El equipo legal del exponente de música urbana Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, deberá presentar pruebas concretas que respalden las alegaciones sobre un presunto esquema que, según señalan, habría provocado el desvío de millones de dólares en regalías de las canciones del artista.

La jueza de distrito Gina R. Méndez Miró, del Tribunal federal, emitió el lunes una orden requiriendo a los abogados del artista que presenten una declaración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) que sustente detalladamente todas las alegaciones.

La orden surgió en respuesta a una moción que presentaron en conjunto los demandados en el caso, entre los que destacan la exesposa del artista Mireddys González Castellanos; el productor y exmanejador del reguetonero, Rafael “Raphy” Pina Nieves; así como el abogado Edwin Prado Galarza.

Según la orden, que consta de cinco páginas, la declaración RICO debe presentarse —y notificarse a los demandados— en un formato específico, a mas tardar el 23 de enero de 2026. La declaración será tratada como una extensión de la demanda que presentaron los abogados del artista el pasado 29 de noviembre.

“La declaración RICO deberá incluir los hechos en los que los demandantes se basan para sostener la reclamación (bajo la Ley) RICO como resultado de la ”investigación razonable" requerida por la Regla 11 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil", indicó Méndez Miró, en la orden en poder de El Nuevo Día.

En primer lugar, la declaración debe especificar si la conducta ilícita infringe alguna de las secciones 1962(a), (b), (c) o (d) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que forman parte de la Ley RICO. Además, si se alegan violaciones a más de una sección, cada una debe presentarse de forma independiente.

El documento también debe identificar a cada uno de los demandados y describir la conducta ilegal que se le atribuye; detallar todas las víctimas y explicar cómo resultaron perjudicadas; y describir de manera detallada el supuesto esquema ilegal, incluyendo fechas, participantes y lugares de los actos.

Asimismo, la declaración debe precisar si los actos ilegales están vinculados a alguna empresa en particular como parte de un plan común y, de ser así, describirlo detalladamente; indicar si dicha conducta constituye un delito federal; y explicar qué beneficios obtuvo la empresa señalada dentro del esquema.

Finalmente, la declaración debe incluir quiénes recibieron los ingresos derivados del presunto esquema sobre las regalías y cómo se utilizaron dichos fondos; detallar los daños sufridos; y explicar la relación entre el daño alegado y la presunta violación al estatuto federal, entre otros aspectos requeridos.

“Una vez presentada la Declaración RICO, todos los demandados deberán presentar su alegato responsivo dentro de treinta días”, dictó la jueza.

De forma concreta, los demandados en el caso -González Castellanos, Pina Nieves, Prado Galarza, Andrés Coll Fernández y otras seis empresas- solicitaron con éxito que se ordenara a la parte demandante que presentara, dentro de un plazo de 20 días, la citada declaración bajo la Ley RICO.

En respuesta a la voluminosa demanda, los demandados, además, solicitaron que se suspendiera la obligación de contestar o hacer algún tipo de alegación hasta 30 días después de dicha presentación, y que se les concediera cualquier otro remedio que la corte estimara justo y apropiado en este notorio caso.

“Los demandantes han presentado una demanda extraordinariamente extensa —107 páginas, 163 párrafos numerados y cuatro causas de acción independientes— alegando un supuesto esquema de una década que involucra múltiples actores, transacciones editoriales, registros de derechos de autor, negociaciones en la industria del entretenimiento, disputas personales, alegada intimidación y una amalgama de desacuerdos comerciales", dice la moción presentada.

En la moción conjunta, los demandados señalaron que la demanda incluye alegaciones bajo la Ley RICO que carecen de muchos fundamentos. Recordaron que el Primer Circuito en Boston ha sostenido reiteradamente que un demandante no puede limitarse a alegar un esquema bajo la Ley RICO con hechos generales.

Citando casos previos donde ya hay sentencias dictadas en la esfera federal, los demandados recordaron, entre otras cosas, que el propósito de una declaración bajo la Ley RICO es complementar una demanda vaga con detalles adicionales, no presentar nuevos argumentos o teorías del caso por primera vez.

“Dada la extensión, complejidad y falta de especificidad de la demanda, los demandados respetuosamente sostienen que debe ordenarse la presentación de una Declaración del Caso RICO antes de requerir cualquier alegación responsiva”, indica la moción presentada.

Además, dijeron que las alegaciones abarcan docenas de actos supuestamente ocurridos durante casi una década, pero no especifican cuáles de esos actos constituyen presunta actividad de extorsión, cuáles son las comunicaciones implicadas ni cómo cada supuesta tergiversación habría causado un daño compensable.

“Muchos de los actos predicados alegados suenan en fraude y, por lo tanto, requieren la especificidad exigida por la Regla 9(b). Los demandantes deben alegar con particularidad un esquema para defraudar, la participación consciente del demandado y el uso del correo o de comunicaciones interestatales. Los Demandantes no cumplen con este estándar”, lee la moción.

Asimismo, aseguraron que los demandantes confundieron múltiples tipos de disputas —comerciales, corporativas, relacionales, artísticas y contractuales— sin aclarar cuáles hechos corresponden a cuáles actividades de crimen organizado alegadas.

“La jurisdicción federal en este caso depende enteramente de la viabilidad de la reclamación RICO. Sin una reclamación RICO debidamente alegada, la demanda solo plantea causas de acción bajo la ley de Puerto Rico. Por lo tanto, la Declaración del Caso RICO es necesaria para que el Tribunal evalúe su jurisdicción”, señalaron los demandados.

A finales de noviembre pasado, los abogados del llamado “Big Boss” presentaron una demanda en el Tribunal federal en la que sostienen que diversas personas y entidades ejecutaron un esquema que desvió millones de dólares en regalías de las canciones del intérprete de éxitos como “Gasolina” y “Dura”.

La demanda, que solicita una indemnización de $3 millones y un juicio por jurado bajo la Ley RICO, señaló a Pina Nieves como el presunto arquitecto de un esquema que corrió desde el 2004 hasta febrero de 2025 mediante el cual, con la ayuda de terceros como González Castellanos, se insertó en documentación oficial de autoría en múltiples canciones de Ayala Rodríguez con el propósito de desviar y recibir regalías y para tener derechos de autor y/o de publicación.

“Utilizando sus autoproclamados roles como manejador, representante y director de sello artístico (en referencia a Pina Nieves), ejerció control de las finanzas de artistas y utilizó tácticas de intimidación y manipulación emocional para forzar la lealtad y silenciar la disidencia”, enfatizaron los abogados en el escrito.

Ayala Rodríguez y la empresa Los Cangris, Inc., también nombraron en la demanda a Los Magnifikos, Inc., World Music Latino Corporation, Pina Records, Prendi Publishing Trust, Gasolina Publishing Co., Mafer Music Publishing, Inc., y a dos personas solo identificadas como John y Jane Doe.

Según los abogados de Ayala Rodríguez, Pina Nieves, con la colaboración de González Castellanos, Prado Galarza y las empresas/corporaciones antes mencionadas, llevó a cabo el esquema que desvió regalías a través de varios estados y comercios extranjeros, y que disminuyó las ganancias que los verdaderos autores debían recibir.

En respuesta a la demanda, el licenciado Roberto Sueiro, abogado de González Castellanos, catalogó la demanda como una “fabricación” y “fantasía”. “Esto es un acto de desesperación porque se le está cerrando el cerco a Daddy Yankee y va a tener que estar dividiendo como tiene que dividir”, expresó.

“Todas las demandas y ataques, el asesinato de la reputación y honra de Mireddys, todo se debe a que Daddy Yankee sabe que en algún momento va a tener que dividir el 50% de lo que generó durante el matrimonio con Mireddys”, agregó, en declaraciones a El Nuevo Día. “Esto es otra estratagema más para tratar de influenciar eso, y para ponerle presión a Mireddys para que acepte menos dinero”.

Por su parte, Pina Nieves compartió una publicación en sus redes sociales reaccionando a la demanda.

“No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad. Yo no juego a destruir lo que construí, ni necesito inventar historias para justificar mis decisiones. Daddy Yankee la leyenda siempre tendrá nuestro respeto. Ese hombre abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar. Pero, Ramón Ayala es otra historia… la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos. Dice exactamente quién fui en su carrera, productor, socio, manejador, estratega, amigo…Y por eso sorprende que hoy usen discursos espirituales para justificar actos que no reflejan a un hombre que dice caminar de la mano con Dios. Porque el que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a FAMILIAS que nunca le han fallado", destacó en una publicación a través de su cuenta en Instagram.