Una de las personas arrestadas en una casa donde hallaron a cinco menores en alegadas condiciones “infrahumanas” en Canóvanas fue imputada con cargos federales por drogas.

La Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) presentó una denuncia contra Pedro Luis Pérez Cruz, de 18 años.

La denuncia federal alega posesión para distribución de cocaína, crack, fentanilo y marihuana. También le imputa la posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática.

De acuerdo con el documento radicado en el Tribunal Federal, el arresto de Pérez Cruz y de otras personas surgió a raíz de múltiples querellas que comenzó a recibir la Policía con relación a una residencia en el barrio La Central.

“Los querellantes alegaron que los residentes de la dirección en cuestión estaban involucrados en la venta de sustancias controladas”, indicó un agente de la DEA, en una declaración jurada.

“Los que llamaron anónimamente describieron que, durante las últimas semanas, habían observado tráfico constante de peatones y vehículos entrando y saliendo de la dirección mencionada a altas horas de la noche. Otro informante anónimo también describió haber visto a un individuo exhibiendo un arma de fuego”, agregó.

Según la DEA, el 15 de enero comenzó una vigilancia por parte de agentes de la Policía, quienes vieron a Pérez Cruz salir con una bolsa tipo “zip-loc” en una mano y acercarse a un auto blanco que estaba estacionado afuera.

Alegaron que, en otro momento, vieron a la misma persona sosteniendo una pistola en su mano izquierda.

Cuatro días después fue visto junto a un hombre de 28 años, que luego fue una de las cuatro personas arrestadas por la Policía. En ese momento, Pérez Cruz sostenía una bolsa que parecía tener marihuana en el interior.

Tras obtener una orden judicial para registro y allanamiento, la Policía diligenció un operativo el pasado 22 de enero, cuando vieron a Pérez Cruz lanzar por una ventana una cartera.

Tras revisar la vivienda, encontraron marihuana, cocaína, fentanilo y crack, además de $191 en efectivo, una pistola Glock modelo 19x con un cargador con municiones 9mm y alterada ilegalmente para disparar de forma automática. También había otro cargador tipo “tambor” con 41 municiones y un tercero con 32 balas.

Debido a lo encontrado, la Policía arrestó a Pérez Cruz, al hombre de 28 años, a una mujer de 36 años y otra joven de 18 años.

Tras la intervención, agentes de la DEA entrevistaron a Pérez Cruz, quien admitió que el arma ilegal era suya.

“En la residencia había cinco niños al momento del allanamiento que quedaron bajo la custodia del Departamento de la Familia”, señaló la DEA.

En aquel momento, el director de la División de Inteligencia y Arrestos, Joey Fontánez, indicó que encontraron “poco aseo”, así como “la residencia en un deterioro violento en el área de la cocina y los cuartos”.

Posterior a la intervención, el Departamento de la Familia intervino con otros tres niños que estaban en otra residencia y que son familiares de uno de los menores encontrados en la casa allanada en Canóvanas.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig, dijo ayer que, de los ocho menores atendidos en total, seis estaban en hogares de la agencia.

Durante una conferencia de prensa en la Fortaleza, Roig señaló que dos de los menores fueron reubicados con otros familiares.

“Están con recurso familiar, pero están recibiendo servicio directamente por parte de ADFAN para asegurar mejores medidas de protección, seguridad y destreza”, explicó Roig.

“Los demás están bien, están sanos, no se encontró ninguna situación que implicara otra tipología de maltrato”, agregó.

Sobre la diferencia de ubicar a dos con familiares y los demás enviados a hogares del DF, la funcionaria explicó que “cada caso se trabaja de forma individual y no todos eran de un mismo núcleo familiar, así que cada caso tiene circunstancias particulares”.

“Para estos dos menores tenían recursos familiares que no tenían antecedentes criminales ni antecedentes en el DF ni de ningún tipo y que tenían un hogar adecuado”, sostuvo. “Con los demás niños no hay recursos familiares, no hay otras alternativas. Por eso, son ubicados en hogares del DF”.

Una mujer que no estaba en la residencia allanada, y que es madre de uno de los menores que sí estaba allí, denunció públicamente que también le removieron tres hijos que estaban con ella, pese a no haber estado presentes durante la intervención policiaca. Reclamó que todos le sean devueltos.

Ante la denuncia, Roig se limitó a indicar que “todas las situaciones se atienden con el mayor de los respetos, con la mayor de las sensibilidades”.

“Cuando se toma una acción de emergencias inmediatas, es porque había circunstancias suficientes para requerir la protección inmediata de los menores y fue ratificado por un tribunal”, afirmó.