La media hermana de Anthonieska Avilés Cabrera, imputada de asesinar a la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, “se encuentra en buen estado, protegida y recibiendo los servicios necesarios”.

Así lo informaron este viernes las secretarias de los Departamentos de la Familia y de Justicia, Suzanne Roig Fuertes y Lourdes L. Gómez Torres, junto al superintendente de la Policía, Joseph González, mediante un comunicado de prensa conjunto.

“En todo momento las agencias han corroborado que la joven se encuentra en buen estado, protegida y recibiendo los servicios necesarios, conforme a su situación particular”, indicaron los jefes de agencia.

La menor, identificada por las iniciales de M.D.A.R., de 18 años, fue reportada como desaparecida por su madre, Sheila Rodríguez Torres, el 28 de diciembre de 2025, lo que provocó que la Policía activara en el momento la alerta Rosa para dar con su paradero.

Posteriormente, la Policía desactivó la alerta tras confirmar que la joven llegó por cuenta propia a la Comandancia de Aibonito, donde fue entrevistada por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de dicha área y luego dejada en libertad.

Desde entonces, la madre de la menor, a través de su abogado Alfredo López Garay, ha sostenido que desconoce el paradero de su hija. En ese contexto, presentó un recurso legal de habeas corpus, al alegar que la joven estaba siendo retenida por el Estado.

No obstante, el recurso fue denegado por la jueza Paola Morales, del Tribunal de Aibonito. En consecuencia, solo permanece pendiente un recurso de mandamus radicado ante el Tribunal de Apelaciones para que la Policía revele el paradero de la joven.

“En el Departamento de la Familia, en conjunto con el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico, siempre nos hemos mantenido activos y atentos a todo lo relacionado con la seguridad de la joven, cuyo nombre ha surgido en relación a un caso judicial de alto interés público”, indicaron los jefes de agencias.

En las declaraciones conjuntas, dijeron que, desde el inicio, las agencias “han trabajado de forma puntual, articulada y sin contradicciones, manteniéndose activas y atentas a cada aspecto del caso”.

Aclararon que el Departamento de Justicia ofreció asistencia a la joven a través del programa de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos, pero fue declinada por la joven.

Cabe destacar que M.D.A.R. declaró en la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera por la muerte de Pratts Rosario y relató que presenció cómo su media hermana presuntamente apuñaló a la víctima y se levantó llena de sangre, según el testimonio en sala.

“Es importante aclarar que el Departamento de la Familia no tiene la custodia de la joven y que, al presente, no existe alegación o los criterios necesarios que requiera una intervención directa de la agencia”, dijeron los jefes de las citadas agencias.

Finalmente, señalaron que no se trata de un caso de persona desaparecida, por lo tanto tampoco hay intervención de la Policía de Puerto Rico.

En reacción a estas expresiones, López Garay, en representación de la madre de la menor, cursó un requerimiento urgente de información, para que en las próximas 24 horas, el Departamento de la Familia informe donde se encuentra la menor de edad.

A su vez, el licenciado solicitó que se comience una investigación formal, y que, si la mencionada agencia reconoce —directa o indirectamente— que la menor está en un arreglo que constituya cuidado sustituto, o una ubicación fuera del hogar custodio, que se active de inmediato el Plan de Permanencia correspondiente y que se comiencen los esfuerzos razonables para la preservación y/o reunificación familiar, según aplique.

En un comunicado de prensa, el abogado reiteró que, a pesar de las declaraciones del gobierno relacionadas a que la menor se encuentra en buen estado, la madre con custodia y patria potestad no ha podido confirmar su bienestar ni se le ha indicado dónde está o bajo la custodia de quién se encuentra.

“Una madre no puede vivir en incertidumbre sobre el paradero de su hija, y mucho menos cuando el propio Estado se niega a ofrecer la información mínima que la ley exige”, expresó López Garay.

En la carta, el licenciado requirió que, dentro de 24 horas de recibida, el Departamento de la Familia notifique por escrito, como mínimo: la ubicación de la menor (o, si alegan razones de seguridad, que se coordine verificación presencial inmediata con la madre y su representación legal), bajo quién se encuentra, la base legal específica para que no esté con su madre, y la oficina/región, número de caso y funcionario responsable.

Asimismo, solicitó que —salvo que exista una orden judicial que lo prohíba— el Departamento facilite comunicación inmediata entre la madre y la menor y coordine el plan de contacto/visitas correspondiente.

El licenciado también reclamó que, ante el hecho de que la menor no está bajo el cuidado de su madre, el Departamento active una investigación formal para determinar por qué no está con su madre, quién tomó decisiones de ubicación/custodia física, qué evaluaciones se realizaron y qué medidas inmediatas corresponden para proteger su bienestar y garantizar el debido proceso.