Desde mayo pasado, el gobierno anunció la posibilidad de privatizar la Academia de la Policía en una moción sometida en aquel momento ante el tribunal federal. (horizontal-x3)
Desde mayo pasado, el gobierno anunció la posibilidad de privatizar la Academia de la Policía en una moción sometida en aquel momento ante el tribunal federal.(GFR Media)

El juez federal Gustavo Gelpí ordenó hoy al gobierno de Puerto Rico que tiene que informar al Departamento de Justicia de Estados Unidos cualquier plan para privatizar la Academia de la Policía antes de que la decisión sea final.

El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) hasta el momento es la única que ha sonado para administrar la Academia de la Policía.

Desde mayo pasado, el gobierno anunció la posibilidad de privatizar la Academia de la Policía en una moción sometida en aquel momento ante el tribunal federal.

En aquel momento, el gobierno indicó que “actualmente estamos en una fase de recoger información para evaluar la viabilidad de una propuesta no solicitada de una Alianza Público Privada para operar la Academia”.

También reveló en mayo que el gobierno “ha comenzado a recoger información para poder ver si esa propuesta está alineada con los requisitos de operar la Academia antes de decidir si comienza un proceso de RFP (solicitud de propuestas)”.

Desde entonces ha reiterado esa posición cada día 15 de mes, como lo requiere una orden de Gelpí. Hoy lo volvió a informar, en una moción firmada por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

A diferencia de ocasiones anteriores, el juez federal contestó con una orden.

“Es importante que antes de que se haga cualquier decisión final, se le provea información completa al USDOJ (Departamento de Justicia de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) sobre este asunto”, sentenció Gelpí.

Agregó que “también se le permita tiempo suficiente para revisar y considerar lo mismo, para garantizar que la alianza público privada cumpla completamente con la Reforma de la Policía”.

En su orden, Gelpí también lanzó un señalamiento sobre el problema de reclutamiento que ha tenido la Policía.

“El tribunal también toma nota que no ha habido ninguna graduación de la Academia de la Policía por más de dos años, y que la última clase estaba integrada mayormente por graduados municipales”, indicó Gelpí.

Como señaló en mayo, hoy reiteró que Agregó el gobierno “ha comenzado a recoger información para poder ver si esa propuesta está alineada con los requisitos de operar la Academia antes de decidir si comienza un proceso de RFP (solicitud de propuestas)”.

Las mociones del gobierno no indican cuál es la institución. Sin embargo, la orden de Gelpí del 4 de diciembre pasado indica que “el tribunal está al tanto de una propuesta ante el banco de desarrollo del gobierno por la Universidad Ana G. Méndez”.

A principios de este mes, el presidente del SUAGM, José F. Méndez Méndez, confirmó a El Nuevo Día que ya entregaron una propuesta parahacerse cargo, mediante una alianza público privada (APP), del Colegio Universitario de Justicia Criminal, mejor conocido como la Academia de la Policía.

“Lo que se está pensando es que, dentro de nosotros ofrecerles esa fase académica (a los cadetes), podemos correr, en términos de darle mantenimiento, esas facilidades de la Policía. Como parte de la propuesta nuestra, nos hemos comprometido a que hay que hacer unas mejoras en la Academia que ronda unos $10 millones”, indicó Méndez Méndez. Esos arreglos incluirían instalar un nuevo polígono de tiro y una pista de ejercicios, entre otros, añadió.

Asimismo, Méndez señaló que ya firmaron un contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación para, a partir de agosto, hacerse cargo de la educación de oficiales de custodia.

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero, confirmó que se recibió una propuesta no solicitada para “un centro consolidado para adiestramiento en seguridad pública de oficiales del Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Corrección”. Propuesta no solicitada es el término que utiliza el gobierno para identificar los planes para establecer una APP que no surgieron del gobierno, sino de entidades privadas.

“Actualmente, la Autoridad se encuentra desarrollando un estudio de deseabilidad y conveniencia para determinar la viabilidad técnica, financiera y legal del proyecto como una APP+P, el cual se espera concluir en el tercer trimestre de 2018”, expresó Marrero mediante declaraciones escritas.


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