El caso contra el presunto contratista de los suegros de la gobernadora Jenniffer González en La Parguera pudiera resolverse antes de llegar a juicio.

Así se desprende de lo discutido durante una vista sobre el procesamiento de Daniel García Martín, que se llevó a cabo el 8 de enero ante el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach.

Según las minutas, la Fiscalía federal indicó que ha entregado a la defensa parte del material de descubrimiento de prueba, pero que todavía faltaban los resultados de “ciertas extracciones”.

“La defensa confirmó haber recibido el descubrimiento presentado e informó que este ha sido discutido con el acusado”, indican las minutas de la audiencia.

La abogada de la Oficina del Defensor Público, Jessica Earl, anunció que preparará un “paquete de mitigación”, y reveló que “las partes tienen la intención de resolver el caso sin necesidad de juicio”.

Sin embargo, el expediente no detalla en qué consistiría la resolución del caso. Por su parte, el juez informó que “el Tribunal consideró que la necesidad del acusado de completar el descubrimiento y llevar a cabo negociaciones de alegación de culpabilidad supera el interés del acusado y de la comunidad a un juicio rápido”.

Arias Marxuach estableció el 7 de febrero como la fecha límite para la entrega del descubrimiento de prueba y el 27 de ese mes para la radicación de cualquier moción con antelación a juicio o de cambio para alegación de culpabilidad.

García Martín, de 67 años, permanece detenido por el resto del proceso judicial por una orden del magistrado federal Marshal D. Morgan.

Su orden de detención llamó la atención porque indicó que García Martín fue arrestado tras ejecutar una orden de allanamiento que surgió de una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”.

Una moción posterior de la Fiscalía federal aseguró que “no hay investigación de cuello blanco (ni cualquier otra investigación) de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”.

No obstante, el lenguaje de la moción de la Fiscalía no descartó que sí exista una pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden de Morgan, después que el origen de la pesquisa sobre la vivienda de los suegros de la gobernadora –José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera– fuera mencionado por la propia defensa de García Martín en la vista de fianza.

García Martín fue arrestado tras un allanamiento en su residencia, donde encontraron armas de fuego y municiones, indicó un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en una declaración jurada, en la que se describe como “responsable de llevar a cabo y/o asistir en investigaciones de corrupción pública, incluyendo cuello blanco y crímenes financieros”.

La denuncia señaló que García Martín cumplió una condena en prisión por un caso de asesinato, por lo que es un delito federal que posea armas o municiones.

Las autoridades federales procesan comúnmente a personas arrestadas por posesión ilegal de armas de fuego, pero no es usual que el Ministerio Público solicite proteger la evidencia que entregará en el descubrimiento de prueba, como ocurrió en el caso de García Martín.

El juez Arias Marxuach concedió una orden solicitada por la Fiscalía para que le permita “presentar ciertas pruebas documentales etiquetando dichos documentos como ‘confidenciales’; limite la reproducción y difusión por parte del acusado de los documentos ‘confidenciales’; y exija la devolución de todos los documentos ‘confidenciales’ al finalizar el caso”.

Por su parte, el abogado de los suegros de la gobernadora, Miguel Torres, ha asegurado que sus clientes no tienen constancia de que exista una pesquisa a nivel federal sobre la residencia que ocupan en el área de La Parguera, en Lajas, aunque sostuvo que, en el pasado, han sido abordados por presuntos oficiales de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

Según Torres, en esos encuentros, los oficiales no han presentado sus identificaciones cuando se les requiere.

“A este servidor, se le ha informado que ha habido unos agentes del gobierno federal tratando de hacer unas investigaciones, pero, cuando hemos tratado de corroborar, no surge que haya una investigación. Alegadamente, han ido unos agentes que se han identificado, por ejemplo, por la EPA, que están haciendo una investigación, (pero) cuando hemos pedido credenciales, no han querido dar credenciales”, planteó el abogado los padres de José Yovín Vargas Llavona, esposo de la primera ejecutiva.