La gobernadora Wanda Vázquez Garced.
La defensa de la gobernadora Wanda Vázquez Garced analiza las opciones judiciales que tiene para apelar la determinación del Panel del Fiscal Especial Independiente (Ramón "Tonito" Zayas)

Edgar Vega Pabón, abogado de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, indicó a El Nuevo Día que estudia la disponibilidad de los recursos apelativos a los que puede recurrir ante la determinación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) de desestimar su petición de que se dejara sin efecto la designación de un fiscal especial para investigar a la primera ejecutiva.

“Nosotros entendemos que el FEI es una agencia administrativa que les son de aplicación las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes y que existe el remedio de la revisión judicial y de la reconsideración para cuestionar las decisiones del panel del FEI”, señaló el representante legal de Vázquez Garced.

De otra manera, se trataría de una agencia plenipotenciaria donde sus decisiones no pudieran ser cuestionadas sino hasta el final de los procesos cuando se radique un caso, si es que se radica”, agregó.

En una resolución emitida ayer por la presidenta del panel Nydia Cotto Vives y por el exjuez Rubén Vélez Torres, ese cuerpo declaró no ha lugar la solicitud hecha por Vázquez Garced para que se desestimara la orden de investigar a fondo las acciones que la motivaron a despedir a la ex secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar.

Ese despido ocurrió en momentos en que la titular de la Familia había ordenado una pesquisa sobre la repartición de ayudas a los damnificados por los terremotos ocurridos a principios de este año. Tanto el Departamento de Justicia como el panel cree que existe la posibilidad que la primera ejecutiva hubiese violado el Código Anticorrupción que prohíbe tomar represalias contra funcionarios que investiguen o cooperen con pesquisas relacionadas a posibles irregularidades.

Por otro lado, la resolución del panel hace constar que Vázquez Garced incumplió con la orden que emitió ese ente para que mostrara evidencias sobre el presunto activismo de Vélez Torres en la campaña del ex comisionado residente Pedro Pierluisi, quien al igual que Vázquez Garced, aspira a convertirse en el candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Vega Pabón señaló que cuando sometieron la moción para la desestimación incluyeron los anejos y evidencias que entendieron necesarios para provocar una inhibición de Vélez Torres en asuntos relacionados a Vázquez Garced.

Esos documentos anejados incluyen fotos de la hija adulta de Vélez Torres, Zamira Vélez Ortega, supuestamente vinculadas a la campaña de Pierluisi y una foto que presuntamente muestra que el miembro del panel sigue la página de Pierluisi en Facebook.

El abogado de la gobernadora insistió, además, en la falta de jurisdicción de la Opfei porque el referido del Departamento de Justicia fue firmado y emitido por Denisse Longo cuando ya Vázquez Garced le había pedido la renuncia como secretaria de Justicia.

Debate constitucional

Vega Pabón sostiene que la pesquisa contra la gobernadora tampoco se sostiene porque la constitución le provee la facultad absoluta de nombrar y despedir a sus miembros de gabinete, aun si la razón fuera evitar una investigación.

Tanto Vázquez Garced como su abogado han rechazado que el despido de Andújar haya tenido el propósito de detener una pesquisa administrativa sobre la distribución de ayudas a los afectados por los terremotos.

Glorimar Andújar fue despedida como secretaria de la Familia luego de retirar de sus funciones a la ex directora de la Adsef, Surima Quiñones, ante la imputación en su contra de irregularidades en la repartición de suministro por los terremotos.

“Esto no está decidido, pero yo entiendo que esa disposición del ‘whistleblower’ (denunciante) no le es de aplicación a un gobernador con relación a sus jefes de gabinete. Sin embargo, el récord filtrado, el dichoso informe del Departamento de Justicia, establece que la investigación que la licenciada Andújar procuró hacer se hizo hasta el final”, señaló Vega Pabón a este diario.

Añadió que le parece que “hay un choque entre una disposición constitucional que le faculta al gobernador a escoger y a despedir sus secretarios sin dar explicaciones, frente a una disposición legal del llamado Código Anticorrupción. Yo entiendo que como prevalece las facultades constitucionales, esa ley como tal no le es de aplicación al gobernado con relacione a sus secretarios. No está resuelto, eso es lo que yo argumento”.

El profesor de derecho constitucional Carlos Ramos González anticipó que la pesquisa de la Opfei contra la gobernadora generará planteamientos noveles en asuntos de derecho, incluyendo algunos de índole constitucional.

“Ni la gobernadora ni ningún miembro de la rama ejecutiva va a estar por encima de la ley y cualquier privilegio que levante, tendrá que ser analizado por el contexto de que en Puerto Rico la igualdad ante la ley y la dignidad humana son principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico”, explicó Ramos González.

Según el profesor, los argumentos que se puedan levantar sobre los privilegios de un gobernador “andan sobre esa arena movediza y esos principios rectores” y mucho dependerá de la prueba que se presente.

Ramos González dijo que Vázquez Garced tiene todo el derecho a plantear todas las defensas que entienda necesarias y que eso, a su vez, le ayuda a ganar tiempo frente a las primarias del 9 de agosto y a las elecciones generales en noviembre.

El profesor entiende que uno de los argumentos que se levantará es, precisamente, que no se pueden disminuir las prerrogativas del gobernador en su poder de nombramientos versus un asunto de abuso de poder.

“Es la doctrina de separación de poderes que busca evitar la concentración de poder “, comentó Ramos González.