El presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta Adámez, alias “el Abusador”, solicitó, mediante moción, acceso a un video que, según su defensa, demostraría que su declaración de culpabilidad del 4 de noviembre de 2022 no fue consciente ni voluntaria.

La moción será discutida el 24 de noviembre, a la 1:30 p.m., en una vista convocada por el juez de distrito federal Pedro A. Delgado Hernández, en la sala 3 de la corte en Hato Rey.

En resumen, el licenciado Edwin Prado Galarza, representante legal de Peralta Adámez, indicó en la moción de 16 páginas y con fecha del 20 de noviembre, que el video debe estar bajo la custodia del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals), pues fue una “interacción fuera del registro”, cuando la audiencia no había comenzado.

Según Prado Galarza, antes de que la secretaria judicial comenzara la transcripción de la vista, el fiscal federal Max J. Pérez Bouret, presuntamente, se acercó al acusado y a su entonces abogado -dentro de la sala-, y sostuvo una interacción privada fuera del registro, que ahora se torna “crucial” para probar sus argumentos.

“Este evento ocurrió mientras la sala estaba ocupada, el abogado y el acusado estaban sentados, y el juez aún no había convocado formalmente el procedimiento ni se había dirigido a las partes. Esta interacción no quedó registrada, no aparece en la transcripción y no pudo ser capturada por el método estenográfico”, afirmó.

El argumento de la defensa es que esta interacción fuera del registro involucró declaraciones o conductas de Pérez Bouret “que influyeron o presionaron” al acusado para proceder con la declaración de culpabilidad, pese a las dudas y objeciones que expresó antes y durante la parte inicial de la audiencia.

La defensa -que busca que el tribunal retire la declaración de culpabilidad- insistió en que la asistencia legal en ese momento fue ineficaz, que la declaración no fue voluntaria, consciente ni inteligente, y que la presión fuera del registro de la Fiscalía contribuyó materialmente en la alegación de culpabilidad.

A esos fines, Prado Galarza indicó que es crucial acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sala que “habrían registrado el acercamiento del fiscal al acusado, el momento y la duración de la interacción fuera de registro, la conducta y el lenguaje corporal de los participantes y, potencialmente, el audio”.

Inicialmente, la defensa del acusado presentó la misma solicitud al tribunal, la cual fue denegada bajo el argumento de que las grabaciones no estaban disponibles. No obstante, Prado Galarza volvió a presentar la petición y precisó en la moción a qué grabaciones se refería específicamente.

“El video de seguridad es claramente favorable. Corrobora la declaración jurada del acusado de que ocurrió una conducta procesal inapropiada fuera del registro, respaldando su alegato de involuntariedad. Es material porque su contenido confirmaría las alegaciones del acusado, modificando el análisis legal, o las refutaría, resolviendo disputas de hecho”, dijo.

En respuesta a la petición de la defensa, el fiscal Antonio L. Pérez Alonso presentó una moción ayer, viernes, en la que no objetó determinar si existe algún material de video, y que, en caso de que exista, que el material sea visualizado con las limitaciones y salvaguardas apropiadas.

“El Ministerio Público estará preparado para discutir las limitaciones y salvaguardas propuestas en la audiencia del 24 de noviembre de 2025. Sin embargo, sería prudente, primero, determinar si el material de video relevante existe, dado que han transcurrido más de tres años”, indicó el fiscal.

La vista de sentencia del acusado fue cancelada hasta nuevo aviso debido, precisamente, a esta controversia por la declaración de culpabilidad.

Peralta Adámez fue acusado por un gran jurado el 28 de noviembre de 2018 bajo cargos de conspiración para importar heroína y cocaína a Estados Unidos. Tras su acusación, fue arrestado en Colombia y luego extraditado a Puerto Rico.

En su declaración de culpabilidad, Peralta Adámez admitió que entre el 2007 y el 2017 conspiró para importar cocaína desde la República Dominicana, Venezuela, Colombia y las Antillas Holandesas a territorio estadounidense. También se declaró culpable por un cargo criminal en un pliego acusatorio que enfrentaba en el Distrito del Sur de Florida que fue transferido a Puerto Rico para propósitos de sentencia.

En aquel momento, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, sostuvo en declaraciones escritas que Peralta Adámez fue el líder de una organización criminal trasnacional con base en la República Dominicana, a la que se le atribuye el transporte de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de Puerto Rico.

“Esta convicción demuestra el compromiso del Departamento de Justicia en interrumpir y desmantelar organizaciones criminales transnacionales”, sostuvo Muldrow. “Continuaremos maximizando nuestros esfuerzos multiagenciales para traer a la justicia aquellos que faltan a nuestras leyes e importan drogas a Puerto Rico y los Estados Unidos continentales”.

Las autoridades confiscaron cuatro propiedades y negocios en República Dominicana que fueron controladas por Peralta Adámez en Santo Domingo: Flow Gallery Lounge, La Koura Club, Aqua Club, Al Panino y Peralta Investment.