El empresario Ricky Castro Ortiz depuso hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. (Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media)
El empresario Ricky Castro Ortiz depuso hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. (Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media)

El empresario Ricky Castro Ortiz, quien acordó vender 50,000 pruebas serológicas de coronavirus al gobierno por medio de su empresa Castro Business, dijo en vista pública hoy de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que no pudo entregar a tiempo gran parte del cargamento porque le fue retenido en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Castro explicó que llegó a entregar al gobierno 8,900 pruebas a finales de marzo de un total de 50,000 pruebas que compró a una empresa de California por $650,000, a pesar de que no había firmado todavía contrato con el gobierno. En principio, Castró llegó a entregar 8,900 pruebas, pero, a partir del 30 de marzo, la FDA comenzó a retener en el aeropuerto las que llegaban. Las suyas llegaron el 29 de marzo, peor no pudo disponer de ellas hasta el 15 y 16 de abril.

El Departamento de Salud no le ha pagado un centavo por las 8,900 que entregó, que a juzgar por el precio de $13 al que las vendía, sería un total de $115,700. Las restantes pruebas, dijo Castro, las vendió a otros clientes y pudo recuperar su inversión.

Castro dijo a periodistas al concluir la vista que “cuando termine la emergencia” reclamará su deuda al Departamento de Salud. “Estamos en una etapa inicial y entiendo que eso se va a pagar”, dijo. “Pensaba que iba a cobrar el 100% del dinero… no me preocupa en lo absoluto porque el servicio se dio”, agregó, empresario, quien compró las pruebas a una empresa en California a la que pagó $11.10 por unidad, por lo cual su ganancia sería de $1.90 por prueba.

Según dijo, tras una conversación telefónica en conferencia el 24 de marzo en que participaron, entre otras personas, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del “task force” médico de coronavirus de la gobernadora Wanda Vázquez, y la entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, procedió a hacer la orden de compra al suplidor de California. El itinerario de entrega original fue de 10,000 a entregarse el 31 de marzo, 10,000 a entregarse el 3 de abril y 30,000 a entregarse el 6 de abril.

Sin embargo, la primera entrega a Puerto Rico fue el 27 de marzo y Castro las llevó al Centro de Operaciones de Emergencia, por solicitud de Rodríguez Quilichini. Esa primera entrega, sin embargo, no fue de 10,000 pruebas sino de 150. En otras dos entregaron en los próximos días alcanzó 8,900.

Castro reconoció que compró las pruebas a base de un acuerdo verbal “para garantizar que el producto llegara con la premura necesaria”, y dijo estar “casi seguro” que fue la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, quien le dijo que podía hacer la compra. Preguntado por periodistas si pensaba que había tomado una buena decisión al hacer una compra sin contrato, dijo que hizo la inversión “me tomé el riesgo, traje las pruebas y las entregué”.

De otra parte, Castro dijo desconocer la gobernadora Wanda Vázquez había hablado con él sobre la compra de pruebas o si había participado en la llamada en conferencia del 24 de marzo. “Indirectamente conmigo no”, contestó de manera confusa cuando se le preguntó si la gobernadora había hablado con él sobre la transacción.

Cuando se le preguntó por qué no ha hecho gestiones para cobrar el dinero adeudado, Castro Ortiz minimizó la deuda que el gobierno tiene con él y el hecho de que el Estado haya accedido a comprar pruebas rápidas de Covid-19 a $38 la unidad con la empresa Apex General Contractors en que la ganancia de los inversionistas sería de $10 la unidad.

Castro se limitó a decir que desconoce los criterios que tomó el gobierno cuando le hizo la compra a Apex. “Quizás es que no he hecho las gestiones adecuadas para cobrarla”, dijo Castro al referirse a la deuda.

A preguntas del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, Castro dijo que le ofreció al gobierno de 500,000 pruebas rápidas a $18 la unidad el 26 de marzo. Ese ofrecimiento se dio antes de que se firmara el contrato con Apex General Contractors. Las pruebas que ofreció Castro llegarían a la isla el 6 de abril, según dijo.

Apex nunca pudo entregar sus pruebas.

Castro explicó que, tras recibir mensajes de texto de socios que, al igual que él, sabían sobre la necesidad del Gobierno de obtener pruebas de Covid-19, se comunicó el 22 de marzo con Rodríguez Quilichini para ofrecerle pruebas Covid-19 a $13 la unidad. El médico, cuyo teléfono ya Castro tenía, le entregó al teléfono a Mabel Cabeza, el enlace entre el task force médico, el Departamento de Salud y La Fortaleza.

Rodríguez Quilichini dijo en una vista previa de la Comisión de Salud que no bregaba con suplidores.