La compra de las 100,000 pruebas en controversia se acordó el 24 de marzo. (AP / Lynne Sladky)
La compra de las 100,000 pruebas en controversia se acordó el 24 de marzo. (AP / Lynne Sladky)

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313 LLC, la empresa que vendió 101,500 pruebas serológicas de COVID-19 al Departamento de Salud, presentó una segunda demanda en la que le pide al tribunal que obligue a la agencia a recibir 51,000 pruebas que no ha querido aceptar, a pesar de que ya las pagó, con el pretexto de que la compañía no cumplió con la fecha de entrega.

La primera demanda, presentada el viernes, en la que pedía un interdicto que obligara al Departamento de Salud a recibir las pruebas, fue desestimada por el juez Anthony Cuevas, pero no en sus méritos, sino porque la corte entendió que no procedía el recurso extraordinario solicitado por la compañía.

En esta ocasión, 313 LLC pide una sentencia declaratoria, que es un remedio ordinario, pero en la que pide lo mismo de antes: que se obligue al Departamento de Salud a recibir las 51,000 pruebas, que son poco más de la mitad de un cargamento por el cual el gobierno de Puerto Rico ya pagó $3.6 millones.

Según se desprende de la demanda, y por declaraciones públicas que ha hecho el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, la agencia quiere que se le rebaje el precio de las pruebas, que le fueron vendidas a $36 cada una. Salud no ha precisado públicamente qué precio quiere, ni qué remedio pretende en vista de que el multimillonario importe de las pruebas fue desembolsado en su totalidad desde el 27 de marzo, tres días después de que se alcanzara el acuerdo.

El Nuevo Día ha corroborado endos ocasiones distintas que las pruebas Nova Test que 313 LLC le vendió a Puerto Rico por $45 en un primer encargo de 1,500, y a $36 por las 100,000 unidades que son objeto de esta controversia, se consiguen directamente del fabricante chino AtlasLink por menos de $3. Los portavoces de 313 LLC han evadido múltiples peticiones de El Nuevo Día para que revelen cuánto la empresa pagó por las pruebas.

313 LLC dice que en la orden de compra que firmó con el Departamento de Salud para las 100,000 pruebas no incluía una modificación de precio como posible remedio por no cumplir fecha de entrega. Además, sostiene que no haber podido hacer llegar ninguno de sus cargamentos a Puerto Rico en las fechas acordadas no fue su culpa, sino que se debió a los contratiempos globales en el acarreo de carga que se derivaron de la pandemia COVID-19, por lo cual no se le puede responsabiliza del retraso.

La compra de las 100,000 pruebas en controversia se acordó el 24 de marzo. Según la demanda, la orden de compra daba de cinco a siete días después de recibido el pago para entregar el cargamento, pero la factura producida el mismo día fijó el término en de siete a diez días.

Según las cuentas de 313 LLC, tenía hasta el 6 de abril para hacer entrega del cargamento, pero, debido, según la empresa, a los contratiempos mundiales en el acarreo de carga aérea por la crisis del COVID-19, no pudo hacer entrega de las primeras 49,000 hasta el 13 de abril, con seis días de retraso.

A pesar de esto, dice la demanda, Salud las recibió sin ningún problema. 313 LLC alega también que todo el tiempo estuvo en comunicación con Salud con relación a las dificultades que estaba enfrentando para traer el cargamento a Puerto Rico.

Pero, el 15 de abril, Johnny Colón González, un secretario auxiliar en el Departamento de Salud, le escribió a Ricardo Vázquez, uno de los socios fundadores de 313 LLC y el representante de la empresa ante el gobierno, diciéndole que no iba a recibir lo que restaba del cargamento a menos que no hubiera un ajuste en el precio. Empezó en ese momento un ir y venir de cartas y llamadas que no logró resolver el diferendo y que concluyó con la primera demanda presentada el 1 de mayo.

Las restantes 51,000 pruebas, mientras tanto, llegaron a San Juan el 18 de mayo y estuvieron listas para ser entregadas al Departamento de Salud, según 313 LLC, tres días después, aunque la agencia no las ha recibido.

“La acción pretendida por el Departamento (de Salud) imposibilita que 313 LLC cumpla con su obligación de entregar la totalidad de las pruebas, que ya están disponibles en Puerto Rico, según le fue informado al Departamento y sobre todo habiendo sido pagadas por el gobierno de Puerto Rico, de manera que se finalice la transacción”, dice la demanda, presentada por el abogado Miguel A. Negrón Matta.

313 LLC dice que desde el primercargamento enfrentó retrasos y que el Departamento de Salud nunca se los reprochó. Aunque la empresa entregó el 26  y27 de marzo, dos y tres días después de recibir el primer pago de $67,500, las primeras  900 de la primera compra de 1,500, las restantes 600 las entregó el 13 de abril, con doce días de retraso y la agencia las recibió.

El 5 de abril, El Nuevo Día reveló por primera vez que el gobierno de Puerto Rico estaba comprando pruebas serológicas de coronavirus a empresas sin experiencia en el campo de productos médicos, pero dirigidas por personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP), como es el caso de 313 LLC. A raíz de esa revelación, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) afirmó públicamente que las compras eran nulas porque no le habían sido consultadas y ordenó cancelar los contratos.

313 LLC dice en la demanda que, un día después de la afirmación de la Junta, le pidió por carta al Departamento de Salud que le indicara si su intención era cancelar el contrato, pero la carta nunca fue contestada.