(Fotomontaje GFR Media)

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) asignó un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar las actuaciones de varios integrantes del chat de Telegram, incluyendo al pasado gobernador Ricardo Rosselló.

"La encomienda asignada a los fiscales Miguel A. Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz se centrará en las posibles actuaciones ilegales del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, Christian Sobrino Vega, Alfonso Orona Amilivia, Ramón Rosario Cortés, Edwin Miranda Reyes y Elías Sánchez Sifonte", lee el comunicado de prensa emitido esta tarde por el PFEI.

Otros integrantes del controversial chat quedaron exluidos. Estos son: el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín; a los exsecretarios de la Gobernación Raúl Maldonado Gautier y Ricardo Llerandi; y a los excontratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame D'acosta.

Mientras, se ordenó el archivo de las alegaciones contra la exsecretaria de Prensa Yennifer Álvarez Jaimes; la directora de la Oficina de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez; y al exsecretario de Auntos Públicos Anthony Maceira. Según el PFEI, no se encontró base, declaración o referencia sometida por el Departamento de Justicia sobre elementos contitutivos a delitos.

No obstante, se indicó que los fiscales especiales podrían ampliar su investigación "y presentar acusaciones si surge prueba contra estos".

Justicia refirió al PFEI a Rosselló y a 13 de sus colaboradores más cercanos el pasado 10 de enero.

El 13 de julio pasado, se conoció parte del contenido del WRF Chat, que estuvo encabezado por Rosselló. Los miembros de ese grupo de conversación electrónica, que algunos no eran funcionarios públicos, discutían asuntos de política pública y también partidistas.

En las 889 páginas publicadas abundaban las burlas e insultos machistas, homofóbicos y comentarios insensibles sobre sobre distintos asuntos de interés público. Las conversaciones divulgadas fueron hechas entre el 30 de junio de 2018 y enero de 2019.

La decisión de asignar el FEI se tomó a pesar de que el Panel señaló que la investigación preliminar de Justiciatiene deficiencias y destacó que, aunque la agencia entregó 37 cajas de documentos, solo se incluían cinco declaraciones juradas y no en todas ellas se mencionan comisiones de delito por parte de todos los participantes del chat.

Para el PFEI, el récord de Justicia "está huérfano de prueba que involucre -más allá del chat- a varios de sus participantes". Se indicó que tampoco hay prueba que apoye la recomendación de nombramiento de FEI sobre algunos de los delitos que se les atribuyen a quienes se les asignaron hoy fiscales especiales.

La encomienda que tienen Colón Ortiz y Pabón Ortiz es sobre los posibles delitos identificados por el Panel en los documentos sometidos bajo juramento por Justicia.

"Toda la indignación que alcanza lo allí expresado (en el chat) es altamente insuficiente por sí misma para que podamos proceder contra todos los integrantes del chat sin que responsablemente hagamos un ponderado, serio y objetivo análisis de los casos en que apuntan la comisión de delitos penales o violaciones a la Ley de Ética Gubernamental", sostuvo el Panel en su resolución.

El caso no se devolvió a Justicia "porque estaríamos dejando de actuar sobre los funcionarios para los que se incluyó información bajo juramento, ya que esa es una responsabilidad que se nos impone el deber ministerial establecido por Ley".

Los fiscales tienen 90 días para realizar la investigación, incluyendo el procesamiento por cualquier delito cometido.

Tras su renuncia el 2 de agosto de 2019, el exgobernador se mudó al estado de Virginia, en Estados Unidos, donde también residen sus padres, el exgobernador Pedro Rosselló e Irma Margarita Nevares. No obstante, en las pasadas semanas estuvo en trámites para establecerse en el estado de Florida, según fuentes de este diario.

De otra parte, El Nuevo Día corroboró que Sánchez Sifonte convirtió a Miami en su lugar de residencia principal y se instaló en un lujoso condominio residencial. Luego de irse de Puerto Rico, el exasesor renunció a sus participaciones en las firmas World Professional Group (WPG), LLC y Wolf Popper LLP. En el registro de corporaciones del Departamento de Estado, todavía aparece activa la compañía Veritas Consulting, incorporada en 2011

Edwin Miranda Reyes también se mudó a Miami tras cancelar sus contratos en el gobierno y ser suspendido de la Asociación de Agencias Publicitarias de Puerto Rico. Reside en el mismo condominio exclusivo donde ocupa un apartamento Sánchez Sifonte.

En la isla, sus corporaciones se mantienen activas en el Departamento de Estado, pero cerró las oficinas de sus agencias publicitarias KOI Inc., Koi Américas, IXS Digital Media, IXS LLC y KOIIXS LLC.

En el caso de Sobrino, una fuente de El Nuevo Día lo ubica laborando para la industria de la salud, con compañías estadounidenses como clientes.

Mientras, Rosario Cortés mantiene activa la oficina legal Puerto Rico Legal Advisers LLC. También ha prestado servicios a la firma de ajustadores de seguros Scott M. Favre Public Adjusters. Junto a Rosario Cortés, Orona trabajó en representación de la mencionada firma, confirmó la Oficina del Comisionado de Seguros.


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