Mientras se anuncian cambios en el equipo de fiscales y la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera solicita desestimar parcialmente los cargos, Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario —la menor asesinada en 2025 en Aibonito— clama por justicia.

En una emotiva publicación, donde parece estar reaccionando al nuevo intento de la defensa de Avilés Cabrera por lograr una reclasificación de cargos, Rosario recordó que a su hija, de 16 años, “no se mató sola”, sino que fue asesinada tras recibir 11 puñaladas.

Con esto, Rosario se refirió al informe de autopsia que presentó el patólogo Javier Gustavo Serrano durante la etapa de vista preliminar, en el que se señaló que la menor recibió heridas con “intención” de causar su muerte, siendo la más letal la que impactó su corazón.

“Vuelvo y lo repito: mi hija no se mató sola, a mi hija me la mataron con 11 puñaladas y dicen que no fue con intención. Por favor, yo espero que todas las personas que están hablando no pasen por lo mismo. A mi hija le destrozaron su corazón, la dejaron sin vida y la gente se atreve a decir que fue sin intención. Mi hija merece justicia”, escribió Rosario.

La publicación surge en un momento en que están corriendo varios plazos para que el Tribunal de Aibonito resuelva las mociones presentadas tanto por la defensa de Avilés Cabrera como por el Ministerio Público, en el camino hacia el juicio por jurado.

Actualmente, existen varias controversias pendientes, que incluyen una solicitud de desestimación parcial del pliego acusatorio, una petición de paralización de los procedimientos por motivos de no procesabilidad y un pedido amplio de descubrimiento de prueba.

Precisamente, el juez Juan A. Reyes Colón citó a una vista argumentativa el 20 de abril para atender una moción en la que la defensa solicita la desestimación parcial del pliego acusatorio por asesinato en primer grado y que se reclasifique a un asesinato atenuado.

Las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emmanueli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), indicaron que los elementos de asesinato en primer grado, premeditación y concierto y común acuerdo no se probaron.

“De la prueba presentada en vista preliminar no solo está ausente el común y mutuo acuerdo en las actuaciones delictivas que se imputan a Anthonieska y a su madre; sino que, además, Anthonieska, no entró a la pelea en donde resultó muerta Gabriela con el propósito previo de matar, sino que fue en medio de la misma, de acuerdo con la primera testigo del Ministerio Público en la vista preliminar, que recibió el arma con la que se alega se le dio muerte a la víctima”, añade.

De otro lado, la defensa de la acusada solicitó, en otra moción, que se paralicen los procedimientos por razón de no procesabilidad. Insistieron en que la acusada presenta un funcionamiento cognitivo equivalente al de una niña de 11 años.

Según la representación legal, una “perito contratada por la defensa, tras revisar integralmente el expediente médico, el expediente de educación especial y entrevistar a la menor Anthonieska Avilés Cabrera, concluyó que la acusada sigue siendo no procesable y no cuenta con la capacidad mental suficiente, para comprender el proceso criminal en su contra ni para asistir activamente a su propia defensa. Su evaluación formal se encuentra en proceso de completarse”.

Ante esto, el togado le concedió diez días al Ministerio Público para presentar su posición.

Por otra parte, Reyes Colón también declaró ha lugar una solicitud de medidas cautelares presentada por la defensa, en donde se pide que, dada la edad de la acusada, no se permita que se transmita la imagen de esta durante el transcurso del juicio en su fondo.

“No existiendo controversia en cuanto a lo solicitado por las partes, considerando los intereses envueltos y en el prudente ejercicio de la discreción de este Tribunal se Ordena que la imagen o información personal de la acusada y de los testigos civiles; no se divulgue o transmita durante los procesos judiciales, incluyendo su nombre, edad, imagen, lugar de residencia, estudios o empleos”, indicó el juez.

Asimismo, el togado le otorgó cinco días a la defensa para atender cuestiones sobre el descubrimiento de prueba y para que responda a una solicitud del Ministerio Público, que busca tener acceso a una serie de documentos educativos de la acusada.

Los plazos se cumplen en un momento en que los fiscales Myriam Nieves Vera, Edmanuel Santiago Quiles y Jackeline Pizarro Gutiérrez se integraron al caso junto a la fiscal Silda Rubio Barreto, mientras que el fiscal Orlando Velázquez Reyes presentó su renuncia.

“Desde hace un tiempo, evaluábamos fortalecer este equipo de trabajo con el fin de maximizar nuestros recursos. A estos efectos, se integran de forma inmediata a los procesos los fiscales: Myriam Nieves Vera, Edmanuel Santiago Quiles y Jackeline Pizarro Gutiérrez. Estos se unen a la fiscal Silda Rubio Barreto, quien permanece en ambos casos”, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La reestructuración coincidió con la renuncia del procurador de menores, el fiscal Velázquez Reyes, presentada y aceptada por la gobernadora Jenniffer González Colón, con efectividad a partir del 30 de abril.

“Agradecemos profundamente al fiscal Velázquez Reyes por sus tres décadas de servicio vertical y compromiso incansable con el Ministerio Público y con Puerto Rico. Entendemos que su salud es prioridad en estos momentos. Su legado de trabajo queda en buenas manos con el equipo de primer orden que hoy asume el liderato de estos casos”, concluyó Gómez Torres.

Pratts Rosario fue apuñalada la noche del 10 de agosto de 2025 durante una trifulca en el desvío Roberto Colón. Tanto ella como otro adolescente de 16 años, que también resultó herido en el incidente, fueron trasladados en carros separados a un hospital.

Sin embargo, la joven estudiante de la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez en Aibonito, murió mientras recibía asistencia médica. En cambio, el otro menor herido logró recuperarse de las heridas y forma parte de los testigos del Ministerio Público en el caso.

Tras una investigación de la Policía, el Departamento de Justicia presentó dos cargos contra Avilés Cabrera, de 18 años, y su madre Elvia Cabrera Rivera, de 40, por los delitos de asesinato en primer grado y portación y/o uso de un arma blanca en la comisión de un delito.

Actualmente, ambas acusadas enfrentan procesos separados. Mientras Avilés Cabrera se encuentra a la espera de que comience el juicio en su contra, en el caso de Cabrera Rivera solo falta seleccionar los suplentes para tener completado el jurado en el caso.