El Departamento de Justicia radicó cargos contra un hombre de 40 años por fraude al Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, por sus siglas en inglés).

En comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que, según los cargos, el imputado, identificado como Luis Tomás Borrero Andino, usó un seguro social que no era el suyo.

Agregó que la fiscal Natalie Lausell Rodríguez radicó cinco cargos por apropiación ilegal de fondos públicos, fraude y apropiación ilegal de identidad, al amparo de los artículos 182, 202 (B) y 209 del Código Penal de Puerto Rico.

La investigación estuvo a cargo de la agente Yasmary Ortiz Ortiz, adscrita a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía.

Los cargos alegan que, durante los meses de julio a septiembre del año 2020, Borrero Andino emitió solicitudes al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (en adelante DTRH) con información falsa para obtener los beneficios del programa federal.

“El imputado incluyó en las solicitudes del PUA números de seguros sociales que no le pertenecían como si fueran los suyos”, indicó el comunicado de Justicia.

Añadió que, mediante este esquema fraudulento, el imputado se apropió ilegalmente de la cantidad total de $28,368 de fondos públicos.

Sostuvo que el imputado cambió los cheques del DTRH en efectivo, depositando, de manera ilegal y fraudulenta, el dinero en su cuenta bancaria.

“El imputado obtuvo fondos públicos de forma fraudulenta pertenecientes al programa federal de Asistencia por Desempleo durante la Pandemia (Pandemic Unemployment Assistance), diseñado para apoyar a personas vulnerables afectadas por la crisis del COVID-19”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en declaraciones escritas.

“Su conducta será juzgada conforme a lo establecido por la ley y enfrentará las consecuencias legales correspondientes. Reconozco la labor de los fiscales y agentes del Negociado de la Policía que trabajaron en el procesamiento de este caso”, agregó.

El juez Juan A. León González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa por todos los cargos criminales y le fijó una fianza global de $45,000, la cual prestó, por lo que quedó en libertad condicionada hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 11 de julio.