La defensa de Ricardo Luis Navarro Suárez —hermano del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge “Georgie” Navarro Suárez— no descarta la posibilidad de entablar negociaciones con la Fiscalía federal con el objetivo de evitar un juicio, en el caso que lo vincula a un presunto esquema de fraude.

“Depende de lo que aparezca en la prueba, eso vamos a hablarlo con los clientes y ellos entonces deciden si vamos a juicio o buscamos un acuerdo”, dijo el licenciado Jason González Delgado, representante legal de Navarro Suárez y de la corporación RVIP Group Corp, al concluir una vista de estatus en el Tribunal federal.

En este caso -en el que también figura como acusado otro hermano, Edgardo Navarro Suárez, así como el CPA Ramón J. Valentín Montalvo y las corporaciones JCA Development, Inc., JCA Industrial Supply Corp. y JCA Packaging Group, Inc.— la Fiscalía federal ha entregado cuatro paquetes de prueba como parte del proceso previo al juicio.

Al abundar sobre este aspecto, González Delgado indicó a la prensa que “nos acaban de dar más de 9,000 documentos”. Insistió que la Fiscalía federal erró al acusar a su cliente, y que, de momento, el sentir de su representado es “seguir defendiéndonos por algo que entendemos no debió haber pasado”.

Durante la vista de estatus celebrada ante la jueza de distrito Camille L. Vélez Rivé, la Fiscalía federal informó que ha entregado al equipo legal de los acusados cuatro paquetes de prueba y que se necesitaba más tiempo para poder evaluar el mismo. A esos fines, la jueza concedió un plazo de 60 días para la evaluación.

“Es demasiado documento... Son miles y miles de documentos”, añadió González Delgado.

La próxima vista de estatus quedó pautada para el 15 de septiembre, confirmó la jueza en sala.

Un gran jurado emitió el 27 de marzo un pliego acusatorio contra los hermanos Navarro Suárez, sus cuatro empresas y un contador público por perpetrar un esquema de fraude y lavado de dinero mediante el cual se habrían apropiado de más de $2.2 millones en fondos federales de préstamos bajo la Ley CARES.

Todos los acusados se declararon no culpables.

Según la Fiscalía federal, los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, cuando los hermanos Navarro Suárez y Valentín Montalvo emitieron 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de la Administración federal Pequeños Negocios (SBA) y a una institución financiera.

Estos fondos estaban destinados para, entre otras cosas, el pago de nómina y deudas fijas en medio de la emergencia causada por la pandemia de COVID-19.

En el pliego también figuran la empresa RVIP Group Corp., de la cual Ricardo es propietario, y las empresas JCA Development Inc., JCA Packaging Group y JCA Industrial Supply Corp., a nombre de Edgardo., informó William Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, en una conferencia de prensa.

Los acusados -que enfrentan 12 cargos- habrían ofrecido y prometido $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para influenciarlo y recompensarlo en el desembolso de los fondos. En el pliego, se especificó que el alcance del empleado era tal que tenía acceso a los sistemas internos de la institución para así procesar los préstamos y autorizar los desembolsos.

De igual forma, los acusados supuestamente reclutaron a otras personas para obtener los préstamos bajo los programas PPP y EDIL.