En febrero de 2018, el Departamento de Comercio de EE.UU., al que está adscrita la NOAA, declaró un desastre pesquero en la isla debido al impacto de Irma y María. (GFR Media)

El tribunal dio hoy, viernes, tiempo adicional al Departamento de Recursos Naturales yAmbientales (DRNA) para que explique la presunta confidencialidad que cobija a los documentos relacionados con la repartición de fondos federales para la revitalización de la industria pesquera tras los huracanes Irma y María.

En una vista argumentativa sobre la demanda radicada por la Federación de Pescadores de Puerto Rico y Defensores del Mar, la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de San Juan, otorgó dos días laborables al DRNA para que justifique su negativa de entregarles a los pescadores los planes de gastos que ha intercambiado con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA, en inglés).

Transcurrido ese término, la Federación tendrá otros dos días para responder.

En febrero de 2018, el Departamento de Comercio de EE.UU., al que está adscrita la NOAA, declaró un desastre pesquero en la isla debido al impacto de Irma y María. Por ello, el Congreso aprobó $11.4 millones para la recuperación de la industria.

El DRNA elaboró un primer plan de gastos, en el que los pescadores solo recibirían $400,000 en ayuda directa. Ante múltiples críticas de falta de transparencia y participación, el DRNA enmendó su plan y aumentó la ayuda directa a $8 millones.

Debido a que esta segunda propuesta aún es evaluada por la NOAA, el DRNA argumenta que no puede entregarles nada a los pescadores. “Se vio (una) vista argumentativa y se van a presentar escritos adicionales la semana próxima. Puesto que el caso sigue ‘sub judice’, no me es posible comentar mucho más”, se limitó a decir la secretaria del DRNA, Tania Vázquez.

Por su parte, el representante legal de la Federación, Luis José Torres Asencio, indicó que existe jurisprudencia que establece que, una vez se somete un documento ante una agencia federal, está protegido por el derecho constitucional de acceso a la información.

“Es, por lo tanto, una obligación que nos sometan todas las comunicaciones oficiales de Recursos Naturales a la NOAA y viceversa. La misma NOAA ha dicho que, previo a que se entreguen los fondos, tiene que haberse consultado a los pescadores, pero no puede haber una participación efectiva sin el acceso a estos datos”, acotó.


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