Dos maestros fueron arrestados y acusados por un gran jurado federal en dos casos separados por crímenes sexuales contra menores de edad.

Según un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía federal, en el primer caso se acusó a Aneudy Jazzan Pérez Santiago, de 30 años, residente de Carolina y quien figura como maestro y “ministro” de una iglesia, por coacción e incitación de una menor, así como por la transferencia de material obsceno.

De acuerdo al texto, entre febrero 2023 y febrero 2025, Pérez Santiago utilizó un celular, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales para llevar a cabo actividades sexuales y enviar imágenes de índole sexual a la menor.

“Este individuo se hace llamar ministro de la iglesia y se aprovechó de su rol como un educador y un guía espiritual para acercarse a la menor y tener conversaciones sexualmente explícitas”, expresó la directora de la Rama Investigativa (HSI, en inglés) de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González.

Según González, fue el padre de la menor quien denunció los hechos cuando descubrió las imágenes y las conversaciones en el celular de su hija luego de monitorear sus redes sociales.

De ser encontrado culpable, Pérez Santiago podría enfrentar entre cinco a 20 años de cárcel federal.

Por otra parte, HSI arrestó también a Lizamarie Rivera García, una mujer de 42 años, de Bayamón y maestra de religión, acusada por tráfico sexual de menores. En este caso, se trata de dos víctimas de 15 y 17 años, y la fechas de los hechos van de diciembre de 2023 a noviembre de 2024.

La investigación apunta a que Rivera García “transportó y mantuvo a un menor varón de 15 años para que participara en actos sexuales comerciales”. Contra el adolescente también habría utilizado herramientas tecnológicas, como aplicaciones de mensajería y redes sociales, para transferir material obsceno.

El comunicado también señala que la mujer “reclutó, sedujo, transportó y mantuvo a sabiendas y voluntariamente a un menor de 17 años para que participara en actos sexuales comerciales”.

“¡No podemos bajar la guardia! Nuestros niños están siendo explotados sexualmente por personas en posiciones de confianza pública. Las agencias del orden público estamos comprometidas con ser la voz de estas víctimas”, dijo la directora del HSI en Puerto Rico.

De ser encontrada culpable, la mujer podría ser encarcelada por cinco años o hasta de por vida.