Mostrando carteles con las fotos de sus hijos, hermanos y esposos víctimas de la violencia policial, un grupo de mujeres exigió este miércoles transparencia al Departamento de Justicia, la Policía y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para que brinden información actualizada sobre las muertes violentas de sus familiares a manos de oficiales.

Al denunciar que no han recibido la mejor respuesta o apoyo de las autoridades, las féminas unieron esfuerzos con la organización Kilómetro 0 para enviar una carta a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, para lograr “una actualización oficial, clara y detallada sobre el estado de las investigaciones”.

“Esperemos en el Señor que Justicia haga algo en favor de cada una de nosotras y a favor de los muchos jóvenes que están por ahí, que están necesitando más que una bala, un cariño que le den”, expresó, conmovida, Nilda Díaz, madre del veterano Daniel Maldonado Díaz, quien murió, en mayo, a manos de un sargento, en una intervención por salud mental, en Utuado.

En el marco del Día Internacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, alertó sobre “la falta de investigaciones independientes y confiables” que puedan asegurar que las familias sientan que se esclarecerán los casos.

Kilómetro 0 también requirió a Justicia que se implanten “protocolos para los fiscales que investigan casos de abuso de agentes de ley y orden”. El grupo adjuntó, en la carta, un protocolo, “con la esperanza de que se ejecuten las transformaciones necesarias en el Departamento de Justicia para que las víctimas de violencia policial tengan un verdadero proceso de justicia y restauración que sea empático y transparente”.

En reacción a las denuncias, Justicia solicitó un “espacio para poder indagar el estatus de la lista de casos que se nos presentó por El Nuevo Día, para emitir una declaración responsablemente e, igualmente, recibir y analizar en sus méritos la comunicación de la organización”.

“El Departamento de Justicia reafirma que la justicia se ejerce con empatía, responsabilidad social y ayuda directa a quienes más lo necesitan, y ese es nuestro compromiso”, contestó la secretaria, por escrito.

En la carta enviada a Justicia, el grupo exigió la actualización de 10 casos: Francisco Marrero Noa (2019), Ignacio Ramos Ortíz y Sarmiento Leonardo (2020), Shannel Colón Ponce (2022), Javier Antonio Cordero Nevárez (2022), Jobán Rivera Mendoza (2023), Alex Álvarez Colón (2024), Brandon James Rivera y Brian Malavé Rivera (2024), Gabriel Alejandro Vasandani Soto (2025), Daniel Maldonado Díaz (2025) y José David Rodríguez Correa (2025).

Algunas de las pesquisas se encuentran ante el NIE o en trámites administrativos en la Policía. Este medio solicitó, pero no recibió, una reacción de la Uniformada.

Desde 2014 hasta 2025, Kilómetro 0 ha documentado 129 muertes relacionadas con el uso de fuerza e intervenciones de los cuerpos policíacos en la isla.

“No ha habido una reducción, a pesar de los esfuerzos de la Reforma de la Policía. Definitivamente, no ha cambiado el panorama de las muertes, por lo menos, del uso de fuerza letal en nuestro país”, denunció Mari Narváez.

A los reclamos de las familias, se unió Karla Soto, madre de Gabriel Vasandani Soto, quien denunció que, a 11 meses de su fallecimiento, no sabe “con certeza qué fue lo que le pasó” al ser abatido por agentes.

“No tengo ninguna llamada de ningún agente, ninguna fiscal para darme información de cómo murió mi hijo. Solo pido justicia. No queremos ver a ninguna madre más aquí para hablar, con nosotras, sobre impunidad”, declaró Soto.

Edmary Mendoza, madre de Jobán Rivera Mendoza, dijo, por su parte, que lleva esperando justicia más de dos años o, al menos, tener la certeza de que se está investigando el caso. Rivera Mendoza, de 21 años, murió el 23 de julio de 2023, tras recibir uno de los 10 disparos efectuados por dos agentes durante una intervención de tránsito, en Carolina, tras rebasar una luz roja que culminó en una persecución.

“Los guardias habían dicho que mi hijo había disparado. Mi hijo, en ningún momento, ni sacó un arma, ni tenía un arma, ni disparó. Ni tan siquiera le quisieron dejar a los paramédicos que le pudieran dar el tratamiento requerido para ese momento. Mi hijo llegó esposado al hospital”, denunció. .