Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

Mientras el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía se debaten qué hacer con el coronel Roberto Rivera Miranda, quien decidió aspirar a un cargo político sin avisar a sus superiores, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, solicitó este martes la remoción del uniformado de forma “inmediata”.

Según Cruz, el actual director de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales de la Uniformada debe ser removido para que así se cumpla con la ley orgánica del secretariado, que prohíbe la participación de un uniformado en la política partidista.

El secretario general consignó, en declaraciones escritas, que el Artículo 2.19(a) de la Ley del Departamento de Seguridad Pública, adoptada en 2017, “prohíbe a un miembro de la Policía hacer propaganda ni ninguna otra gestión a favor o en contra de cualquier partido político ni candidato a cargo público o político, mientras estén en servicio o en uniforme”.

“Los policías en Puerto Rico han sido considerados como tal y en servicio 24 horas al día, usen o no el uniforme”, agregó.

La semana pasada, se supo que Rivera Miranda sería parte de la plancha de legisladores municipales del representante José “Memo” González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien aspira a la alcaldía de Arecibo. El coronel, sin embargo, no notificó a sus superiores de su intención de acceder a un cargo electivo.

“Si el coronel Rivera Miranda quiere hacer política activa y decidió entrar en la política partidista activamente, tiene que cumplir con la ley y salir inmediatamente de sus posiciones. La ley que cobija al Negociado de la Policía prohíbe la incursión de los miembros del cuerpo policíaco en la política partidista mientras están activos en la Policía, por lo tanto, el coronel debe ser removido de sus posiciones, solicitar licencia o renunciar”, planteó Cruz.

A la espera de una opinión de Justicia

El Nuevo Día solicitó y, al momento de esta publicación, aguardaba por entrevista con el comisionado de la Policía, Antonio López, quien se enteró de la aspiración del coronel por la prensa. Entretanto, el secretario del DSP, Alexis Torres, informó que solicitó este martes al Departamento de Justicia una consulta sobre la situación del coronel por recomendación del director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Rivera Miranda, por la posición que ocupa, mantiene una alta exposición en los medios de comunicación.

“En el ínterin, el comisionado continúa los trabajos investigativos del Negociado de la Policía”, dijo Torres, quien coincidió con las declaraciones de Miguel Candelario, director de la División Legal del DSP, en el sentido de que, en este caso, Justicia debe analizar la Constitución, el Código Electoral y la ley orgánica de la agencia.

El artículo 7.2 del Código Electoral, inciso c, establece que “todo aspirante o candidato a un cargo electivo que se desempeñe como jefe, autoridad nominadora, o director regional de una agencia, departamento, dependencia gubernamental o corporación pública en la Rama Ejecutiva, incluyendo cualquier secretario, asesor o funcionario que ocupe una posición de confianza que formule política pública adscrito a la Oficina del Gobernador, excepto el gobernador, deberá presentar su renuncia a dicho cargo 30 días antes de presentar su candidatura o la intención de candidatura a un cargo público electivo a la Comisión”.

El estatuto ha sido cuestionado, en múltiples ocasiones, por su vaguedad. Rivera Miranda ocupa un puesto de confianza y, para todos los efectos, es comisionado auxiliar de la Policía, por lo que continuamente está en los medios de comunicación ofreciendo información sobre sucesos policíacos.

Candelario manifestó “que esta es una situación donde tienes unas implicaciones que deben ser atendidas, a nuestro entender, por el Departamento de Justicia, para que establezca de manera oficial qué es vinculante, porque una opinión legal de nosotros no puede ser vinculante”.

Torres reveló que se comunicó directamente con el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

“No se le puede quitar su decisión política”

Cuestionado sobre por qué no remover al coronel de su cargo como medida cautelar, Torres sostuvo que, a todo ciudadano, le asisten las garantías de la Constitución.

“A ningún ciudadano se le puede quitar lo que es su decisión política y, más allá de esto, los resultados que se están obteniendo a base de los planes de trabajo, si los miramos al día, que aunque un asesinato es mucho, hoy estamos menos 111 asesinatos. Y él es parte integral de ese plan operacional del Negociado de la Policía”, afirmó el secretario del DSP.

Respecto al hecho de que Rivera Miranda no informara al comisionado de la Uniformada de su decisión previo a que fuera pública, el funcionario declaró: “Yo parto de la premisa que es una decisión personal que, obviamente, él la tuvo que evaluar en un momento dado, y aun así en el transcurso de sus 38 años, incluyendo la posición actual de comisionado auxiliar, él nunca se ha desviado de lo que es el ángulo de sus responsabilidades como oficial de ley y orden en Puerto Rico”.

Torres rechazó que, con sus expresiones, se pudiese interpretar que está a favor del coronel.

¿Pueden ser viables las tareas que tiene Rivera Miranda en la Policía con su aspiración a un puesto electivo?, preguntó El Nuevo Día.

“Puedo decir que la intención de él de ser un precandidato... y puedo evaluar el desempeño de él durante los pasados 38 años, donde, responsablemente, no solo hemos tenido resultados positivos para el pueblo de Puerto Rico, sino que nunca ha cruzado ningún tipo de raya cuando está en uniforme en sus horas laborales”, respondió.

Cruz, por su parte, exhortó al gobernador Pedro Pierluisi a expresarse.

“Siendo el gobernador Pedro Pierluisi la autoridad suprema de la dirección del Departamento de Seguridad Pública, es su responsabilidad expresarse a qué nivel de politización, bajo su administración, caerá nuevamente la Policía de Puerto Rico, si como en otras ocasiones, deja que las cosas pasen”, indicó el secretario general del PPD.

Cruz, así como la subsecretaria del PPD, Yaramary Torres, advirtió que, si no se procede con la remoción del coronel, se viola deliberadamente la ley.

“Con este nombramiento para su plancha de legisladores, el candidato por el PNP demuestra su predisposición de ignorar y hasta violar las leyes y reglamentos existentes, inclusive aquellas que rigen al honroso cuerpo de la Policía. Uno será como funcionario como fue como candidato. Quien mal comienza, mal termina”, vaticinó Torres.

El gobernador se expresó sobre la situación del coronel, a preguntas de El Nuevo Día, durante una actividad oficial en Bayamón.

“Me parece bien que le pidieron la opinión a Justicia porque lo primero es descartar que haya alguna violación de ley o reglamento. Aparentemente, no la hay. Pero, de todas maneras, es bueno que Justicia la confirme. También si el secretario emite una opinión, con toda probabilidad en la opinión va a decir las cosas que puede o no puede hacer como coronel y como comisionado auxiliar del Negociado de la Policía. Yo pienso que eso es lo correcto”, afirmó Pierluisi.