El más reciente caso de labor forzada reportado en Carolina visibiliza un fenómeno social que lleva décadas investigándose en Puerto Rico y que, según expertos en trata humana y poblaciones vulnerables consultados, revela la urgencia de un “análisis comunitario” sobre cómo vecinos, autoridades locales y allegados ignoraron indicios de violencia física y emocional a los que estuvo expuesta una joven con discapacidad intelectual durante los pasados años.