Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

El Municipio de Maricao es uno de los más dependientes de fondos estatales y federales. (GFR Media)
El Municipio de Maricao es uno de los más dependientes de fondos estatales y federales. (GFR Media)

En el año fiscal 2017, los 78 municipios del país gastaron $109 millones en servicios profesionales, $20 millones en festivales y fiestas patronales, $12 millones en servicios legales, $73 millones en desembolsos descritos como “misceláneos” y $5 millones en salarios de alcaldes.

La suma de estos renglones alcanza los $219 millones y sobrepasa todos los recaudos de la porción municipal del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) por $7 millones.

Datos recopilados por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) reflejan también que los ingresos recurrentes de los ayuntamientos apenas alcanzan para cubrir el 66% de los gastos de los pueblos.

Esta situación provoca altos niveles de dependencia de los gobiernos central y federal, especialmente en los llamados ayuntamientos “pequeños”. Los ingresos que genera Maricao, por ejemplo, cubren apenas el 22% de sus gastos, por lo que cuatro de cada cinco dólares de los que gasta provienen del gobierno central, el federal o de otros municipios a través del sistema de equiparación de ingresos. En el caso de Peñuelas, el 29% de los gastos proviene de transferencias del gobierno central, el gobierno federal o de otros municipios.

Este escenario empeoraría a juzgar por el borrador del nuevo plan fiscal del gobierno central, que contempla recortes adicionales a las aportaciones que le hace el Estado a los pueblos. La iniciativa, sin embargo, provee también para abaratar costos consolidado funciones municipales en condados.

Originalmente, el Plan Fiscal certificado en marzo establecía recortes de $350 millones para las transferencias estatales a los municipios. Esa cifra aumentó en $44.7 millones en la nueva propuesta que hizo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares como parte de la revisión del documento.

“Son $44.7 millones más que nos van a quitar. El efecto de eso es que va a agravar más la situación de los municipios. Con (la pérdida de) los $350 millones, se proyectaba que 50 municipios desaparecían. Imagínate ahora si le quitan $45 millones adicionales. Hay municipios que no tienen viabilidad”, expresó el alcalde novoprogresista de San Sebastián, Javier Jiménez.

“Eso es la muerte del municipio a plazos cómodos. O te matan de una sola vez o te matan a plazos”, puntualizó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, del opositor Partido Popular Democrático (PPD).

La Fortaleza, a través de su secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, defendió la propuesta al asegurar que la reducción, aunque implica menos dinero para las alcaldías, provee más tiempo para hacer los recortes.

Reforma municipal

No obstante, la insostenibilidad de muchos de los gobiernos municipales, en cierto modo, está implícita en el borrador del Plan Fiscal, que propone la creación de condados como nuevos organismos gubernamentales que asumirían algunas de las responsabilidades tanto de los municipios como del gobierno central. Específicamente, se menciona que estos entes asumirían funciones de seguridad pública, los servicios a las familias, los programas de vivienda y de educación. No se precisan cuáles servicios municipales pasarían a estas estructuras. El documento menciona que la medida generaría ahorros y eficiencias, pero no ofrece estimados ni detalles específicos.

En una carta enviada a inicios de febrero, la Junta de Supervisión Fiscal cuestiona la ausencia de datos o estimados en el pasado plan fiscal.

Esos detalles, sin embargo, no aparecieron en la propuesta del gobierno para un nuevo plan fiscal y, en la más reciente versión de ese documento, que la administración presentó el 12 de febrero, solo se añade la posible creación de un fondo de $100 millones para ayudar a la transición hacia el sistema de condados.

Ojo al detalle

Mario Negrón Portillo, catedrático de Administración Pública, indicó que, en teoría, el concepto de regionalización provee múltiples oportunidades para reducir los costos gubernamentales a nivel estatal y municipal. Por ejemplo, en lugar de que haya 78 oficinas de finanzas municipales o de recursos humanos, se podría eliminar duplicidades y consolidar funciones.

No obstante, el experto indicó que, si en la práctica no se consolidan funciones y solo se añaden capas de burocracia, no se logra el objetivo.

“En esto es clave saber qué se va a regionalizar y bajo qué contexto. ¿Cuáles serían las funciones de los municipios? ¿Qué empleados trabajarán en las regiones? ¿Se mantendrían los municipios? ¿Qué proyectos serán regionales? ¿De dónde la región obtendrá los ingresos? ¿Cómo será la organización administrativa? ¿Cómo serán las dinámicas políticas? Todo eso influye”, dijo Negrón Portillo.

La propuesta del gobernador promueve retasar la propiedad inmueble para mejorar la situación económica municipal y regional, iniciativa que ha sido, al menos, evitada por los ayuntamientos. Las nuevas tasaciones se harían a valores actuales y dejarían a un lado el sistema actual de retasaciones a valores de 1957. La idea es detectar aquellas propiedades que, por su clasificación o por las mejoras que se le han hecho a través de los años, entre otros renglones, deban pagar más de lo que de ordinario aportan. Para Jiménez, esto es un alza tributaria.

“Lo más que me preocupa es que es una estructura por encima de los municipios actuales y su fuente de financiamiento es la contribución sobre la propiedad municipal. Eso estaría desangrando la capacidad económica de los municipios”, dijo, por su parte, Rolando Ortiz, presidente de la Asociación de Alcaldes, organización que agrupa los ejecutivos municipales del PPD. Ortiz opinó que la propuesta implica debilitar las estructuras municipales que son las que más responden a las personas.

Carlos Molina, presidente de la Federación de Alcaldes, entidad que reúne a los ejecutivos municipales del PNP, no contestó una petición de entrevista.

El alcalde novoprogresista de Fajardo, Aníbal Meléndez, por su parte, indicó que, aunque la regionalización y creación de condados puede ser buena, el éxito de ese modelo depende de los detalles.

Por ejemplo, si se agrupan municipios que económicamente no son viables, no se soluciona el problema. Del mismo modo, si se agrupan pueblos que no son solventes, se corre el riesgo de afectar al ayuntamiento que mantiene sus finanzas en terreno positivo, opinó Meléndez

“Si estás en un condado en que los municipios estuvieran en igualdad de condiciones, pues lo aplaudo, pero, si es para quedar pillado, pues no puedo jamás aceptar eso”, dijo el alcalde fajardeño.

Ortiz, por su parte, reconoció que hay áreas en las que se puede hacer mejoras o colaboraciones intermunicipales. Por ejemplo, indicó que varios municipios pueden consolidar sus departamentos de recursos humanos o finanzas sin que eso cause un disloque en las operaciones de los ayuntamientos. No obstante, ya los municipios tienen la capacidad de crear consorcios operacionales, pero los alcaldes apenas han aunado esfuerzos.

La otra alternativa de reforma en las estructuras municipales consiste en la consolidación de ayuntamientos, como ocurrió en 1951 con el antiguo pueblo de Río Piedras. Esta alternativa, sin embargo, es la que más oposición genera entre los ejecutivos municipales.