La ACLU dijo que las dos leyes aprobadas tienen un efecto negativo en el informe de la crisis COVID-19. (AP)

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) representará a dos periodistas que demandaron al gobierno de Puerto Rico por una ley que penaliza la difusión de noticias sobre emergencias que sean consideradas falsas.

La ACLU —siglas en inglés del organismo activista— sostuvo que las dos leyes, aprobadas en 2017 y en abril de 2020, violan la Primera Enmienda y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos e inhiben el reporteo sobre la crisis del coronavirus y otras emergencias, pues dejan vulnerables a los periodistas en caso de que el gobierno dispute sus hallazgos. Las leyes estipulan penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta $5,000.

“Esas leyes sólo sirven para inculcar miedo entre quienes están exigiendo respuestas y un gobierno limpio”, dijo William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, que presentó la demanda ante una corte federal.

Las leyes referidas abarcan sólo noticias sobre emergencias en Puerto Rico y la respuesta que el gobierno les da. La ACLU destacó que, según las leyes mencionadas, el gobierno ni siquiera tiene que demostrar que el reportero sabe que el contenido es falso.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Puerto Rico no respondió de momento a pedidos de comentarios.

La demanda es en nombre de dos periodistas puertorriqueños: Sandra Rodríguez, quien tiene un programa radial y un blog de internet, y Rafelli González, un periodista independiente. Rodríguez es conocida por haber publicado las primeras 11 páginas de un chat privado entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló y otros funcionarios, lo que desató multitudinarias protestas que al final llevaron a Rosselló a renunciar.

González trabajó en artículos sobre el contrato que el gobierno puertorriqueño —tras el impacto del huracán María en 2017— otorgó a Whitefish, una pequeña empresa radicada en Montana. El contrato fue rescindido y el director de la compañía de electricidad de Puerto Rico renunció.

Los dos periodistas se oponen a una cláusula de la ley que tipifica como delito sonar alarma sobre una emergencia inminente o esparcir rumores falsos y a otra cláusula según la cual es un delito transmitir, o permitir a otra persona transmitir, “información falsa” sobre una declaración de emergencia, una declaración de desastre o la imposición de un toque de queda con fines de provocar confusión o pánico.

La demanda sostiene que las leyes de 2017 y 2020 son demasiado vagas, amplias y violan los derechos constitucionales a la libertad de expresión y libertad de prensa. La ACLU denunció que existe el peligro que las leyes sean usadas para silenciar a quienes critiquen al gobierno.

“El peligro obvio... es que las cláusulas impugnadas sean usadas para enjuiciar selectivamente a los que critiquen al gobierno y a sus funcionarios”, escribió la ACLU.

Aparte de eso, los dos periodistas sostuvieron en documentos judiciales que algunas fuentes se han negado a darles información en días recientes, por temor a ser enjuiciados.

Es una preocupación que González también tiene: “Incluso cuando puedo confirmar la existencia de un contrato sospechoso a través de dos fuentes independientes, temo que podríamos ser enjuiciados... porque el gobierno no ha confirmado la existencia del contrato”.


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