por lo tanto, puede haber una cortina de humo para revocar el Código Electoral sin tomar más ninguna otra determinación y nombrar a un comité para que en el futuro establezca un nuevo Código Electoral y mientras eso ocurre pasan los años y todavía está una tercera parte del electorado sin representación en la CEE”, explicó Dalmau.

Después de la conferencia de prensa de los líderes del PIP, el juez Anthony Cuevas pidió a las partes presentar sus respectivos escritos argumentando por qué no debía emitir el recurso solicitado.