El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) radicaron esta mañana una demanda impugnando la prohibición de las alianzas electorales y las candidaturas coaligadas establecida en la legislación electoral vigente en Puerto Rico.

Ambos partidos, según el pleito legal ante el Tribunal de Primera Instancia, exigen que se declare inconstitucional los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de Puerto Rico.

“El problema es que ese Código Electoral se ha convertido en una camisa de fuerza que no permite que florezca la democracia participativa, robusta del pueblo de Puerto Rico y le estamos dando al pueblo gobiernos que son, exactamente, de minoría. El gobernador de Puerto Rico gobierna con solo el 32% del voto del pueblo”, señaló el licenciado Martín Pérez Santini.

Según explicó el abogado Carlos Gorrín Peralta, director del equipo legal del PIP, la demanda exige que se declaren inválidas dichas prohibiciones del Código Electoral por violentar el derecho al voto, la libertad de asociación, la libertad de palabra, además de “constituir un discrimen de ideas políticas”. “Todos derechos fundamentales garantizados por la Constitución”, sostuvo Gorrín Peralta.

Se le solicita además al Poder Judicial que le ordene a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “cesar y desistir de poner en vigor los Artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral. “El derecho al voto es indispensable para la democracia en el constitucionalismo moderno porque es la forma en que el pueblo puede escoger a sus gobernantes”, expuso Gorrín Peralta.

“El PIP y el MVC comparecen al tribunal con la mayor buena fe puesta en el sistema judicial como último recurso para enderezar el entuerto estatutario que el Código Electoral le ha infligido a la democracia puertorriqueña trastocando el derecho y la práctica electoral de más de un siglo”, expuso el abogado.

Por su parte, el licenciado José Javier Lamas, del MVC, agregó que prohibiciones impuestas en el derecho vigente “imponen cargas onerosas al ejercicio de derechos fundamentales que poseen los partidos políticos y sus integrantes, como lo es el derecho al voto, la libertad de asociación, la libertad de palabra; y crea un discrimen contra la oposición política”.

“Estamos ante disposiciones del Código Electoral que son, claramente, inconstitucionales y deben ser así declaradas para abrir paso a un proceso electoral que reconozca mayor participación democrática”, expuso Lamas.

Desde el 2011, la legislación electoral vigente en Puerto Rico “vulneró valores del pueblo” al imponer en el Código Electoral la prohibición de que dos o más partidos políticos acuerden una alianza o postulen candidaturas coaligadas, y que una persona sea candidata por más de un partido político. Esta limitación se reiteró en el Código Electoral del 2020.

En el litigio -SJ-2023-CV04576- figuran como demandados el Estado Libre Asociado (ELA), la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), así como su presidente Francisco J. Rosado Colomer; y los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad.

El equipo legal de ambas colectividades reconoció que existe un límite de tiempo en el marco de acción ante la cercanía del período de radicación de candidaturas que, según el Código Electoral, cierra el próximo mes de diciembre. “Mientras más cerca está el proceso más patente es el daño concreto que judicialmente se está tratando de impedir... eso será un elemento adicional que el juzgador tendrá que tomar en consideración cuando va a determinar la existencia de ese daño real antes de que esta controversia se torne académica”, explicó Lamas.

“Esperamos que esta demanda comience un diálogo en la sociedad puertorriqueña sobre estos temas y donde empiece a surgir una discusión para que se creen nuevos consensos en la sociedad. Si no lo ganamos en la corte, que lo ganemos en la Legislatura, que se elijan nuevos líderes, que surja la juventud, que se integre a dirigir el país”, concluyó.