El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución fijando un término de 20 días para que la defensa de Mayra Nevárez Torres responda a la apelación que presentó el Departamento de Justicia objetando su sentencia de 15 años en restricción domiciliaria.

Nevárez Torres provocó la muerte de Justin Santos Delanda, hermano de Arcángel, y dejó herido a Keven Monserrate Gandía, en el accidente ocurrido, en 2021, en el puente Teodoro Moscoso, cuando conducía en contra del tránsito y en estado de embriaguez.

Según la resolución de dos páginas, cuya copia obtuvo El Nuevo Día y que tiene fecha del 25 de febrero, los abogados tienen hasta la próxima semana para presentar su respuesta al recurso de apelación que pide que Nevárez Torres sea ingresada a prisión.

Hasta la tarde de este jueves, los abogados Ramón Nevárez Andino y Ramón Nevárez Ortiz, que conforman la representación legal de la convicta, no habían presentado su respuesta al recurso de apelación, confirmó a este medio el Poder Judicial.

De otro lado, el Apelativo solicitó al Tribunal de San Juan que remita el informe presentencia, que fue preparado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y discutido durante la vista de sentencia ante la jueza Wanda Cruz Ayala.

“A la Moción para que se ordene al Tribunal de Primera Instancia elevar el Informe Pre-Sentencia, instada por el peticionario de epígrafe, ha lugar”, dice el documento.

Cabe destacar que, la defensa de la convicta impugnó en enero pasado, ante el Tribunal de San Juan, el informe presentencia, que no establece como alternativa la pena de restricción domiciliaria.

El 31 de enero, la designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, afirmó que la sentencia de 15 años de restricción domiciliaria impuesta a la convicta es “contraria a la ley”.

En una conferencia de prensa, dejó entrever que Cruz Ayala abusó de su discreción al imponer restricción domiciliaria a Nevárez Torres, quien arrojó .29% en la prueba de alcohol en la sangre.

Nevárez Torres impactó de frente, con su guagua Hyundai Tucson, el vehículo todo terreno Can-Am que era conducido por Santos Delanda y en el que Monserrate Gandía viajaba como pasajero, en la madrugada del 21 de noviembre de 2021.

“El pueblo de Puerto Rico debe tener la certeza que vamos a seguir luchando hasta que nosotros consigamos la justicia que Justin y doña Carmen merecen”, dijo Parra Mercado. “La justicia es que se cumpla con lo que dice la ley, que es: que ella cumpla prisión”, agregó.

Posteriormente, el 24 de febrero, la Oficina del Procurador General, adscrita al Departamento de Justicia, anunció que radicó la apelación buscando revertir la sentencia de restricción domiciliaria.

El recurso de apelación, que consta de 40 páginas y que fue analizado por este medio, expuso el dolor por el que atraviesan Carmen Santos e Iris Gandía, madres de Santos Delanda y Monserrate Gandía, respectivamente.

“En la entrevista realizada a la madre del señor Santos Delanda, esta expresó ”indignación" y “frustración” porque de la investigación surge que la recurrida “mató a una persona de la manera más irresponsable y no ha cumplido ni un día en la cárcel”. Desde su perspectiva, todo este proceso ha sido una “falta de respeto” porque, inclusive, ha visto a la recurrida en el estacionamiento riéndose a “carcajadas” con sus abogados", indica el documento.

“Así las cosas, para ella ”ha sido un proceso lastimoso" porque la señora Nevárez Torres “también acabó con su vida”, ya que “el dolor de ella como madre es a diario”. A consecuencia de todo ello, “se le ha deteriorado la salud” porque “su enfermedad es (en) el alma. Por esta razón, ella ”se opone rotundamente a cualquier privilegio", y “confía que la justicia se haga y cumpla la sentencia como es debido en la institución penal”, agrega el recurso legal.

Similarmente, la madre de Monserrate Gandía indicó que, “cada vez que tiene que hablar de los hechos le crea ansiedad” porque ”el accidente fue uno espantoso", en el que “su hijo salió volando y recibió un impacto tan fuerte que le creó unna ”rabdomiólisis", que es la descomposición del tejido muscular.

“Para ella (la madre de Monserrate Gandía), fueron los momentos más difíciles que ha vivido, ya que su hijo estaba irreconocible”, indica el documento. “Durante la hospitalización tuvieron que revivirlo porque le dio un paro. A raíz de ello, ”estuvo 40 días encamado en los que no podría ni moverse de posición", agrega.

Asimismo, se especifica que, “luego, tuvo que ir 11 veces al hospital para que lo rasparan a sangre fría, por lo que su hijo y ella pasaron por unos dolores que no tienen descripción. Si esto fuera poco, su situación económica se deterioró porque no recibieron ninguna ayuda económica, por lo que su hijo está de pie por el milagro de Dios”.

“Por todas esas razones, manifestó que jamás hubiera imaginado que, luego de todo lo escuchado en aquella sala del tribunal, iban a ofrecerle más oportunidades y semejante ocurrencia a la recurrida, refiriéndose a la investigación para restricción domiciliaria y terapéutica. A su entender, la imagen de la señora Nevárez Torres ha sido siempre sin muestras de arrepentimiento, en un proceso en el que no ha tenido humildad hasta el punto de haberla visto riéndose con sus abogados. Por consiguiente, se opone rotundamente a cualquier privilegio”, sostuvo.

De acuerdo a la petición de certiorari, la jueza ignoró el clamor de las familias de las víctimas y erró en derecho al imponerle a la convicta una pena de restricción domiciliaria cuando el Artículo 7.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito “solo contempla la pena de cárcel”.

“En la alternativa, el Tribunal de Primera Instancia erró en derecho al imponer a la recurrida una pena bajo la modalidad de restricción domiciliaria, cuando el número de años de la pena del Artículo 7.06 excluye dicha modalidad conforme a los requisitos del Artículo 50 del Código Penal y los delitos cometidos por la recurrida son de responsabilidad absoluta”, lee la petición.

Incluso, la Oficina del Procurador General expuso que el tribunal “abusó de su discreción al imponerle a la recurrida cumplir su pena en restricción domiciliaria, ignorando arbitrariamente la recomendación del informe pre sentencia” del DCR.