Rodríguez exigió un estudio que demuestre cómo se va a contrarrestar el alegado discrimen existente al imponer el IVA. (GFR Media)
El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. (Archivo)

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, se reincorporará a sus labores mañana, lunes, luego de una semana alejado de la poltrona municipal.

En un breve comunicado de prensa, el primer ejecutivo de la Sultana del Oeste sostuvo que pronto sostendrá un encuentro con los medios de comunicación para discutir los escándalos que han surgido en los últimos días sobre el municipio.

El pasado domingo, Rodríguez, designó, sin ofrecer explicación, a Jorge Ramos como alcalde interino.

El Nuevo Día intentó en ese momento comunicarse con el departamento de prensa del Municipio de Mayagüez, pero llamadas y mensajes no fueron contestados. No obstante, este diario supo que el alcalde se tomó “unos días” en su gestión para, entre otras cosas, consultar a abogados sobre las controversias que rodean a su administración.

La designación de Ramos ocurrió a menos de una semana que las autoridades federales arrestaran a siete personas acusadas de llevar a cabo un supuesto esquema que defraudó al ayuntamiento en $9 millones. El pasado martes, 23 de marzo, las autoridades arrestaron a tres exasesores y a un exfuncionario del ayuntamiento, al igual que a otras tres personas.

Los excontratistas Eugenio García Jiménez, Roberto Mejill Tellado, Arnaldo J. Irizarry Irizarry y el exfuncionario Alejandro Riera Fernández, junto con los hermanos Stephen y Joseph Kirkland y Steve Minger, enfrentan 33 cargos por, supuestamente, estar involucrados en el esquema fraudulento.

García Jiménez era asesor financiero del municipio e incorporador de la empresa municipal Mayagüez Economic Development (MEDI).

Rodríguez ha sostenido en todo momento que desconocía del esquema.

De igual forma, El Nuevo Día reportó que, además del Palacio de Recreación y Deportes, el edificio que alberga el Hospital San Antonio, en Mayagüez, fue utilizado por MEDI para garantizar un préstamo hipotecario que incumplió y que mantiene en riesgo de ejecución esa propiedad municipal.

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