A días de ser excarcelado, un hombre convicto por agresión sexual fue ingresado nuevamente a prisión por otra denuncia en su contra: una mujer lo acusa de secuestrarla y agredirla con las manos en Villalba.

La vista de Regla 6 en contra de José Francisco Colón Rosario, alias “el Lobo”, de 54 años y vecino de Villalba, se celebró en la noche del martes ante el juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce.

El togado examinó la prueba presentada por los fiscales Guillermo Figueroa y Natalia Zambrana, y le impuso una fianza de $300,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido el sábado, 7 de junio, un día después de que el hombre quedara en libertad, tras cumplir 15 años por un caso de agresión sexual en la Institución Guayama 500.

La pesquisa arrojó que, a eso de las 10:00 a.m., mientras la víctima se encontraba haciendo ejercicios, específicamente corriendo por la PR-514, cerca del Complejo Deportivo de Villalba, el imputado presuntamente se le acercó y la agarró por los hombros.

Acto seguido, “utilizando la fuerza”, el imputado “comenzó a llevársela a un área boscosa, donde la agredió con sus manos y le decía que se iría con él, que se callara, porque si no la iba a matar con un cuchillo”, según el reporte preliminar de la Policía.

Durante el suceso, una persona que pasaba por el lugar en un vehículo, logró escuchar los gritos de la perjudicada y procedió a socorrerla. Mientras, el individuo se fue corriendo y se internó en un área boscosa. Posteriormente, fue arrestado.

Como parte de la pesquisa de los agentes José Pérez Montes de la División de Homicidios y Wanda Almodóvar de la División de Delitos Sexuales, la víctima identificó al agresor en una rueda de confrontación fotográfica.

Por estos hechos, Colón Rosario enfrenta cargos por secuestro, tentativa de agresión sexual, amenaza menos grave, agresión sexual menos grave y portación y uso de armas blancas, tipificado en la Ley de Armas.

La vista preliminar quedó pautada para el 24 de junio.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, explicó que el convicto fue sentenciado en el 2007 a 15 años de prisión por el delito de agresión sexual, tras declararse culpable luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Añadió que, como parte del plan, seis meses antes se hace un cómputo para establecer cuál es la fecha exacta de salida. En el caso de Colón Rosario, el cómputo establecido fijó en el pasado viernes, 6 de junio de 2025, su fecha de excarcelación.

Quiñones Rivera agregó que mientras el convicto cumplía su sentencia en la Institución Guayama 500, se benefició de una cantidad de servicios, los cuales no quiso enumerar porque “pudieran dar indicios de qué tipo de situación particular él tenía”, pero afirmó que eran “servicios multidisciplinarios”, entre otras acciones.

“Finalmente, se hace el plan de salida, se hace una entrevista con él, se hacen unas indagaciones, que tienen que ver con su situación social. Él no reporta información alguna sobre familiares, como números de teléfonos, direcciones. Sí reporta que, lamentablemente, su señora madre, que indica que era su apoyo, había fallecido”, sostuvo el secretario.

Dijo que, debido a esas circunstancias, el DCR tomó la decisión de trasladar a Colón Rosario de Guayama a Ponce, ya que quedaba más cerca del municipio de Villalba, que era su lugar de residencia, un dato que, según mencionó, constaba en la sentencia.

“Como se nos informa que ningún familiar lo va a recoger, pues se decide activar un servicio especial que, no es la norma, pero se hizo en este caso: de trasladarlo por nuestros oficiales en una unidad hasta el pueblo de Villalba, donde él vive. Siempre usamos de referencia el cuartel de la Policía estatal o municipal por ser el lugar más seguro y, cuando los compañeros llegan al cuartel, este solicita que no lo dejen frente al cuartel, que lo dejen en la plaza pública”, comentó el titular del DCR.

“Allí, habiendo cumplido su sentencia, no debiéndole nada al DCR, se despiden de él y se marchan”, abundó Quiñones Rivera, quien aseguró que el convicto no fue abandonado por la agencia en la plaza pública de Villalba, sino que se le dio un “servicio especial”.

En defensa de los empleados del DCR que atendieron este caso, el secretario afirmó que, incluso, al convicto se le ofrecieron programas de vivienda, los cuales rechazó. También dijo que en ningún momento hubo indicios que pudieran alertar a la agencia de que el hombre no estaba completamente rehabilitado.

“La información que tengo (es) que él había hecho un buen ajuste, que tomaba los servicios que se le estaban ofreciendo y las demás indicaciones conforme a su situación particular. Así que la situación de él no nos daba otra opción que era excarcelarlo como mandaba la sentencia. Él salió cumplido”, sostuvo.

Asimismo, rechazó que este caso tenga algún tipo de similitud con el caso del convicto Hermes Ávila Vázquez, que salió bajo un proceso irregular en el DCR y acabó con la vida de Ivette Joan Meléndez Vega, en el municipio de Manatí, en abril del 2023.

“En lo absoluto. Esto no se trata de un programa de Ley 25 ni de ningún programa del DCR. Esto se trata de que esta persona cumplió la sentencia conforme fue acordado. Surge de la sentencia que en el 2007 aquí hubo un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa para eliminar la reincidencia en unos delitos anteriores, delitos graves de la naturaleza que fueran. Se eliminó y, de esa manera, él hizo alegación de culpabilidad y fue sentenciado al tribunal conforme a las penas establecidas”, mencionó Quiñones Rivera.

Del mismo modo, insistió en que el convicto se excarceló el día que correspondía y que en ningún momento recibieron comentarios de parte de familiares que levantaran bandera. Este martes, sin embargo, la hermana del convicto dijo a Telenoticias que temía por su seguridad y que dormía en su residencia con un machete.

“Aquí se le informa a las víctimas conforme al protocolo y yo tengo las certificaciones de la persona que notificó y de las gestiones que se hicieron. Así que, conforme a la ley, se notifica a las víctimas y, conforme a la sentencia, se excarceló. Si alguna persona tenía alguna situación particular, pues pienso que debía dar la voz de la Policía o al Departamento de Justicia si se trata de una víctima o testigo porque hay unos programas para ellos, pero Corrección cumplió con excarcelar la persona el día que correspondía”, puntualizó.