El presidente de BDO, Fernando Sherrer Caillet; la ex directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila; las contratistas Glenda y Mayra Ponce. (GFR Media) (Teresa Canino )

Las cuatro personas acusadas a nivel federal en Puerto Rico por cargos de corrupción en el Departamento de Educación y en la Administración de Seguros de Salud (ASES) se declararon esta tarde no culpable ante el magistrado federal Bruce J. McGiverin.

El magistrado les concedió salir en libertad bajo fianza durante una vista que se celebró en el Tribunal federal, en Hato Rey. 

Esta mañana, las autoridades federales arrestaron en Puerto Rico a la ex directora ejecutiva de ASES Ángela Ávila y al presidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet. También detuvieron a la contratista Glenda Ponce Mendoza y su hermana, Mayra Ponce Mendoza.

Un gran jurado federal los acusó por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero.

En el caso de Scherrer Caillet, el magiatrado federal le impuso una fianza de $1 millón asegurado, que deberá pagar en efectivo, y una de $1 millón no asegurado, que se puede pagar en activos, por ejemplo, propiedades.

Su fianza fue el único punto de controversia en la audiencia. Su abogado de defensa, Juan Ramón Acevedo, indicó que la conversación con la fiscalía había aludido a $250,000 de fianza. 

“No es un riesgo de fuga”, dijo Acevedo.

“No por que sea una persona acauladada significa que la cantidad tenga que ser tanta”, agregó.

Por su parte, la fiscal federal Marie Christine Amy dijo que estaba de acuerdo con la fianza millonaria porque era la recomendación de la Oficina de Probatoria.

“En este caso se trata de una persona con acceso a riqueza dentro y fuera de Puerto Rico, y se expone a una pena de 20 años, lo que son factores importantes para considerar”, argumentó Amy.

Acevedo insistió en que no se explicaba por qué la una cantidad tan alta “en este tipo de caso. Es inusual”.

Por su parte, el magistrado destacó “la seriedad” de los cargos y que Scherrer sí tiene “acceso a riqueza y recursos en caso de que se fuera a otro país”, por lo que decidió fijar la fianza millonaria que tiene que pagar en siete días.

A la exfuncionaria de ASES, se le impuso una fianza de $5,000 asegurados y una de $20,000 no asegurados. 

De los cuatro, Ávila era la que lucía con el semblante más apesadumbrado. Después de que todos entraran esposados a la sala, se sentaron en el primer banco de la sala. En ocasiones se mantenía mirando al estrado, a veces a los espejuelos y en ocasiones se llevaba las manos al rostro.

A su lado estaba Scherrer. A penas intercambiaron algunas palabras entre sí. 

Scherrer se mostraba un poco impaciente.  A su otro lado estaban las hermanas Ponce Mendoza, a quienes miraba de reojo, pero no hablaron.

A diferencia de Ávila y Scherrer, las hermanas sí hablaron bastante entre sí y por casi diez minutos antes de la vista estuvieron leyendo lo que parecían ser copias del pliego acusatorio.

Por su parte, a las hermanas les impusieron por igual una fianza asegurada de $5,000 y una de $20,000 no asegurada. 

A los cuatro acusados, McGiverin les informó que se exponen a un máximo de 20 años de prisión.

Por la misma acusación fue arrestada esta mañana la exsecretaria de Educación Julia Keleher, pero en Washington D. C.  Mientras, en Connecticut el exsubcontratista del gobierno Alberto Velázquez Piñol 

Keleher salió bajo fianza después de su vista inicial en un tribunal de Washington, D.C.

El magistrado que atendió su caso no fijó una cantidad específica de fianza, sino que le permitió salir bajo su propia firma.

En la vista, se estableció como condición que se entregue voluntariamente a las autoridades federales en Puerto Rico en o antes del 17 de julio.

Salen del tribunal

A eso de las 4:30 p.m., los acusados salieron del Tribunal Federal, en Hato Rey. Ninguno emitió expresiones. 

Sin embargo, cuando a Ávila su abogado, Jason González, dijo que su única expresión iba a ser recordar que en la conferencia de prensa de la Fiscalía federal se indicó que su cliente no se benefició económicamente por lo que se le imputa.


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