El Centro de Control y Albergue de Animales Capitán Correa, en Arecibo, y su director ejecutivo, Carlos Negrón Casalduc, enmendó la demanda radicada en el Tribunal de Arecibo para incluir como codemandados a otras ocho organizaciones, directivos e individuos.

El pleito enmendado fue sometido el 22 de mayo, un día después de la radicación de la demanda original por difamación, violación de derechos civiles y allanamiento ilegal en torno a la búsqueda de Jhonny, el perro del exponente urbano Luar la L, que desapareció en Río Grande.

Según el documento provisto a El Nuevo Día, la cifra de demandados aumentó a 12 y ya no se limita al Municipio de Río Grande y su alcalde, Ángel González Damudt; la sargento Yashira Marie Silva Resto, adscrita al Cuartel Municipal de Río Grande; y Juan del Pueblo.

Con la enmienda, ahora forman parte del pleito la organización Pet Friendly PR Corp y su presidenta, Sylvia Bedrosian Heres; la entidad Rabito Kontento, Corp. y su presidenta y vicepresidenta, Mariel Rojas Montijo y Sharon Deliz Vélez, respectivamente.

También, se incluyó a las rescatistas Alma J. Febus Vega, Mary Donate Ramos e Ilia Ivette Del Río Matos por, presuntamente, realizar de manera pública “idénticas expresiones difamatorias contra la parte compareciente”, según detalla la demanda de 14 páginas.

El documento sostiene que el 9 de mayo el empleado identificado como Andrés Castro, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Río Grande, entregó en las facilidades del albergue cuatro perros de 58, 46, 35 y 30 libras, respectivamente.

El documento legal indica que Castro, supuestamente, certificó, en la hoja de entrega de mascotas, que eran “animales del Estado que no tienen guardián (y que) representan (un) problema de seguridad y salud pública”.

“El señor Castro... además certificó que renunciaba a la custodia de los cuatro perros, (y) a cualquier reclamación de dominio sobre estos. Acreditó que no presentaría ninguna acción civil, criminal (y/o) administrativa respecto a los animales. Reconoció que los animales podrían ser eutanizados”, lee la demanda que, además, sostiene que, supuestamente, se relevó al Centro de Control de responsabilidad legal.

El documento legal resalta que los cuatro perros, presuntamente, entregados al Centro de Control y Albergue Capitán Correa “no tenían chapa, tag o marca que permitiera conocer sus dueños a parte de, como se indicó, el empleado del Municipio de Río Grande (que) certificó que le pertenecían al Estado y que ponían en peligro la seguridad y salud pública”.

Los cuatro perros fueron, de acuerdo con el documento, evaluados y se determinó “proceder con una muerte compasiva, según autorizado por el Municipio de Río Grande”.

La demanda añadió que, el 15 de mayo, el Centro “comenzó a recibir amenazas por las redes sociales y llamadas telefónicas relacionadas con un can llamado Jhonny, reclamando su entrega de modo amenazante y continuo, lo que ocasionó que se tuviera que desconectar el teléfono y no poder aceptar citas de nuestros clientes”.

Fue en esa fecha cuando Luar la L, cuyo nombre es Raúl Armando del Valle Robles, lanzó un video por sus redes sociales anunciando la desaparición de su perro y exigiendo respuestas tanto al Municipio de Río Grande como al Municipio de Arecibo sobre el paradero del can.

Añade que el 16 de mayo, a las 8:23 a.m., Resto se presentó al albergue -acompañada de otro oficial municipal sin cita previa y sin coordinación- como parte de una investigación referente a a una amenaza de muerte al director de Manejo de Emergencias de Río Grande, Antonio Rosa.

“El señor Negrón Casalduc le indicó que pasaran a su oficina, que no tenía conocimiento de esa amenaza, pero la ayudaría en lo que pudiera. La sargento le indicó que el director fue amenazado, así como su esposa e hija, que estas amenazas fueron de causarle daño físico y que se encontraba en el tribunal solicitando una orden”, lee la demanda.

Asimismo, el documento detalla que la sargento preguntó que si los cuatro perros estaban, “que si Jhonny estaba en el albergue” y “se le preguntó qué relación tenía la investigación oficial con la pregunta, ya que el municipio fue el que tramitó el recogido o era que había otra querella radicada”.

“Ella informó que estaban juntas en la investigación. Se le indicó que ya era una investigación oficial y, nuevamente, se le explicó que el recogido fue por el Municipio de Río Grande, (y) que si ella tenía la boleta de recogido y la fecha para ayudar en la búsqueda, ya que los perros al llegar al albergue es imposible identificarlos por nombre porque no tienen dueño conocido”, añade la demanda.

La sargento, supuestamente, regresó más tarde el mismo día, junto a los reclamantes y otros funcionarios públicos, para buscar a Jhonny. Posteriormente llegaron los alcaldes de Río Grande y Arecibo, González Damudt y Carlos Ramírez Irizarry, respectivamente, al igual que el comisionado de la Policía Municipal de Arecibo.

La demanda sostiene que Negrón Casalduc atendió a las personas y dio paso a que se investigaran las áreas de Adopción, Cuarentena y Transición en la búsqueda de Jhonny, pero no se pudo localizar.

El 17 de mayo fue cuando el Negociado de la Policía oficialmente llevó a cabo el allanamiento de las facilidades del Centro de Control y Albergue Capitán Correa. El documento resalta que a “instigación del Municipio de Río Grande”, los oficiales de la Policía iniciaron una búsqueda alrededor de las facilidades del albergue, aumentando la desinformación.

“Este allanamiento y la búsqueda alrededor de las facilidades... fue un espectáculo totalmente innecesario promovido por los demandados y dirigido a hacer daño a la parte compareciente, el cual era totalmente innecesario (por)que el Municipio de Río Grande ya había examinado las facilidades en busca del perro y se le había provisto toda la información que la parte compareciente poseía”, denuncian.

La demanda, además, resalta que el presunto testimonio que ofreció Silva Resto, alegando que Jhonny fue entregado al Centro de Control y Albergue Capitán Correa y que esta institución se rehusaba a proveer información o a entregar al perro, son falsas y que se realizaron a fin de acallar a los medios sobre la responsabilidad del municipio de Río Grande.

“Ha sido tal la desinformación provista en los medios que llega al extremo de falsamente alegar que (Negrón Casalduc y el Centro de Control y Albergue Capitán Correa) cobra $500 por (recogido de) perro; que responde por los cadáveres de animales encontrados fuera de sus facilidades; que se lleva legalmente los perros, cuando son los municipios quienes recogen los animales; que no siguen los protocolos de salud; etcétera”, alegan en el documento.

Por ello, la demanda solicita que se ordene a los demandados a corregir sus expresiones públicas y a aclarar sus declaraciones sobre la entrega realizada el 9 de mayo. Además, se destaca que, a consecuencia de los hechos alegados, los demandantes sufrieron daños a su reputación estimados en $300,000.

“El demandante, Carlos Negrón Casalduc, ha sufrido angustias mentales estimadas en $100,000, cada uno, debido a los daños a su reputación y el hostigamiento y amenazas del que son objeto”, agrega el documento, donde se detalla que el albergue, supuestamente, sufrió daños económicos estimados en $700,000 al tener que cerrar sus operaciones.

Por todo lo expuesto, el albergue solicitó al tribunal que dicte sentencia ordenando a las partes a corregir sus expresiones públicas, cesar y desistir de difamar a la parte compareciente e indemnizar a la parte demandante por daños y perjuicios estimados en $1.4 millones.