Arnaldo Claudio a su llegada al Tribunal. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miembros del Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (Grucorpo) llegaron hoy al Tribunal Federal en Hato Rey para apoyar al exmonitor federal Arnaldo Claudio quien acudió a su citación por supuestamente violar la confidencialidad del pleito que estableció la Reforma de la Policía de Puerto Rico.

"Nos preocupa la acción del Tribunal y de Justicia federal", alertó Modesta Irizarry, activista comunitaria de Loíza donde ocurrieron algunos de los casos de violación de derechos civiles y abuso de fuerza por parte de la Uniformada, los cuales resultaron en el acuerdo de la reforma.

"El Tribunal se está tomando un riesgo bien grande (con la orden de violación de confidencialidad) porque la Reforma es algo público, se están pagando fondos públicos y dan la impresión de que se está amapuchando la corrupción", denunció Irizarry, quien es miembro de Grucorpo.

La activista comunitaria denunció que la Reforma se encuentra "estancada" porque ya no se está actuando al servicio de la sociedad, sino que permea el secretismo. Recordó que aún cuando el exmonitor federal entregó un informe detallado, que evidenciaba abuso de fuerza y violaciones a la cadena de mando durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2017, el juez felicitó a la Uniformada por su labor.

De hecho, la renuncia de Claudio al cargo de monitor federal surgió también en medio de denuncias de él de supuestos conflictos de interés en el proceso de la Reforma y críticas a la contratación del bufete McConnell Valdés como representante legal del gobierno.

Claudio llegó esta mañana al tribunal acompañado por su abogado Giovanni Canino, quien al salir evitó hacer declaraciones públicas por tratarse de una orden sellada.

A su entrada, Canino dijo, sin embargo, que nunca hubo una intención de violar alguna orden del Tribunal. A preguntas de El Nuevo Día, descartó que se trate de alguna represalia en contra de Claudio por sus expresiones públicas.

El Tribunal emitió esta citación días después de que Claudio expresara en una entrevista radial que tenía información sobre una supuesta confabulación entre el gobernador y su gabinete para sacarlo de su puesto, que supuestamente incluía al bufete McConnell Valdés contratado por el gobierno.

Claudio contó en la entrevista radial que recibió información de que el exasesor legal de Ricardo Rosselló, Alfonso Orona, y el exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, citaron dos agentes a La Fortaleza, y les interrogaron sobre su gestión en una presunta búsqueda de información negativa.

Mencionó, además, que acudiría al Departamento de Justicia y a fiscalía federal para entregar la información que había obtenido sobre presuntas actuaciones ilegales.

La portavoz de Kilómetro 0 y miembro de Grucorpo, Mari Mari Narváez, denunció que las expresiones que hiciera Claudio "no puede ser motivo de censura" por parte del Tribunal.

Recordó que el propio chat de Telegram reveló que el gobierno de Ricardo Rosselló pretendía remover a Claudio de su puesto, por entender que sus opiniones le podían perjudicar políticamente en las elecciones de 2020.

"La más mínima disidencia provocaba que estos funcionarios quisieran sacarlo. Eso es indicativo de algo peor", comentó Narváez.

Catalogó como una acción nerviosa de parte de los jueces que se haya emitido una orden para atender una vista por posible violación a la confidencialidad.

Ambas mujeres informaron que el sucesor de Claudio, John Romero, nunca se ha reunido con los grupos comunitarios ni se hizo disponible para dar continuidad a los trabajos de la Reforma de la Policía. "¿Quién se ha ocupado de adentrarse en las comunidades donde ha habido violencia? Les invito a que vayan a las comunidades y le pregunten a la gente si se siente segura", mencionó Irizarry.


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