Tres acusados en el caso federal de “La Alianza”, una red de narcotráfico que agrupaba a varias organizaciones criminales del área metro y que salió a relucir tras el asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez en el residencial Sabana Abajo, en 2024, fueron sentenciados.

Eli Y. Couvertier Pollock, alias “Tata”, “Maike” y “Maike Casiano”, fue sentenciado a 15 años de prisión y 10 años de libertad supervisada. Mientras, Joshua E. Bula Cartagena, alias “Inquilino” y “El Corista”, recibió una pena de 10 años de prisión y ocho años de probatoria.

Por su parte, Ángel M. Franqui González, conocido como “Blanquito”, fue sentenciado el 8 de octubre a seis años de prisión y seis años de libertad supervisada, informó este miércoles el jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó.

Según la Fiscalía federal, los tres individuos fueron acusados en diciembre de 2024 por su participación en la red de conspiración que operaba en varios residenciales públicos de Carolina y San Juan. Los tres convictos se declararon culpables este año en fechas distintas.

El caso se remonta al 5 de diciembre de 2024, cuando un gran jurado presentó un pliego contra 56 personas de San Juan, Carolina y áreas cercanas por delitos relacionados con narcotráfico, armas de fuego y asesinato. Según el pliego, desde alrededor de 2021 la organización distribuía grandes cantidades de drogas.

Las autoridades alegaron que distintas organizaciones establecieron una alianza conocida como “La Paz”, mediante la cual acordaron colaborar en sus operaciones y ofrecerse protección, drogas y armas para evitar enfrentamientos entre sus integrantes. La Fiscalía sostuvo que el objetivo era controlar las operaciones de narcotráfico.

Entre los cargos presentados figura el asesinato del sargento de la Policía de Puerto Rico Eliezer Ramos Vélez, ocurrido el día de Viernes Santo, el 29 de marzo de 2024. La acusación señaló a cinco personas por el crimen, entre los que figura el reguetonero Luis N. Isaac Sánchez, conocido como “Chimbo”, “CDobleta” y “Dobleta”.

Además de este caso, como parte de las operaciones del Grupo Especial de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), la Fiscalía federal anunció otras convicciones, incluyendo la de Alejandro Veliz, quien fue sentenciado a 24 meses de prisión y cuatro años de libertad supervisada por conspirar para poseer con intención de distribuir y distribuir más de cinco gramos de metanfetamina.

Por su parte, Melvis Marcano González recibió una pena de 70 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por conspirar para poseer con intención de distribuir 225 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

Asimismo, la Fiscalía federal informó que tres hombres se declararon culpables de varios cargos.

El 6 de octubre, Gregory Vega De Jesús admitió su responsabilidad por el transporte de inmigrantes indocumentados. Según la acusación, enfrentaba cargos por conspirar para introducir personas sin autorización a Estados Unidos a cambio de dinero, ayudar a la entrada al país de una persona con antecedentes por un delito grave agravado y transportar inmigrantes indocumentados dentro del territorio estadounidense.

Vega De Jesús fue arrestado el 22 de julio y deberá comparecer para recibir sentencia el 21 de enero de 2027.

Asimismo, Roberto Crispín Padilla y Ángel Luis Álvarez Torres -presuntos miembros de la narcoganga Las Fuerzas Revolucionarias de Cantera “Las FARC”- se declararon culpables de cargos relacionados con una conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas y la posesión de armas de fuego para facilitar el narcotráfico.

Ambos fueron arrestados el 10 de julio de 2025 y tienen sus vistas de sentencia pautadas para el 20 de enero de 2027.

La Fiscalía federal indicó que estos casos forman parte de la iniciativa del Grupo Especial de Trabajo de Seguridad Nacional, establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159.

La iniciativa reúne a agencias federales, estatales y municipales para investigar y procesar organizaciones criminales transnacionales, carteles, pandillas extranjeras y redes dedicadas al tráfico y contrabando de personas.

Entre las agencias federales participantes en el grupo de San Juan figuran el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Guardia Costera de Estados Unidos.

También participan la Policía de Puerto Rico, los departamentos de Policía Municipal de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce, la Guardia Nacional de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, entre otras entidades.

Según las autoridades federales, el grupo concentra sus esfuerzos en identificar, investigar y procesar delitos vinculados con organizaciones criminales.