La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, se amparó hoy, lunes, en su “deber ministerial de proteger la confidencialidad de los procesos investigativos”, para no informar sobre adelantos, si alguno, en la evaluación que dijo que haría en relación con el uso de fondos públicos para el pago de alquiler de guaguas de campaña de Ricardo Rosselló Nevares.
“Comentar sobre asuntos que han sido o no sido recibidos para investigación conlleva violentar nuestro deber ministerial de proteger la confidencialidad de los procesos investigativos que se llevan a cabo en representación de nuestro cliente, el Pueblo de Puerto Rico”, afirmó la titular de Justicia en declaraciones a El Nuevo Día. “Por tal razón, el Departamento de Justicia no puede confirmar ni negar los asuntos que se atienden bajo investigación”.
El pasado 12 de diciembre, Longo Quiñones indicó que Justicia evaluaba iniciar una pesquisa en torno a los automóviles que usó el ahora exgobernador Rosselló Nevares en su campaña electoral y que, presuntamente, fueron pagados con fondos públicos asignados a La Fortaleza una vez el funcionario llegó al cargo a inicios de 2017.
“No vamos a comentar sobre referidos, investigaciones, o evaluaciones en curso. Si reafirmamos nuestro compromiso de atender e investigar conforme nuestras obligaciones legales todo asunto referido a nuestra atención”, dijo la secretaria.
El uso de los fondos públicos para el pago e las guaguas fue llevado por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) a la atención de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y es objeto de investigación.
El contralor electoral dispuso, en una determinación emitida el 10 de diciembre, que el comité de campaña de Rosselló Nevares debeia restituir de inmediato al Departamento de Hacienda $525,663.52. De ese dinero, $229,063.30 son por concepto del alquiler de guaguas para la campaña del ex primer ejecutivo, pagado con fondos públicos una vez el ahora exgobernador llegó a La Fortaleza a inicios del 2017.
Además, la OCE le ordenó al comité separar $150,000 de la cuenta que contiene sus recaudos para pagar posibles multas administrativas estimadas.
