:format(png)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gfrmedia/GWHY5ITYCBFNXKOBVHZDPG36QU.jpg)
El ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib, le exigió este lunes al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, que haga valer el ordenamiento jurídico vigente que reconoce que los puertorriqueños no tienen derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos y que detenga un proyecto de ley aprobado en el 2018 que tiene esa finalidad.
Báez Galib, además, en una carta dirigida a Dávila Rivera, le indica que llevó este asunto ante el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, quien declinó intervenir -pese a que están a cargo del presupuesto de Puerto Rico- por “no poseer jurisdicción” en el tema.
“El suscribiente tienta a esta generación de líderes electorales a que asuma su responsabilidad como lo han hecho otras anteriores”, indica la carta.
En la misiva, Báez Galib le explica a Dávila Rivera que el 19 de septiembre de 2019 adquirió vigencia la Ley 403 que permitía que los puertorriqueños participaran de la elección del presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos.
El exlegislador impugnó ese estatuto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, foro al que solicitó que se declarara inconstitucional. El pleito fue trasladado al Tribunal Federal para que se uniera al caso Igartúa de la Rosa v. United States. Ese caso llegó hasta el Primer Circuito de Apelaciones de Boston que resolvió que los puertorriqueños no tienen derecho a participar de las elecciones presidenciales.
Lee la carta:
Por consiguiente, el pleito de Báez Galib fue devuelto al Tribunal Supremo de Puerto Rico que determinó que la Ley 403 era inconstitucional.
Así las cosas, Báez Galib destaca que en el 2018 la Asamblea Legislativa legisló un proyecto, que se convirtió en la Ley 12, que tenía el mismo fin de la Ley 403.
“Sorprende que durante el proceso de aprobación de la Ley 12, no se hace referencia a la decisión judicial de inconstitucionalidad de la Ley 403 ni lo resuelto en Igartúa”, indica Báez Galib en su carta.
El exsenador recalca que con su misiva busca que la CEE cumpla con su “responsabilidad legal” de velar y proteger “el derecho de cada elector a votar acorde a los parámetros consignados en las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos”.
Además, le adelanta al presidente de la CEE que, en esta ocasión, no acudirá al tribunal para hacer valer la jurisprudencia vigente. Más bien, le recuerda a Dávila Rivera que la CEE debe velar por la credibilidad de los procesos electorales.
Este diario llamó a Dávila Rivera, quien no respondió, para obtener su reacción.
Báez Galib también destaca que la Ley 12 puede causar problemas entre funcionarios de colegio y empleados de la CEE que no crean en el voto presidencial y se vean obligados a laborar por ello.
“Entonces, téngase la presente, como ya antes indicado, como una solicitud de acción a la Comisión para que rehúse administrar la Ley 12”, sentenció Báez Galib.
