A poco más de tres años de la acusación inicial, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se declarará culpable este miércoles ante el Tribunal Federal, junto a los coacusados en el caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini.

De esta forma, Vázquez Garced se convierte en la primera exgobernadora de Puerto Rico en declararse culpable por un delito, y su alegación marca un giro significativo en el proceso legal que comenzó en agosto de 2022, cuando la exmandataria fue arrestada.

Inicialmente, los acusados enfrentaban siete cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Además, contra Herrera Velutini también pesaban cargos relacionados con un presunto esquema de soborno distinto.

Sin embargo, como parte de un acuerdo con la Fiscalía federal, que se alcanzó tras una reunión clave en Washington D.C., la acusación contra los tres se redujo a un cargo menos grave por violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés).

Vázquez Garced, quien llegó a la gobernación en el verano del 2019 tras la renuncia de Ricardo Rosselló, admitirá ante la corte haber aceptado promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2020.

Por su parte, los coacusados se declararán culpables de haber hecho dichas ofertas, cuyo valor excede los $2,000. No obstante, aún se desconocen los pormenores del acuerdo de culpabilidad que permitirá a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini evitar ir a juicio.

El Departamento de Justicia federal ha mantenido hermetismo sobre el alcance del acuerdo, pero se espera que todos los detalles se revelen en la vista de alegación de culpabilidad, que inicia a las 2:00 p.m., en la sala 4, ante la jueza de distrito Silvia Carreño Coll.

Este caso comenzó a tomar otro matiz a finales de mayo, cuando las partes -entiéndase, la Fiscalía federal y la representación legal de los acusados- confirmaron que estaban en negociaciones y que sostendrían una importante reunión en Washington.

Posteriormente, las partes anunciaron que el encuentro, al que asistió personal de las altas esferas de Justicia federal, fue “productivo” y que era necesario continuar las conversaciones con el fin de evitar un juicio, cuyo inicio estaba previsto para el pasado lunes, 25 de agosto.

Finalmente, a mediados de junio, la Fiscalía y la defensa de los coacusados presentaron una moción conjunta en la que confirmaban que habían alcanzado un acuerdo y que estos se declararían culpable por un solo cargo, pero no ofrecieron mayores detalles.

Esto llevó a la jueza federal a requerir más información, un pedido que culminó con otra moción en la que se detallaba que el cargo correspondía a la disposición 52 U.S.C. § 30121 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe donaciones de extranjeros en elecciones.

Dentro del Código de los Estados Unidos está incluida la Ley FECA, que prohíbe no solo que personas extranjeras contribuyan, donen o gasten dinero en elecciones estadounidenses, sino también que cualquier persona solicite o acepte tales contribuciones.

Aunque lo acusados buscaban hacer alegación de culpabilidad mediante una videoconferencia y librarse así de tener que asistir presencialmente al Tribunal Federal, la jueza no acogió la petición, obligando a las partes a ofrecer dos fechas tentativas para la audiencia.

En dicha orden, la jueza Carreño Coll no solo rechazó la solicitud de los acusados para comparecer por videoconferencia, sino que también cuestionó el acuerdo de culpabilidad, al señalar que la modificación de los cargos permitiría a los implicados enfrentar penas más leves.

“De manera sorprendente, la pena por violar la Sección 30121 de la Ley FECA es una mera palmadita en la mano en comparación con las sentencias que hubiesen enfrentado de haber sido encontrados culpables mediante el pliego original”, dijo Carreño Coll.

Ante esto, la defensa de Vázquez Garced presentó una moción en la que sostenía que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía federal respondía a la existencia de “nueva evidencia contundente y exculpatoria” compilada tras una investigación y no ante “presiones políticas”.

Además, aludieron a que, durante la reunión en la capital federal, la fiscalía supuestamente admitió que el caso se había caído, una alegación que rechazó el Ministerio Público, quien advirtió que el gobierno de Estados Unidos estaba listo para llevar el caso a juicio, de ser necesario.

Tras esta controversia, la jueza emitió una orden en la cual dejó claro que al Tribunal no le incumbe conocer detalles de las reuniones que el equipo legal de la exgobernadora y Justicia federal efectuaron para pactar el mencionado acuerdo de culpabilidad.

“El Tribunal no encuentra ninguna razón legalmente válida (de carácter procesal o sustantivo) que justifique la presentación de la moción radicada en el expediente número 887”, dijo, en referencia al documento que presentó la defensa de la exgobernadora.

Inicialmente, la teoría de la Fiscalía federal se basaba en que, presuntamente, Vázquez Garced, Herrera Velutini, propietario de Bancrédito; Rossini, consultor profesional; y otras personas no acusadas formalmente participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora supuestamente reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Este cambio de personal supuestamente ocurrió luego de investigaciones de la OCIF sobre posibles violaciones regulatorias por parte de Bancrédito.

Inicialmente, tras ser arrestados, los tres acusados en este caso hicieron alegación de no culpabilidad.

En cambio, se declararon culpables –por separado y cooperan con las autoridades– John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, y Frances Díaz, quien trabajó como ejecutiva en Bancrédito. Blakeman y Díaz son pareja.